Del infortunio del Sí, al drama del "otrosí"

El gobierno Santos ya no sabe que inventar para salir de esta crisis que lo aprieta por todos los costados. Esta semana, sin que se hubiera pronunciado la comisión de reforma electoral creada por los Acuerdos con las FARC, el Ministro de Interior presenta ante el Congreso un paquete de reformas que comprenden la ampliación del periodo presidencial, la supresión de la vicepresidencia, la obligatoriedad del voto, la ampliación del derecho a voto de los mayores de 16 años, entre otras.

Sin saber cual haya sido la intención del Ministro, lo cierto es que resulta contraproducente. No sólo pone en evidencia la intención gubernamental de demoler la Constitución Política de 1991, sino que para ese propósito está utilizando el fast track como si se tratara de un instrumento de poder constituyente.

El problema está en que a Santos se le está acabando el tiempo y su margen de maniobra. Y por más que se haya comprometido con las FARC a cambiar la Constitución por la puerta de atrás, pues cada vez está encontrando más obstáculos para sacar las reformas sin que dinamite el equilibrio de poderes y termine con lo que queda de la administración de justicia.

Ya no son los opositores quienes están cuestionando las reformas que se están aprobando. Ahora son los más cercanos al gobierno, o aquellos que ejercen las más altas responsabilidades del Estado, quienes piden que ajustes para evitar problemas. No en vano es ahora el Fiscal General, quien insiste en los cambios pues, como afirmó la semana pasada, “El Acuerdo lo hicieron mal. Que pena, pero lo hicieron mal”.

Al Presidente le han dicho en todos los idiomas, que persistir en la aprobación legislativa de la Jurisdicción Especial de Paz, incumpliendo los compromisos adquiridos por el país al suscribir el Tratado de Roma (con el acatamiento del Artículo 28 y el 71), o desatendiendo las recomendaciones o sugerencias de ajuste hechas por el Fiscal General, o los presidentes de la Corte Suprema o el Consejo de Estado, sólo pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso y su viabilidad a futuro.

Sin embargo, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Cuando creyó que había superado la derrota de los Acuerdos en el Plebiscito, y que con una refrendación hechiza salida de una proposición del Congreso, le había conferido legalidad a un Acuerdo que los ciudadanos habían negado en las urnas, al gobierno Santos le estalló bomba de los “otro sí”. Esto es, la formula que sintetiza las prácticas con las que se consumó la inmensa corrupción que había fraguado la brasilera Odebrecht para ganar contratos por muchos millones de dólares en el país.

Y aunque se discuta si los dineros entraron o no a la campaña presidencial de Santos, lo cierto es que las decisiones tomadas por los funcionarios del Estado permitieron que, por ejemplo en el contrato de la Ruta del Sol 2, el costo pasara de 5 mil millones a 17 mil millones por kilometro de carretera construido; que se aumentara a 7 el número de peajes, o se ampliara el plazo de la concesión de 20 a 25 años; que la remuneración por vehículo llegara a un 15% de sobre cargo o que los Ministerios de Transporte y Hacienda se comprometieran a adelantar las vigencias futuras de los años 2024 y 2025, para pagarlos entre 2016 y 2018 a razón de “más de 30 millones de dólares por año”, como demostró Aurelio Suárez en un juicioso análisis publicado en El Tiempo de Bogotá.

Recogiendo el Conpes 3817, Suárez concluye que “El paquete completo de la concesión total, sumados los cerca de 30 kilómetros de vía nueva, el mejoramiento de otros 33, la pavimentación de 18 y máximo 10 kilómetros de viaductos, mantiene una rentabilidad del 23 %, fruto de utilidades por $ 1,045 billones, sobre un total de usos de $ 4,48 billones (del 2013), con lo cual se concretó el máximo interés de Odebrecht”.

¿Cómo explicar semejantes ventajas? ¿Tiene un ex senador el poder para lograr los cambios que beneficiaron a la firma brasilera?. Aquí lo único claro es que no importa discutir que pasó en la campaña. El punto real y cierto, es saber si los dineros entraron o no al gobierno. Y ese es otro problema, que ojalá la Fiscalía resuelva con prontitud. La Superintendencia de Industria y Comercio ya conceptuó e hizo lo que tenía que hacer.

El drama de Santos ya no está en haber suscrito un Acuerdo con las FARC, que no fue refrendado en las urnas por los colombianos. Ahora está en el “otro sí” que va a acabar con la poca favorabilidad que le queda como mandatario y deja a los Acuerdos con las FARC en el peor de los mundos: con una legitimidad afectada, ya no sólo por el incumplimiento de los estándares internacionales, sino que fueron suscritos con un gobierno tocado por la corrupción.

Así, por más que se incorporen sus textos en la Constitución de 1991 o en los Estatutos de las Naciones Unidas o se proclamen como la nueva base de los derechos del hombre, los Acuerdos con las FARC jamás lograrán recuperar la legitimidad que necesita para consolidarse en el futuro. Si no se ajustan ahora, van a quedar en manos de las investigaciones de la Fiscalía (no de la JEP) y de las decisiones que tome el próximo gobierno a partir del 7 de agosto de 2018.