Uribe vs. Corte Suprema: ¿qué salidas hay?

El ataque del presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la sentencia de ésta que condenó Yidis Medina por el delito de cohecho propio y de paso cuestionó la legitimidad del acto legislativo proclamado en 2004 que permitió su reelección, ha derivado en una crisis inédita en la institucionalidad del Estado.

En su sentencia la Corte había dicho que “…el voto que en su calidad de congresista emitió Yidis Medina a favor del proyecto de reelección presidencial, estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate”. En otro de sus apartes califica de “inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo”. Por las razones que expuso, la sentencia pone en entredicho la legitimidad del procedimiento que sacó avante la reelección: “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, concluye.

La reacción del Presidente fue inmediata. En dos alocuciones televisadas el jueves en la noche y el viernes en la mañana, el mandatario arremetió contra la Corte Suprema de Justicia y le pidió al Congreso convocar a un referendo para ratificar la legitimidad de las elecciones de 2006.

El presidente Uribe acusó a la Corte de “presionar indebidamente, mediante abuso de poder” a otros órganos de justicia y de “desvirtuar la transparencia democrática” del Acto Legislativo que permitió la reelección.

En la transcripción de la alocución presidencial de este jueves, publicada por la Presidencia, dijo que la Sala Plena del Alto Tribunal “ha llegado al extremo de presionar al Presidente de la República, a través de carta carente de rigor jurídico, en extraña protesta por la reciente decisión gubernamental que hizo efectiva la extradición de varias personas”.

La mención que hace el Presidente se refiere a una carta que le envió la Corte pidiendo explicaciones por la decisión de extraditar a 14 jefes paramilitares y por haber denunciado a los mismos si continuaban delinquiendo desde las cárceles. En ella decía: “Con respecto de esas dos situaciones, así como en relación con la extradición, la Sala de Casación Penal tiene injerencia jurídica. Respetuosamente se le requiere para que le informe a la Sala las razones oficiales de tal trámite".

Pero la andanada de acusaciones del Ejecutivo a la Corte no paró ahí. En uno de los apartes el Presidente dijo que el ente judicial aplicaba justicia de manera selectiva y añadió que los magistrados de las Sala Penal se han prestado a la trampa del “terrorismo” y, sin que se entienda bien a qué se refería dijo, que “ese hecho no tenía solución judicial”.

Al medio día del viernes, el mandatario fue más explícito y dijo que la Corte había tomado como indicio las declaraciones de Salvatore Mancuso cuando advirtió que un 35 por ciento del Congreso lo habían puesto las AUC, pero que no había dado credibilidad a las declaraciones del jefe paramilitar cuando dijo que la Corte Suprema también estaba infiltrada. “¿Por qué eso no se ha investigado? ¿Por qué la Sala Penal de la Corte es tan diligente para investigar y condenar a unos congresistas y por qué es tan negligente cuando se trata de vinculaciones con las Farc? (…) un compatriota me decía que estamos frente a los coletazos del terrorismo. Vamos a enfrentarlo”, advirtió un Presidente encolerizado.

El malestar del presidente Uribe quedó en evidencia por el sólo hecho de que en menos de 24 horas quiso poner a la Corte bajo sospecha por presunta infiltración de dos fuerzas opositoras: las guerrillas de las Farc y los paramilitares extraditados. Quizás el desespero lo hizo caer en tan flagrante contradicción, pues no resulta coherente que la Corte pueda estar a la vez infiltrada por el paramilitarismo, como lo aseveró el Presidente, y al mismo tiempo, sirva a los intereses del terrorismo de las Farc.

La andanada gubernamental contra la Corte también se materializó en la anunciada decisión del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, de denunciar a los magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues según Palacios, el fallo contra Yidis Medina contiene “afirmaciones falsas”.

Quizás nunca antes en Colombia se había visto que el Ejecutivo cuestionara de tal manera una decisión del órgano rector del Poder Judicial. El caso pone en evidencia un peligroso resquebrajamiento institucional y sienta un precedente que tiene escandalizados a juristas, y analistas políticos. El Presidente ha propuesto, ni más ni menos, rebatir una decisión judicial inapelable, en las urnas, y con ello propone un desbarajuste mayor del aparato democrático. En esta lógica la justicia no la ejercen las cortes, sino el voto popular.

