La cita era a las 8 de la mañana en el club de la FAC en Bogotá. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en compañía de su cúpula militar, explicarían a embajadores y agregados militares el trabajo que el gobierno colombiano ha hecho en materia de derechos humanos. La prensa también estaba citada. Después de su exposición, las cámaras de televisión y los micrófonos lo asaltaron para preguntarle de lo obvio: ¿qué hay detrás del escándalo en el Ejército tras descubrirse que cuatro oficiales fabricaron atentados terroristas y se inventaron varios allanamientos en Bogotá para mostrarlos como ataques frustrados a las Farc? Todo además hecho en vísperas de la segunda posesión del presidente Álvaro Uribe para que el impacto fuera mayor, tal como lo reveló con todos los detalles SEMANA.COM.
“Este es sólo un caso y no es una situación generalizada en la institución (...) es un caso puntual donde parece haber una intención de dolo, ya que quieren cobrar unas recompensas y ganarse un dinero. Pero por ningún motivo se puede poner en tela de juicio la legitimidad de nuestras Fuerzas Militares por un hecho como este”, dijo el ministro Santos.
Lo que no se entiende es por qué los planes de un coronel, un capitán, un mayor y un teniente del Ejército para montar en siete oportunidades (y durante dos meses) falsas amenazas terroristas, son vistos por el gobierno como hechos aislados. ¿Cuántos de estos actos son necesarios para que el Ministerio vea este amargo episodio secuencial como un problema estructural?
En los rincones de muchos batallones y brigadas del país se habla de presión excesiva por obtener resultados. Es decir, la obligación de mostrar bajas y capturas de miembros de grupos ilegales para mostrarlos como ‘positivos’ en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esto lo desmiente el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe. “Siempre les he dicho a mis hombres que los resultados hay que manejarlos con prudencia, con bajo perfil. No es necesario mostrar todos los días las incautaciones, los allanamientos, ni las operaciones”, señaló el oficial.
La Fundación Ideas para la Paz ha escrito sobre el tema en varias oportunidades. El conocido body count que en Vietnam se utilizaba como referente para evaluar los éxitos de un ejército, se traduce en la lógica de que a mayor cantidad de bajas, mayor aniquilamiento para el enemigo.
Otra cosa dicen algunos miembros del Ejército que, por obvias razones, prefieren guardar su identidad: “Las acciones de cualquier unidad operativa no sirven si no hay resultados para mostrar. La manera más lógica de comprobar que el trabajo contra las Farc y contra el ELN está funcionando es mostrando los muertos, las acciones neutralizadas, las capturas. De lo contrario, no vale nada”, le dijo un oficial a SEMANA.COM que hasta hace cuatro meses trabajaba en el occidente de Nariño.
Si se mira en detalle lo que hicieron con algunos miembros de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, que durante los pasados julio y agosto hicieron de las suyas para hacerse notar, esta hipótesis no es descabellada. Era extraño que las Farc, justo antes de la posesión del presidente Uribe cuando el país esperaba ataques similares a los ocurridos hace cuatro años (cuando rockets impactaron en la Casa de Nariño y mataron varias personas), no hubieran hecho nada para sabotear la celebración presidencial. Pareciera que para los militares hubiera sido más espectacular mostrar que neutralizaban peligrosos actos de las Farc, y no asegurar que este grupo guerrillero estaba tan replegado, que no habían sido capaces de acercarse a la capital del país para ejecutar atentados.
Las reformas
Ahora el país se pregunta qué pasa con los controles internos en las Fuerzas Militares para evitar este tipo de irregularidades. Cuando este año se conocieron las posibles ejecuciones extrajudiciales que la Cuarta Brigada del Ejército había cometido durante el último año y medio (Ver Los 10 grandes errores...”), los que prendieron las alarmas fueron autoridades locales externas a la institución.
“El Ejército de Colombia es un Ejército en transición, no sólo por su rápida expansión, sino porque atraviesa un proceso de modernización. Todo esto en medio de la confrontación y con enormes presiones para que produzca resultados. ¿De qué recursos dispone para supervisar esa “transición bajo presión”? De los más exiguos: un general que hace de inspector y media docena de coroneles que desde Bogotá cubren todo el país. En esas condiciones, la inspección no es más que un ejercicio rutinario de pasar revista a las unidades según un cronograma acordado, salpicado con un par de ‘visitas sorpresa”, aseguró Ideas para la Paz en uno de sus boletines.
Hoy ninguno de los oficiales comprometidos en estas investigaciones está separado de su cargo. El Ministro de Defensa aseguró en la mañana de este viernes que la Fiscalía General avanza en las investigaciones, y que las medidas disciplinarias se tomarán dependiendo del cauce que tomen las mismas.
Finalmente, los problemas trajeron buenas noticias. Santos reveló que la Justicia Penal Militar, (que estaba a cargo del general Luis Fernando Puentes), estará en manos de la abogada Luz Marina Gil. La profesional está vinculada en la parte jurídica del Ministerio de Defensa desde hace 18 años. Sin duda alguna que un civil del perfil de esta jurista especializada en derechos humanos tome las riendas de este organismo, es un acierto en medio de la crisis que también amenazaba a los uniformados con perder el fuero militar.
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