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Un voto por la salud

El lucrativo negocio de los concursos a través de llamadas telefónicas está a punto de ser gravado con impuestos de juegos de suerte y azar. Los promotores de la idea en el Congreso dicen que con la medida se podrían recaudar unos 40.000 millones de pesos para la salud.

27 de junio de 2006

Cada vez es más común que los programas de radio y televisión acudan a los ciudadanos para que -mediante su voto por teléfono- decidan el final de las telenovelas, el ganador de un reality, adivinen el resultado de un partido de fútbol, le anoten un gol en una cancha interactiva a los presentadores o participen en cualquier otro concurso.

Se trata de un lucrativo negocio que oficialmente se conoce como “llamadas premium” y que durante 2005 movió 20.000 millones de pesos, según las empresas de telefonía celular.

Lo que no saben los colombianos es que este tipo de concursos no paga impuestos por concepto de juegos de suerte y azar ya que no están catalogados como tales en la legislación. Dado que son una aplicación reciente de la tecnología de las telecomunicaciones a la publicidad y que sólo desde 2003 incursionaron con fuerza en el mercado, los mensajes premium apenas están en proceso de reglamentación en la Cámara de Representantes con un proyecto de ley del representante Óscar Darío Pérez.

“Estos concursos a través de llamadas telefónicas se vienen escondiendo de mostrarse al público como lo que son: unos juegos de suerte y azar, cuya explotación debe generar unos recursos para la salud, los cuales hoy se están evadiendo, o mejor, eludiendo”, dijo el congresista conservador.

Según Pérez, si se obligara a los juegos interactivos a pagar un impuesto como el que tienen que tributar las loterías, los juegos de chance y los electrónicos (como Baloto y los bingos), los recursos para la salud se incrementarían en unos 40 mil millones de pesos. “He tenido informaciones según las cuales en algunos concursos con partidos de fútbol de la selección Colombia, durante la eliminatoria para el mundial de Alemania, hubo mas de 250.000 llamadas”, señaló el congresista. Si a esas llamadas se les hubiera cobrado impuesto como juegos de suerte y azar, el Estado tendría 198 pesos por cada una, es decir 49.5 millones de pesos.

Directivas del Canal RCN señalaron que en 2005 esa empresa recibió 2.4 millones de llamadas para elegir al ganador del reality Factor X, a razón de $1.650 más IVA por cada mensaje recibido. Con el pago de impuestos de suerte y azar (que está en el 12% para los explotadores de los demás juegos) el Estado habría recibido 475.2 millones de pesos en recursos para la salud por dichas llamadas.

Como están repartidas las cargas, las ganancias del negocio de los concursos por teléfono se reparten entre el medio de comunicación (40%), los operadores de celular (40%) y unos nuevos empresarios conocidos como “integradores”, a quienes les corresponde el 20% restante.

El medio de comunicación (radial o televisivo) hace el programa y se encarga de difundirlo para que haya más clientes potenciales. Las operadoras de celular aportan la red, la facturación, el recaudo y el pago del impuesto por el uso del espectro. Y los integradores diseñan programas para que cada concurso tenga una línea telefónica a la cual se pueden comunicar los participantes sin importar desde qué operador fijo o celular hagan la llamada. Las operadoras de celular sólo pueden garantizar el control sobre las llamadas procedentes desde líneas telefónicas pertenecientes a su respectiva red. El integrador no tiene esas restricciones.

Se calcula que en el mercado hay más de 100 empresas de “integradores” abriéndose espacio en los mercados de difusión de marcas, programas de entretenimiento y servicios astrales. Otra garantía de que el negocio está en pleno proceso de expansión es el incremento de la telefonía celular entre los colombianos. Según el Ministerio de Comunicaciones, el país pasó de tener 2 millones de móviles en el 2000 a 23 millones en 2005.
 
Como es lógico, el proyecto para que paguen impuestos de suerte y azar no tiene el futuro asegurado en el Congreso, pues no hay consenso sobre el tema entre las bancadas políticas. Eso significa que mientras el negocio sube como espuma, los recursos para la salud continúan en veremos.