Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/04/25 00:00

Una semana candente

A pesar de los intentos del gobierno por frenar el daño de los escándalos de parapolítica, Corte y Fiscalía se afianzaron en su legitimidad y tomaron decisiones difíciles como la captura de Mario Uribe, compañero político del Presidente durante muchos años.

Una semana candente

En los últimos días el gobierno ha tenido que sortear la amenaza de desestabilización más fuerte que haya tenido. Los escándalos por la parapolítica tocaron las fibras más cercanas a Palacio y se escuchan voces que piden preservar la firmeza institucional y otras que invocan una renovación radical.

Los medios de comunicación volvieron a poner en primer plano los problemas por los que atravesaba el Congreso, debido al aumento del número de congresistas involucrados a las investigaciones por parapolítica –ya van 67 investigados, de los cuales 31 están en la cárcel-. Hoy no parece exagerada la denuncia que hicieran en el pasado los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, de que el 35 por ciento del Congreso fue puesto por las autodefensas.
La semana pasada, mientras se debatía la reforma política en la Comisión primera de la Cámara, comenzó con la noticia de que la Corte Suprema había abierto investigación a la representante Myriam Paredes, quien junto a otros cuatro representantes tuvo que declararse impedida para votar el proyecto por encontrarse en un conflicto de intereses.

No había pasado un día, cuando se supo que Carlos García, el presidente del Partido de la U (que está promoviendo un referendo que permita la reelección del actual mandatario), era llamado por la Corte a explicar unas supuestas reuniones que tuvo con jefes paramilitares en el Tolima.

A la vinculación de la investigación de García, se sumó el anuncio de que la Corte abrió investigación previa para aclarar la presunta vinculación de la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, con paramilitares de Cundinamarca. Quien la salpicó, fue la ex congresista Rocío Arias –quien aceptó los cargos por vínculos con paramilitarismo y espera fallo condenatorio de la Fiscalía-. Es incierto si las declaraciones de Arias pueden tener una base de verdad, puesto que sus relaciones fueron con paramilitares del Bloque Central Bolívar, y no se sabe cómo pudo conocer de supuestos vínculos de políticos con los jefes paras de Cundinamarca.

Preocupado seguramente por la ola de denuncias y decisiones judiciales, el Presidente había dicho horas antes: “mi llamado es a no abrirle las puertas a las tentaciones de la inestabilidad institucional”. En el directo mensaje a la rama judicial pidió “objetividad total” para las investigaciones.

Su Ministro del Interior, Carlos Holguín, fue más allá en sus mensajes a la Corte y en entrevista con El Tiempo dijo que quería hablar con la Corte para “que se fortalezca en el cumplimiento de su deber”, y agregó “tenemos reservas sobre los elementos con que se han abierto investigaciones o se ha privado de la libertad a personas”.

La semana pasada no había terminado cuando el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, volvió a ventilar información sobre el alcance de los paras en la política e instituciones del gobierno. Señaló que varios de los ministerios habían sido penetrados por el grupo ilegal en aras del desarrollo de la actividad mafiosa (tráfico de armas, narcotráfico y recaudo de rentas del Estado). Entre otros funcionarios, en sus declaraciones mencionó a la ex ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez, a quien el Presidente salió a defender diciendo que era una mujer impoluta.

El nivel de preocupación ha aumentado tanto que en las preguntas más frecuentes son: a quién llamaron a investigación, a quien mencionaron los testigos o a quién echaron a la cárcel. Mientras tanto, el gobierno salta matones para tratar de controlar el daño que puede causar la crisis que no sin argumentos, Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), calificó como la más grave de la historia: "Es que los que están presos no son simples líderes regionales, son los presidentes de los partidos oficialistas, la coalición de gobierno está en la cárcel, la crisis es la más grave en la historia de Colombia'', dijo en entrevista con El Nuevo Herald.

El domingo, los asesores de Palacio, jefes de los partidos del gobierno y el presidente Uribe se reunieron para buscar la fórmula que permita salvar el proyecto de Reforma Política, que corre el riesgo de hundirse en la Comisión Primera del Senado. En la noche el propio Presidente leyó los acuerdos a los que llegaron: una reforma que sanciona a los partidos dictaminando que pierden su curul, cuando sus miembros involucrados resulten condenados. La fórmula de acuerdo, dicen las organizaciones civiles que han participado en su discusión y congresistas opositores, es demasiado débil y proponen más bien que se deje la silla del Congreso vacía, en forma temporal, cuando los involucrados resulten con medida de aseguramiento.

En la reunión de Uribe con los integrantes de la coalición del gobierno surgió la propuesta de crear una comisión de “reajuste institucional”. Dentro de las iniciativas que se contemplaron, fue la de crear un nuevo tribunal con facultades para juzgar al presidente, congresistas y magistrados aduciendo vacíos en la ley para su juzgamiento. El presidente del partido liberal, César Gaviria, calificó la iniciativa como “delirante y el camino a la inconstitucionalidad porque se lanza por la borda las instituciones que tenemos”. Luego se dijo que la idea no fue más que un comentario pasajero y no se estaba considerando en serio.

