Víctimas del BCB perdieron espacio para mostrar su tragedia

Sin espacio para mostrar las imágenes de sus muertos y desaparecidos, y también sin espacio para contar sus historias de despojo y destierro. Así quedaron este martes en Medellín las familias de las víctimas que dejó el accionar militar del bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia, tras ser apabullados por una manifestación de apoyo a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, comandante de este bloque que hoy comenzó a rendir su versión libre ante los fiscales de la unidad de Justicia y Paz.
 
Provenientes de diversas regiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño y Sur de Bolívar, cerca de 800 personas, entre antiguos combatientes y sus familias, así como simpatizantes del proyecto paramilitar, “se tomaron” literalmente la Plaza de la Luz, frente al palacio de Justicia de Medellín, para gritar vivas a quien aún hoy llaman “su patrón” y expresarle su admiración por el desarrollo que llevó a estas regiones.

Mientras alias Macaco, oriundo de Envigado y uno de los paramilitares más fuertes económica y militarmente, narraba ante la Fiscalía su versión de la guerra y en la Plaza de la Luz cientos de manifestantes expresaban su aprecio por él, a unas pocas cuadras de allí, en un pequeño salón del Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín, no más de 50 personas, todas ellas familiares de víctimas del Bcb, intentaban escucharlo a través de un mal audio.

“Todo esto duele, claro que duele, porque el dolor es algo no va a pasar fácilmente”, dijo, Olga Quijano de Vargas, tesorera de la organización no gubernamental Reparar Colombia, asociación de víctimas del conflicto armado de Colombia, que tiene asiento en Barrancabermeja y que presenció la audiencia de alias Macaco.

La indignación la generaban las voces de los campesinos: “Carlos Mario, Caucasia te apoya”, gritaban en coro. Y justo un habitante de Barrio Lata de esta localidad antioqueña explicó el apoyo: “Él nos llevó bastante ayuda al barrio, sobre todo mercados, porque somos muy pobres”, dijo Libardo, un obrero de profesión. A su lado, José Luis justificó este acto: “Él ha colaborado mucho en la vereda y en el pueblo, nos sirvió mucho a nosotros y nosotros tenemos que ayudarle, es como un papá de nosotros”.

La manifestación incluyó un acto litúrgico, celebrado por el sacerdote Dubán Agudelo, de Santa Fe de Antioquia, quien argumentó que celebraría esa eucaristía “para pedirle al Señor por la paz. No vengo a celebrar eucaristía por nadie en particular ni vengo a ponerme de un lado o de otro. Cuando se quiere se la paz, se ora y se celebra por la paz”. La misa fue calificada por sus organizadores como de “reconciliación entre las víctimas y los victimarios”; sin embargo, allí no hubo familiares de víctimas del Bcb.

“Todo es legal”

Fernando Soto, vocero de Villa de la Esperanza, organización no gubernamental creada por los propios jefes paramilitares confinados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, explicó que los asistentes a la manifestación no fueron obligados a viajar a la capital antioqueña, “ellos son líderes de diferentes comunidades donde el bloque hizo presencia. Le están agradeciendo a Carlos Mario Jiménez que les haya llevado vías, hospitales, iglesia, educación. Esta es la forma de ellos de retribuirle sus obras”.

Sobre el origen de los recursos invertidos en esas obras por el jefe paramilitar, Soto explicó que provenían de los financiadores, “y de eso ya hablará Carlos Mario en la audiencia”. Lo mismo aseveró sobre el origen de las propiedades que, por 107 mil millones de pesos, entregaría a la Fiscalía General de la Nación: “Los predios son comprados legalmente; son bienes lícitos que Carlos Mario Jiménez, el Bcb y el estado mayor entregan como reparación a las víctimas. Hasta el momento no están dentro de extinción de dominio ni investigados”.

De acuerdo con el vocero de Villa de la Esperanza, Jiménez entregaría predios ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Putumayo, Vichada y Caquetá.

Frente a la manera cómo el Bcb ocupó los territorios, perpetrando masacres, muertes selectivas y desplazamiento, en particular en el Sur de Bolívar, Soto replicó señalando que allí también estuvo el Eln (Ejército de Liberación Nacional): “Todo depende de cómo se vivió el conflicto, me explico: víctima es una persona que se atropella, no un guerrillero o un actor armado del conflicto que cae en enfrentamientos”.

Pero la realidad muestra otra versión. Por ejemplo, en el Nordeste antioqueño, las comunidades de veredas como Cañaveral (Segovia) y El Porvenir (Remedios), fueron víctimas de tres incursiones del bloque Central Bolívar en los años 2000, 2001 y 2003 con un saldo de 33 personas muertas, 10 viviendas incineradas y un sinnúmero de desplazados.

Según versiones recogidas por el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio en el año 2003, en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, “se registró un notorio incremento de las acciones violentas en zonas rurales y el casco urbano de esta población, dejando un alto saldo de civiles muertos, heridos y desaparecidos, incursiones a corregimientos y aumento del patrullaje de grupos ilegales en el casco urbano”. De estas acciones se responsabilizó al Bcb.

Y las acciones del Bcb parece que no terminaron con el acuerdo de Santa Fe de Ralito (Córdoba) en julio de 2003 entre el Gobierno nacional y las Auc. Un informe de la Comisión de Verificación de las Violaciones a los Derechos Humanos en las veredas Alto Cañabraval y El Jardín del municipio de San Pablo, realizada del 17 al 19 de junio de 2004, determinó que, según la comunidad, “en la cabecera municipal de San Pablo se han vuelto a afianzar con fuerza los grupos de paramilitares del Bcb. Se dice que existen dos retenes, uno del Ejército y otro de los paramilitares, a tan sólo dos cuadras de distancia, continuándose con el bloqueo alimentario, sanitario y restringiéndose la movilización desde y hacia las comunidades de la región”.

Víctimas, sitiadas

Omitiendo su nombre por razones de seguridad, una integrante del Movimiento Regional de Víctimas, quien asistió a la versión libre de alias Macaco, rechazó el traslado de las familias de las víctimas a un salón del Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín.

“¿Por qué tenemos que pagar nosotros? No tenemos la culpa de que otros hayan venido a celebrar los crímenes de lesa humanidad que estos señores cometieron”, dijo la señora con un dejo de rabia en su voz.

Y agregó: “No permitir que las víctimas hagamos nuestra manifestación no sólo es desconocer un derecho legítimo que nace de nuestro dolor y sufrimiento, también es invisibilizarnos. Lo más triste de todo es que pareciera que al país no le importa el dolor de las víctimas, pero sí permite que otros le echen flores a unos asesinos”.

Afectada por lo que viene pasando en Medellín con las audiencias a los jefes paramilitares, la integrante del Movimiento Regional de Víctimas dijo sentir vergüenza: “¿Usted se imagina cómo le voy a decir esto a mis hijos? Yo también estuve presente la semana pasada en la audiencia de El Alemán (Fredy Rendón), y me sentí muy indignada por la forma en que se refirió a nosotros, nos llamó “amigos invisibles”. Ni somos sus amigos ni somos invisibles”, enfatizó la señora y mostró el dejo de pesimismo que ya comienza a marcar a las familias de las víctimas de los paramilitares: “Yo ya no espero ni anhelo reparación, ni mucho menos verdad. Esta ley de Justicia y Paz está hecha para que las víctimas no seamos reconocidas y para que a los victimarios se les perdone todo”.