Ni siquiera las explicaciones del ministro del Interior, Carlos Holguín, pudieron evitar lo que desde hace una semana parecía un hecho cumplido. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a los congresistas que firmaron el ‘acuerdo de Ralito’ del 23 de julio de 2001 y solicitó declaración juramentada a los ex senadores y ex representantes vinculados en el caso. La decisión se veía venir. Incluso los mismos legisladores implicados reconocían en voz baja que estaban preparando a sus abogados para enfrentar el caso. Y uno de ellos hasta confesó que le asombraba la demora en la toma de la decisión.
Ahora la decisión está en firme y es inevitable que los congresistas salpicados tengan que pasar por lo menos un día rindiendo explicaciones ante su juez natural a partir de la próxima semana.
Pese a que el presidente de la sala, magistrado Alfredo Gómez Quintero, no quiso dar detalles sobre la determinación, está claro que a la Corte no le pareció que el documento sea tan irrelevante como señaló el ministro Holguín el día que se divulgó su contenido. Tampoco cree suficientes las explicaciones dadas ante los medios por los signatarios del ‘acuerdo’. Y, por el momento, no ve que el documento, divulgado por Salvatore Mancuso, esté adulterado como insinuaron varios de los congresistas cuyas firmas aparecen al final del mismo.
Lo que sigue ahora es oír la versión oficial y detallada de cada uno de los firmantes, incluso las de los paramilitares. Dado que las dignidades de algunos de los políticos han cambiado y que otros ya estaban vinculados al proceso por la ‘parapolítica’ por hechos distintos al analizado ahora, su presencia ante la Corte se hará mediante distintas diligencias. Los senadores Juan Manuel López Cabrales, William Montes y Reginaldo Montes, así como el representante José Negrete serán llamados a rendir versión libre por primera vez en el proceso.
Miguel de la Espriella, Álvaro Araújo y Dieb Maloof (senadores) y el representante Alfonso Campo Escobar ampliarán la versión ya rendida. El primero de ellos acudió ante la Corte por iniciativa propia tras ventilar ante los medios detalles sobre la reunión en la que se firmó el ‘acuerdo’. Los otros tres fueron llamados por el tribunal desde finales del año pasado por aparecer en el computador de Jorge 40 y en declaraciones de testigos que los comprometen con las autodefensas.
Los ex congresistas Rodrigo Burgos de la Espriella, Pepe Gnecco, Luis Álvarez, José María Imbett, Luis Carlos Ordosgoitia, Freddy Sánchez, Eleonora Pineda y José Luis Feris, rendirán declaración juramentada como testigos, pues ya perdieron el fuero de congresistas.
Finalmente, los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, 'Don Berna', Diego Vecino y Rodrigo Tovar 'Jorge 40', cuatro de los hombres que para la época del documento sembraron el terror en la Costa Atlántica, ampliarán su indagación ante el tribunal.
Los interrogantes en uno y otro caso ya están planteados. A la Corte le interesa saber en calidad de qué asistió cada persona al encuentro, por qué razones lo hizo, que consecuencias tuvo la reunión, cuántos de estos encuentros hubo, qué información tenían los asistentes sobre el documento final que aparece como aprobado y a qué se refieren los apartes del documento que hablan sobre compromisos como “refundar la Nación”, “garantizar los fines del estado”, “defender la independencia nacional” y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo''.
Algunas de las respuestas también son públicas. Reginaldo Montes dirá que asistió bajo la presión derivada del homicidio de uno de los dirigentes de su grupo político que se negó a acudir a una reunión similar. Juan Manuel López Cabrales, por la amenaza de muerte que le decretó Mancuso ante su vehemencia en las denuncias contra el paramilitarismo. Guerra de la Espriella, porque esas eran las condiciones políticas de la región. Y Eleonora Pineda, que lo hizo sin presiones y por el bien del país.
De la valoración que haga la Corte sobre cada una de estas versiones y las nuevas pruebas que recaude depende en buena medida el futuro de parte de la investigación, cuyas aristas son tan variadas como los tentáculos de la infiltración paramilitar: los que aparecen en el computador de Jorge 40, los denunciados por el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta “alias Pitirry” y los suscriptores del acuerdo de Ralito. De ahí la importancia de que los magistrados sigan trabajando sin acceder a las presiones, sea cual sea el resultado de las averiguaciones.
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