Unos enfatizan en que todos los ciudadanos, incluido el Presidente, deben acatar las decisiones judiciales y acudir a los recursos constitucionales para evitar que la tensión entre la rama judicial y la ejecutiva se escale. Otros piden rodear a la Justicia ya que en un régimen presidencialista como el colombiano, donde Uribe tiene un alto índice de favorabilidad, los embates a del gobierno podrían derivar en su debilitamiento. Y otros más cercanos al gobierno argumentan que la Corte fue la que se equivocó y que no obró en derecho sino políticamente.

Algunos sectores de opinión han calificado las declaraciones de Uribe de desproporcionadas y apresuradas. Ante una arremetida contra la Corte de ese tamaño se abre la pregunta por cuáles son los intereses reales del mandatario. ¿Querrá ahorrarse un nuevo y largo trámite para conseguir su tercer mandato, reemplazándolo por un adelanto de elecciones en 2009?, o su salida es simplemente una eficaz movida de “spin”, es decir darle la vuelta rápidamente a una situación que afecta su gobierno gravemente y convertirla en una situación favorable.

¿Por qué la escandola del gobierno?

Unos consideran que la sorpresiva salida del Presidente es apenas una táctica de coyuntura para evitar titulares que le hubieran sido muy adversos, después del fallo de la Corte: “Corte determina que gobierno compró la reforma constitucional que permitió la reelección” o “Corte dice que reelección tiene origen ilegítimo”. En cambio el viernes en la mañana, los titulares de prensa fueron “Uribe propone referendo para repetir elecciones de 2006” y otros por el estilo.

Además, con esta rápida reacción el gobierno logró poner en tela de juicio los motivos de la Corte, y sembrar la duda sobre si compró o no los votos definitivos para aprobar la reelección.

Otra interpretación de los hechos es que la reacción fue mucho más de fondo y que en realidad el gobierno sí se propone sacar adelante el anunciado referendo para ratificar las elecciones presidenciales.
 
Aplicando la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, Uribe decidió embestir a la Corte Suprema, para encarar la crisis que lo ha venido erosionando en el último año y conjurarla de una vez por todas.

Las candidaturas anticipadas de varios líderes políticos impacientes por salir a la palestra, el debilitamiento del Congreso por cuenta de la parapolítica, la dispersión de las mayorías uribistas, el frenazo de la economía, y el desgaste natural de un gobierno que lleva seis años en funciones, son razones que suficientes para creer que el gobierno pretende con su salida encarar la amenaza de una crisis.

Y para hacerlo, el mandatario echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referendo que le renueve su legitimidad y deje atrás los sucesivos escándalos de parapolítica y yidispolítica. Con esta salida volvió a ratificar su ‘máxima’: “el juez de una democracia es el pueblo”. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia y que garantizan el equilibrio de pesos y contra pesos.

El senador liberal Hector Helí Rojas, en entrevista con Semana.com argumentó que la decisión del gobierno de convocar a un referendo es un pretexto para “lavarse” en el pueblo. Es decir que el gobierno lo que busca es salir airoso de una crisis que puede terminar como terminó en Perú el gobierno de Fujimori, o en Argentina el de Menem: perseguidos por la justicia y con varios de sus más cercanos amigos en la cárcel.

Persiste el lío institucional

No obstante, si la intención del presidente Uribe de repetir las elecciones de 2006 se llevara a cabo, esto no solucionaría el problema jurídico que planteó el Alto Tribunal.

“El presidente ha respondido con un argumento político a una decisión judicial. Repetir la reelección no soluciona un fallo que puso en duda el Acto Legislativo que permitió que se diera la reelección ”, dijo el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández a Semana.com.

