Viernes, 20 de enero de 2017

| 2006/04/28 00:00

Violencia en campaña

El asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex Presidente y dirigente Liberal César Gavirira, pone sobre el tapete la seguridad de las campañas políticas. Al Presidente Uribe lo puso a pensar sobre las responsabilidad de la Policía en los hechos.

El Presidente de la República, Álvaro Uribe, saluda al representante electo Simón Gaviria, sobrino de la asesinada Liliana Gaviria.

El asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente y jefe liberal César Gaviria, encendió nuevamente las alarmas en las campañas presidenciales en torno a la seguridad de los candidatos, sus familias y colaboradores políticos.

Pese a que aún no hay claridad sobre los móviles del crimen, en las campañas presidenciales de Carlos Gaviria, Horacio Serpa y Álvaro Leyva creen que las tres hipótesis manejadas de manera preliminar por las autoridades tienen una lectura desde el punto de vista electoral: un intento de secuestro de las Farc pondría en evidencia las debilidades de la seguridad democrática; un ataque de fuerzas de extrema derecha podría ser una retaliación por la posición crítica del liberalismo frente al gobierno; y, tercero, un intento de secuestro extorsivo por parte de delincuentes comunes, demostraría que dicho flagelo aún persiste en el país, como lo pregonan algunos candidatos. Antanas Mockus dice que prefiere no pensar en hipótesis ni en causas, sino en que no se debe matar a nadie.

Mientras las autoridades establecen qué fue lo que realmente ocurrió en la noche del jueves y qué móviles tenían los asesinos de la empresaria, las campañas políticas reafirmaron su llamado al gobierno para que refuerce los niveles de seguridad durante lo que queda de la época electoral. Los candidatos no sólo están preocupados por las presiones contra sus líderes en las regiones, sino que quieren mayores garantías para ellos y sus familias.

Para el candidato liberal, Horacio Serpa, el crimen está relacionado con las denuncias que Gaviria viene realizando contra paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros. “Es inaudito que el Gobierno nacional siga cobrando supuestos éxitos de la estrategia de seguridad democrática, mientras colombianos inocentes caen a diario por los disparos de los violentos”, agregó Serpa, tras pedir al gobierno que “abandone la retórica de la seguridad” y demuestre con hechos que sí le importa la vida de los colombianos. En la campaña serpista también se oyeron voces como la de la electa senadora Piedad Córdoba, quien dijo que el Partido Liberal debería abstenerse de participar en las elecciones, como protesta por la falta de garantías.

Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático, dijo que el asesinato de Liliana Gaviria “aumenta la zozobra en una campaña de por sí peligrosa” y que el gobierno está actuando de manera equivocada para combatir la violencia armada. Álvaro Leyva, del Movimiento Ciudadano de Reconciliación, calificó el crimen como “cobarde” y pidió una misión internacional de urgencia para que verifique lo que está ocurriendo en época de campaña. “Una cosa son las garantías para el día de las elecciones y otra son las garantías para la campaña, durante la cual están ocurriendo cosas muy extrañas en el país”, señaló Leyva.

Gaviria, Leyva y Serpa se declararon en la incertidumbre y dijeron que el asesinato no puede desligarse del contexto electoral en el que se produjo, dado que ocurrió contra la familia de una de las principales figuras de oposición al gobierno. Antanas Mockus, de la Alianza Social Indígena, enfatizó que el derecho a la vida es inviolable y que crímenes como el de la señora Gaviria intentan provocar actitudes desquiciadas en la sociedad, la cual debe responder con un rechazo enérgico, pero no violento.

Entre tanto, el presidente candidato presidió un consejo de seguridad en Pereira en el cual ratificó su oferta de recompensa de $1.000 millones para la persona que de información efectiva sobre los asesinos de la señora Gaviria.
 
Dras reunirse con los mandos militares, el presidente Uribe también reveló que la investigación de los hechos se dividió en tres partes: la investigación del crimen, las posibles fallas internas en la seguridad de los Gaviria Trujillo y la situación de orden público en Risaralda.

Uribe recordó que entre diciembre de 2004 y enero de 2005, el entonces comandante de Policía de Risaralda, quien meses después fue retirado de la Policía demolió una caseta de la Policía frente a la urbanización donde residía Liliana Gaviria “de manera que no comprendo, abrupta (dijo el Presidente)”. El coronel Saúl Torres, jefe de la Policía en esa región, dijo que eran órdenes de Bogotá. César Gaviria habló del tema con el director de la Policía Nacional, quien aseguró que la Policía local tiene atribuciones para remover estas casetas.

“Esta investigación nos tiene que quedar clara. Tenemos que mirar si hubo falla en el servicio, si hubo intención en la falla en el servicio y si no hubo intención en la falla en el servicio (...)Pero es grave descuidar una familia de un ex Presidente de la República, que además tiene vulnerabilidades y que ha tenido experiencias muy dramáticas con la delincuencia, como fue el secuestro del doctor Juan Carlos Gaviria, acá mismo en Pereira, a manos del JEGA”, sentenció Uribe (ver Discurso del Presidente de la República).

De otro lado, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, pidió a la ciudadanía apoyo para las instituciones democráticas y señaló que tanto Gaviria como su familia cuentan con esquemas especiales de seguridad. Según el ministro, los organismos de seguridad ya han concedido los refuerzos a los candidatos que los han solicitado y el próximo lunes habrá nueva revisión al esquema de escolta de cada candidato para tomar los correctivos necesarios.

Casos concretos

Los ataques contra dirigentes políticos en la presente campaña afectan a varios partidos y comenzaron a presentarse desde el año pasado. Las primeras denuncias provinieron del Polo Democrático, que alertó, a finales de 2005, sobre el asesinato de tres de sus dirigentes en la Costa Atlántica. Por la misma época fue asesinado el diputado liberal Orlando Benítez, cuyo crimen ocurrió a 45 minutos de la zona de distensión de Ralito, al parecer por orden directa del jefe paramilitar conocido como Don Berna, hoy preso por ese caso.

La ola de violencia continuó el 27 de febrero -dos semanas antes de las elecciones de Congreso- cuando un grupo de milicianos de la columna móvil Teófilo Forero, de las Farc, irrumpió en Rivera, Huila, y asesinó a nueve concejales, al parecer con ayuda de uno de los ediles del pueblo.

Marzo también fue un mes agitado por cuenta de las presiones a candidatos. Ese mes fue secuestrado por desconocidos el dirigente social Jaime Gómez, miembro del equipo de trabajo de la senadora Piedad Córdoba. Su cuerpo sin vida apareció un mes después, en inmediaciones del Parque Nacional, en Bogotá.

Y en la última semana ocurrieron cuatro hechos que si bien podrían no tener relación con las campañas, han sido interpretados por los jefes políticos como malas señales. El asesinato del profesor Álvaro Garnica (primo del jefe de debate del Polo Democrático en Córdoba), el del concejal Rafael Bustos (edil liberal de Campoalegre, Huila), el de David Simancas (ex alcalde de Aguachica, Cesar, vinculado a la campaña uribista) y el de la hermana del presidente de la Dirección Nacional Liberal, Cesar Gaviria.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.