Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/07/25 00:00

Uribe dice que proceso de paz con paras no es un “capricho” de él sino “del Estado”

El Presidente anunció además que pedirá que se tramite un proyecto de ley para concederle el carácter político a los paramilitares. La Corte Suprema, entre tanto, exigió “respeto” a sus decisiones. Los paras, por su parte, empezaron a faltar a las audiencias públicas.

El presidente Álvaro Uribe en un acto para conmemorar los dos años de la Ley de Justicia y Paz. FOTO: SNE

La controversia está abierta. ¿Los paramilitares son actores políticos? ¿Qué hacer con los hombres que sembraron de sangre y dolor al país en acciones que en la mayoría de casos era contra civiles desarmados? ¿Cuál es la situación jurídica de 18.000 desmovilizados de las AUC que dejaron sus armas? La polémica la encendieron los paras al anunciar que no volverían a presentarse a las audiencias libres sindicando a la Corte de “torpedear” la búsqueda de la paz. Es decir, los pájaros disparándoles a las escopetas.

La temperatura de la polémica aumentó porque el presidente Álvaro Uribe entró al ruedo y se puso de parte de las autodefensas: “No estoy de acuerdo con que se les niegue a los paramilitares el delito de sedición”. Sin embargo, en las últimas horas el Jefe del Estado volvió a pedir la palabra para aclarar que el “proceso de paz es del Estado, no es un capricho del Presidente”.

Por eso, dijo, hay que buscar salidas. Primero defendió los resultados del proceso y luego llamó la atención sobre la necesidad de entablar un diálogo con la Corte Suprema de Justicia, para “preservarlo”: “Le he pedido al ministro Holguín y al secretario Jurídico de la Presidencia que invitemos a la Corte Suprema a tener un diálogo de cara al país sobre el tema, porque el proceso de paz es del Estado, no es un capricho del Presidente”, recalcó el Jefe de Estado.

Recordó que si bien no ha sido partidario de que Colombia siga con la tesis del delito político, es un “grave error frente al dolor del pueblo colombiano persistir en la idea de que son diferentes los delitos de los guerrilleros, de los delitos de los paramilitares”.

Por eso, expresó que así como hay que obligar a los paramilitares a que cumplan con sus compromisos, el Estado también tiene que cumplir con lo pactado en el proceso. Y, entonces, sugirió una salida: presentar un proyecto de ley de manera urgente. Este tendría dos opciones. Revivir el carácter de delito político para las acciones de los paras o que cese la acción de algunas leyes y se les reconozcan beneficios.

Mientras el Presidente avanzaba en sus propuestas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, aclaraba que el tribunal “no es obstáculo para la Ley de Justicia y Paz ni para el proceso de paz” en una clara alusión a las declaraciones de Uribe y de los paramilitares. Y sin especificar si a los unos o a los otros, exigió “respeto” porque “lo que no podemos aceptar es la injerencia en las decisiones de la Corte”.

La Corte, según Valencia, reclama “siempre la independencia y la autonomía... sin perjuicio de la colaboración que debe haber entre los diferentes sectores o poderes políticos”.

¿Cuál es la situación?

Lo cierto es que el frágil acuerdo de paz con los grupos paramilitares se sumergió en las últimas horas en una nueva crisis luego de que éstos acusaran al gobierno de dejar “tirado en el camino este proceso”.

Ernesto Báez, uno de los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el principal portavoz de esa agrupación paramilitar, explicó así la decisión de los cabecillas paramilitares de congelar su colaboración con la justicia, una de las condiciones del proceso.

“Estamos lanzando una protesta pacífica... es un acto de desesperación, de angustia, de incertidumbre”, dijo Báez a La FM de RCN. “El gobierno no está respetando las reglas del juego que pactamos”, añadió. El acuerdo, que supuso la desmovilización de unos 31.000 combatientes y redujo drásticamente los índices de violencia en Colombia, se encuentra ahora “al borde del precipicio”, advirtió.
 
Alfredo Rangel, director de la fundación Seguridad y Democracia.
La reacción de los paramilitares dejó desconcertado a todo el país, especialmente a las víctimas. El pronunciamiento tuvo su origen en un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Orlando César Caballero, que había sido juzgado en marzo de 2006 por concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
 
¿Qué pasó?
 
Pero al mes siguiente, Caballero manifestó ante la Fiscalía que pertenecía al bloque Élmer Cárdenas de las AUC y que quería desmovilizarse. El 5 de mayo de ese mismo año, su defensa presentó una solicitud de cesación del proceso que llevaba, aduciendo que se había desmovilizado.

Lo que buscaban con esa petición era que los hechos por los que juzgaron a Caballero fueran tomados como delito de sedición. Es decir, que se tomaran como delitos políticos, que permiten el perdón y la posibilidad de participar en procesos de elección popular.

Pero la Corte, con base en casos fallados anteriormente, encontró que los hechos cometidos por Caballero no eran más que actos de delincuencia común y que deben ser juzgados como concierto para delinquir. Este tipo de delitos no tienen las mismas garantías que la sedición.

Así las cosas, el organismo dejó un precedente en las decisiones judiciales sobre los hechos de los paramilitares y cualquier miembro de grupos armados ilegales.

Por eso, los desmovilizados consideran que se violó el pacto con que habían dejado las armas, pues ahora la justicia puede fallar sus casos como delincuentes comunes, mas no como políticos. Eso cambia completamente los cimientos con que se acordó el proceso de paz con los paramilitares.

Con información de AP

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