En una maniobra política, el gobierno está diciendo que la Corte cuestionó la elección de Uribe en 2006, lo que no es exacto, pues lo que encontró fraudulento la Corte fue la forma como el gobierno logró la modificación constitucional que permitió la reelección inmediata. La distorsión es evidente: dijo el asesor presidencial Jose Obdulio Gaviria durante una rueda de prensa este medio día “Cómo la Corte está insinuando que el presidente se robó las elecciones es necesario repetirlas para comprobar la legitimidad de los comicios para el periodo 2006-2010”.

Pero esa distorsión del fallo de la Corte no parece inocente. Al hacerla, el gobierno enfrenta a la Corte directamente con el pueblo, el soberano que reeligió a Uribe con la más alta votación de la historia. Y en ese enfrentamiento sale claramente perdiendo la Corte.

En todo caso repetir las elecciones parece utópico, pues confirmar la legitimidad de la elección de Uribe en 2006 a través de una nueva votación necesitaría que se repitieran las mismas condiciones de ese entonces.

“¿Vamos a pedirle a Horacio Serpa y a Carlos Gaviria que vuelvan a lanzarse a la presidencia y hagan campaña? Creo que no”, dijo el ex magistrado Hernández quien consideró que la réplica del gobierno genera presión sobre la Corte Constitucional, la cual, en todo caso, no se ha pronunciado.

Es por esto que tantos analistas están diciendo que el llamado a repetir las elecciones de 2006, no es más que un eufemismo para adelantar las elecciones de 2010 a 2009, y ahorrarse así todo el trámite de referendo en curso para una tercera elección. “Unifica los dos referendos en uno que adelante elecciones en 2009 y así se asegura un mandato hasta el 2013, sin pedir otra modificación de la Constitución”, dijo un jurista.

La Corte Constitucional es la que decide

Presente el gobierno o no su proyecto de referendo, debido a la petición que cursa ante la Corte Constitucional y el envío que le hizo del caso la Corte Suprema, es la Corte Constitucional la que define qué sucede ahora.

La Corte Constitucional puede tomar una de dos decisiones: decir que no revisará el Acto Legislativo por ser cosa juzgada o revisar su fallo anterior cuando declaró exequible la norma.

Para tomar el primer camino, la Corte puede argumentar que después de un año venció el plazo para demandar su fallo que tuvo lugar en 2004 y que ya se pronunció al respecto. En este caso sus argumentos además de tener validez jurídica, le sería lo menos traumático desde el puto de vista político. Atajaría los alcances políticos e institucionales del fallo de la Suprema y, como seis 6 de los 9 magistrados terminan su periodo a final de este año, es poco probable que quieran chamuscarse en el último minuto en un enfrentamiento que puede resultar muy impopular.

Pero la Corte puede, sin embargo, revisar el fallo aduciendo que hechos sobrevinientes o posteriores a su fallo (como es la comprobación de que los votos clave para aprobar el Acto Legislativo fueron comprados con prebendas) ameritan que lo vuelva a estudiar.
Si la Corte decide revisar la decisión, también tiene dos alternativas, según explicó Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, un centro académico de estudios jurídicos. La primera, sería devolver la reforma a la Cámara y que allí se vuelva a votar. Esta opción sería casi tan rebuscada como la de repetir las elecciones que propone el Presidente, dado que la actual Cámara no es la misma que votó en 2004 y por tanto sería imposible validar un votación con la otra.

El otro camino más posible, sería el que declare inconstitucional el Acto Legislativo que permitió la reelección, pero aclare que las elecciones de 2006 tuvieron lugar mientras ese artículo estaba vigente y por tanto la elección fue legal. Esta decisión, según varios jurista consultados, sería salomónica, pues evitaría que el Presidente meta al país en una aventura de alto riesgo para la estabilidad democrática, como es la de repetir unas elecciones, en realidad irrepetibles, y a la vez dejaría en firme la decisión de la Corte Suprema de castigar a quienes se involucraron en el acto ilegal.

Entre tanto, la yidis política seguirá su curso. La Fiscalía y la Procuraduría tendrán que decidir acerca de los ministros señalados de haber sido los cómplices de Yidis y la Comisión de Acusaciones evaluará el caso contra el Presidente.