Ese mismo día, Noticias Uno emitió una entrevista a la ex congresista Yidis Medina, hecha en 2004, en la que ella reveló que el gobierno le había ofrecido beneficios a cambio de su voto a favor del proyecto de reelección. Que el gobierno negocie la aprobación o desaprobación de proyectos no es nuevo en el Congreso. Lo grave es que el voto de Yidis significó la aprobación de un proyecto en el que el Presidente fue el primer beneficiado. La Casa de Nariño negó que hubiera hecho estas ofertas indebidas.

Pero un escándalo puede ser superado por otro en cuestión de horas. Al otro día, el senador Ricardo Elcure se entregó a la Fiscalía luego de que la Corte le dictara medida de aseguramiento por que presuntamente recibió dinero para su campaña del paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’. El senador ocupaba la curul en reemplazo de Mario Uribe, primo del Presidente, quien había renunciado a su fuero en octubre del año pasado y cuya investigación pasó de la Corte a la Fiscalía.

La noticia fue un mensaje a la Fiscalía que sigue el caso del ex senador Uribe.

Luego empezaron a correr rumores de un presunto soborno que habrían recibido los magistrados de la Corte por parte de un paramilitar para comprarles su voto favorable a favor de la elección del actual Fiscal Mario Iguarán. Algunos medios se refirieron al chisme, lo que por supuesto, despertó la reacción airada de las altas cortes y el Fiscal, denunciando el hecho como un intento de socavar su legitimidad en momentos en que están tomando decisiones difíciles frente a la parapolítica.

La Fiscalía reafirmó su independencia no sólo con declaraciones sino con hechos y el martes 22 dictó una orden de aseguramiento en contra del primo del Presidente y su compañero de gestas políticas. En una movida que muchos consideraron inexplicablemente torpe, Mario Uribe buscó asilo político en la embajada de Costa Rica por considerar que no tenía las garantías para ser juzgado con imparcialidad en Colombia. Incluso editorialistas afines al gobierno criticaron severamente su actitud. El asilo le fue negado en cuestión de horas y el ex senador fue detenido. El costo político para el gobierno fue alto pues se trataba de alguien muy cercano; es difícil no leer el incidente, sobre todo desde el exterior, como un intento de evasión de la justicia.

Pero la semana de sobre saltos no paró ahí. Y el miércoles el mismo Presidente salió a denunciar la falsedad del testimonio de un testigo que había asegurado a fiscales de derechos humanos que él, cuando era gobernador Uribe Vélez había estado involucrado en una reunión con paramilitares que después salieron a hacer una masacre. Ni la justicia, ni los medios le habían dado credibilidad al testigo y tampoco se entendió para qué el primer mandatario salió a airearla en público. Tal vez quiso salirle al paso de un potencial escándalo que nunca fue.

Los intentos para desprestigiar a la justicia continuaron. En entrevista con RCN televisión, Mancuso sin vacilaciones dijo que los tentáculos de las autodefensas habían tocado todas las instituciones del Estado, incluyendo las altas cortes y la Fiscalía.
 
Y para terminar la jornada de sobresaltos, al caer la noche del viernes, la Corte Suprema ordenó el arresto de la ex congresista Yidis Medina, debido a la entrevista publicada al comienzo de la semana. La Corte decidió escucharla e investigarla por el posible delito de cohecho. También podría vincular a la investigación al embajador Sabas Pretelt, al actual ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al Fiscal, Mario Iguarán, por su participación en los ofrecimientos que le hicieron a Medina para que votara a favor de la reelección.

La agitada semana deja varias conclusiones. La primera, que si el gobierno con sus mensajes quiso frenar medidas judiciales que podrían afectar a connotados uribistas por investigaciones de parapolítica, consiguió resultados más bien contraproducentes. Un ejemplo de ello fue que el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, dijo hace casi un mes que Mario Uribe había logrado desvirtuar los cargos que la Fiscalía le imputaba. El propio Fiscal General, Mario Iguarán, respondió que la actitud del asesor era perversa. ¿Cómo podía el asesor presidencial saber cuál era el estado del proceso del primo del Presidente? Luego vinieron los discursos de Presidente y Ministro, pidiéndole prudencia y mesura a la justicia, que sólo consiguieron que ésta siguiera el curso de las causas que llevaba, y si acaso, que la Fiscalía acelerara el paso frente a la de Mario Uribe.

La segunda conclusión, es que hay evidente pesca en río revuelto. Y muchos involucrados con el paramilitarismo están saliendo a salpicar a diestra y siniestra, en una estrategia que pretende forzar a los líderes políticos y sociales a buscar afanosamente atajos poco sanos, para preservar la institucionalidad antes de que esta se derrumbe ante tanto salpicado. Como lo percibió la gente, con razón, en un sondeo hecho en Semana.com, el mejor remedio para preservar la institucionalidad es dejar que la justicia opere, y separe la paja del trigo; es decir, determine quiénes han sido injustamente salpicados, y para quiénes, en cambio hay pruebas suficientes de su complicidad.




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