Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/09/19 00:00

Venezuela echa a jefe de HRW

Venezuela expulsó al director de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, después de que la organización divulgara un informe crítico con las instituciones y el gobierno. Informe de BBC Mundo.

Venezuela echa a jefe de HRW

El informe divulgado el jueves presentó un balance de los diez años de gestión de Hugo Chávez en el que se afirma que el gobierno "debilitó las instituciones democráticas y sus garantías de derechos humanos" en ese período.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Vivanco violó la constitución del país.

El documento se hizo público una semana después de la expulsión del país del embajador de los Estados Unidos.

"Intolerancia política"
 
En el documento titulado "Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela", la organización con sede en Nueva York, afirmó que después del golpe de estado fallido contra el presidente venezolano en 2002, Chávez habría "tomado" las instituciones del estado.

Entre las principales áreas criticadas aparecen "los controles" del gobierno sobre el poder judicial, "la discriminación política de los opositores y limitaciones a la libertad de expresión y el sindicalismo".

Una de las principales críticas presentadas en el documento afirma que Venezuela "no hace una separación de los poderes" y utiliza como ejemplo la ampliación del número de asientos en el Tribunal Supremo de Justicia, de 20 a 32, en una reforma realizada en 2004.

Según la valoración del HRW, ese sistema fue implementado para que los magistrados favorables al gobierno alcanzasen la mayoría.

Ese cambio fue calificado por la organización "como la más grave violación al estado de derecho" desde el golpe en 2002.

"Existe una ausencia de control judicial, lo que ha sido aprovechado por Chávez para aplicar políticas discriminatorias que limitan el ejercicio de libertad de expresión de los periodistas, de la libertad sindical de los trabajadores y de la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos", afirmó José Miguel Vivanco.

Representantes del gobierno consultados por la BBC rechazaron el informe de HRW y negaron que en el país los derechos humanos y la democracia estén en peligro.

Informe "incorrecto"

Para German Sálton, representante del estado venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe es "incorrecto" y no contempla aspectos que, a su parecer, son "logros" de los 10 años de gobierno.

"La realidad venezolana demuestra cifras distintas a los de este informe: el gobierno erradicó el analfabetismo, llevó salud a la población más pobre, garantiza el acceso al trabajo, y eso denota respeto a los derechos humanos, no violación", informó Sálton.

"Cuando se produjo el golpe de estado y el canal estatal fue tomado, esta organización no emitió ninguna frase condenando esta violación a la libertad de expresión ni tampoco contra el golpe", apuntó.

Crisis diplomática

Para Saúl Ortega, diputado de la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, la divulgación del informe está relacionado con la más reciente crisis diplomática en Venezuela y EE.UU.

La semana pasada Chávez ordenó la expulsión del embajador estadounidense de Caracas en "apoyo a Bolivia" y recibió una idéntica respuesta por parte de la Casa Blanca.

"No es por casualidad que después de la expulsión del embajador, EE.UU. comienza a atacarnos con los dos temas centrales para descalificar al gobierno: narcotráfico y derechos humanos", afirmó Ortega a la BBC.

Hace dos días, el gobierno de los EE.UU. incluyó a Venezuela y Bolivia en la lista de países que fracasaron en la lucha contra el tráfico de drogas en el último año.

"Discriminación"

En su balance sobre la gestión de Chávez, HRW afirma que "la discriminación política" ha sido una de las características de la actual presidencia.

De acuerdo con el documento, se dio la "expulsión de opositores políticos en algunas instituciones estatales" y la creación de "sindicatos paralelos" aliados a las políticas gubernamentales.

El diputado Saúl Ortega niega la existencia de una persecución de trabajadores opositores en el gobierno y dijo que el parlamento creó una ley para evitar esta práctica.

"Hay una ley vigente que prohíbe las dimisiones injustificadas para, entre otras cosas, impedir este tipo de abuso de poder por motivos políticos", afirmó.

Entre otras consideraciones, HRW "recomienda" al gobierno el "reestablecimiento de la credibilidad" del Tribunal Supremo de justicia y la creación de un organismo autónomo que administre las frecuencias de radio y televisión.

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