El escándalo por la infiltración paramilitar en Sucre crece día tras día. Este viernes se entregó el senador Jairo Merlano, el último de los tres legisladores con orden de detención de la Corte Suprema de Justicia por vínculos con el paramilitarismo. Merlano se entregó en Zipaquirá tras nueve días huyendo de la justicia y horas después de que le negaran una tutela con la cual pretendía evitar su reclusión.
El legislador está sindicado de conformar un grupo paramilitar en Sucre, escenario de las más horrendas masacres de las autodefensas. Su paisano Álvaro García se entregó un día antes tan pronto conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ofreció una recompensa de $50 millones por cualquiera de los dos. La oferta subió a $75 millones este viernes en la mañana, cuando Merlano era el único congresista que continuaba prófugo.
La entrega de García
García se había comunicado previamente con el director nacional de Fiscalías, a quien citó en su apartamento en Bogotá para entregarse. Luego fue trasladado al búnker de la Fiscalía en compañía de dos de sus hermanos y su abogado. De inmediato fue reseñado y trasladado a un calabozo. El legislador está acusado por la Corte Suprema de Justicia de homicidio, concierto para delinquir, peculado y conformación de grupos paramilitares.
Entre las pruebas en su contra figura la declaración de Jairo Castillo Peralta, un testigo protegido por la Fiscalía quien lo acusa de financiar con $60 millones a los paramilitares del departamento mediante recursos sustraídos de un contrato concedido por el ex alcalde de Sucre (Sucre), Ángel Daniel Villarreal. La Corte también halló pruebas que comprometen al senador con el homicidio de la educadora Georgina Narváez, quien como testigo electoral descubrió sus maniobras fraudulentas para mantener en el poder a sus amigos.
Sobre el particular la Corte señala que García "observa una perversa intención de llevar a cabo sus planes a toda costa, hasta el punto de atentar contra la vida de quien podría afectar sus pretensiones electorales, la jurado de votación Georgina Narváez, o de las personas que lesionaran de alguna forma sus intereses como es el caso de los pobladores del corregimiento de Macayepo, hechos que se le han imputado al congresista".
Con la entrega de García casi al instante de que el director del DAS, Andrés Peñate, hiciera pública la recompensa de $75 millones por cada congresista prófugo, resta ahora la captura o entrega del senador Jairo Merlano, sindicado de conformación de grupos paramilitares.
Peñate admitió que es una vergüenza para el DAS no haber podido cumplir con una orden de captura una semana después de que esta fuera emitida, especialmente porque los funcionarios acusados tenían protección especial de esa entidad. Sin embargo, aclaró que “existen indicios que nos hacen creer que los congresistas… recibieron información previa sobre las órdenes de captura que serían expedidas en su contra”.
De otro lado la Fiscalía emitió orden de captura contra el ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile Salvador Arana como presunto responsable del homicidio del ex alcalde del Roble (Sucre) Eduardo Díaz Salgado, ocurrido el 11 de abril de 2003. El ex alcalde Díaz había acusado a Arana de querer matarlo en un complot con el ex comandante de la Policía de Sucre, Norman Arango.
La denuncia del ex alcalde fue vista en directo por televisión durante el consejo comunitario del primero de febrero de 2003, en el que se acercó hasta el presidente Álvaro Uribe para pedirle que no lo dejara matar. Nueve semanas después, el mandatario municipal cayó víctima de las balas de los paramilitares y su súplica quedó en el aire.
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