Ya empezaron a llegar al Ministerio de la Protección Social las cuentas de cobro por el desorden, la falta de información y las injusticias que generó la entrada de en vigencia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) para salud y pensión.
Desde el pasado primero de julio, los trabajadores independientes tienen que pagar obligatoriamente salud y pensiones por medio de un formulario único que se diligencia por internet, por teléfono o personalmente en las empresas encargadas del trámite.
Hasta ahora, pocos han podido hacer sus aportes y muchos acudieron a sitios de atención, donde reinó el caos. Fuera de eso, cada persona tenía casos particulares, casi todos relacionados con la dificultad económica de pagar ambas obligaciones o porque consideraban innecesario pagar las dos.
Ante la avalancha de críticas por parte de los aportantes, varios entes de control han empezado a reaccionar.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a los funcionarios responsables de la crisis.
La Comisión Séptima del Senado citó al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, a un debate de control político el 22 de julio para que dé cuentas sobre la improvisación en la implementación del sistema de planilla única.
La Defensoría del Pueblo invitó al Ministro a que suspenda la entrada en vigencia de la Pila hasta que “se adecue a la realidad y necesidades de los usuarios”.
Y para rematar, un grupo de caleños prepara una acción de tutela porque consideran que la nueva medida atenta contra el bienestar de los trabajadores independientes, que están obligados a pagar salud y pensiones cuando muchas veces, si acaso, les alcanza para garantizar su derecho a la salud.
La decisión de la Procuraduría se debe a que desde hace más de un año, les envió múltiples observaciones a los ministerios de la Protección Social, de Hacienda y a la Superintendencia Financiera. En un documento, el ente de control pidió mejoras en el proceso de implementación de la Pila, adoptar medidas urgentes para no generarles intereses o pérdidas de servicios para quienes presentaran moras en sus pagos.
Además, la Procuraduría solicitó que se revisaran bien las situaciones excepcionales, que les permitirían a algunas personas pagar sólo salud y, por si fuera poco, insistió en hacerle mucha publicidad y difusión de información sobre el tema. Jamás se tuvieron en cuenta esas observaciones y ya se sabe cuál fue el resultado.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció. Según su concepto, el diseño de herramientas tecnológicas para asegurar y controlar el recaudo de recursos del sistema de seguridad social “debe responder a la realidad de las personas, a su condición económica, social y cultural, en especial de aquella población con limitada capacidad de pago y limitado acceso a la tecnología”.
“La obligación de pagar por la Pila, al no contemplar la edad, el nivel de bajos ingresos y habitar en zonas de limitado acceso a la tecnología, puede generar más cargas al Estado, por cuanto quienes pueden aportar a salud y no al sistema de pensiones, al ser excluidos pasarán a ser población no asegurada que demanda servicios de salud”, concluyó la Defensoría.
También se conoció desde este jueves al medio día que la Comisión Séptima del Senado, que trabaja temas relacionados con la seguridad social, citó al ministro Palacio a un debate de control político para que responda por los problemas que tuvo la logística para implementar el sistema.
“Yo quiero llamar la atención de quién va a responder por los niños, los enfermos y la gente que en un momento haya tenido calamidades en estos días por falta de atención en salud, ya que hubo al rededor de 500 mil colombianos que están por fuera del sistema de salud, no porque no quieran pagar, sino porque el espectáculo improvisado de la planilla se los impide", dijo el senador Milton Rodríguez, presidente de esa comisión. Él se comprometió también con presentar un proyecto de ley que exima del pago de pensiones a quienes ganan menos de dos salarios mínimos.
Además de todas estas críticas y observaciones contra la Pila, un grupo de caleños prepara una acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social para reclamar por el derecho a la salud, que perderán muchos colombianos por no tener ingresos suficientes ingresos para pagar obligatoriamente salud y pensiones.
Con todo esto, el ministro Palacios tendrá que dedicar más tiempo para defenderse. Ya no sólo por la Yidis-política, sino por no haber escuchado las insistentes observaciones sobre la implementación de la poco clara Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).
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