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| 4/8/2016 4:31:00 PM

Contraloría va tras responsables por cambio en modelo de aseo en alcaldía de Petro

La Contraloría de Bogotá abrió una investigación de responsabilidad fiscal basada en el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La que termina no ha sido una buena semana para el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. El domingo SEMANA reveló apartes del Libro Blanco, una publicación de la administración Peñalosa que muestra las presuntas fallas en la contratación de la pasada alcaldía.  

Un día después, el exmandatario tuvo que asistir al pleno del Consejo de Estado, que tiene en sus manos la decisión de mantener o no la inhabilidad que le impuso la Procuraduría General en 2013 por el cambio del modelo de aseo.

Como sí esta no fuera una semana difícil para el exmandatario, la Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal (investigación) que busca establecer quiénes son los presuntos responsables por el daño causado al erario público.

Es investigación de abrió luego de que la SIC multara en el 2014 a la administración Petro por 91.000 millones de pesos, incluidos intereses. Para la Superintendencia, Petro limitó la libre competencia para la recolección de basuras en la capital cuando buscó hacer que esta tarea fuera 100 % pública.

En la apertura de la investigación por responsabilidad fiscal que inició la Contraloría tiene como fundamento dos resoluciones de la SIC en la que se impuso la sanción. En la página 157 de esta decisión aparecen los responsables por el presunto detrimento.

El primer nombre es el de Gustavo Petro por ser en su momento miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) y quien lideró el cambio de modelo. Allí también está señalado el nombre de Alberto Merlano quien para la fecha era el gerente de la empresa.

Otro de los que tendría que responder con su patrimonio es Henry Romero Trujillo, que era el director de la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp). A los tres la SIC les impuso multas que sumadas alcanzan los 900.000 de pesos.

Para la Contraloría de Bogotá existen elementos que permiten determinar que hay un daño fiscal que se causó y afectó los intereses patrimoniales del Distrito y que deben ser resarcidos y por eso quieren establecer la resunta responsabilidad de Petro, Alcocer y Romero.

“Hay un daño real causado y el proceso determinará los presuntos responsables que en principio son los que identifica la SIC en la resolución que es de conocimiento público”, dijo la contralora encargada de Bogotá, Ligia Inés Botero.

Para el exalcalde y sus excolaboradores viene un proceso en el que podrán presentar sus descargos ante la Contraloría y evitar con ello el pago con su dinero y bienes por la multa e intereses que generó esa decisión.

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