El escándalo por las declaraciones del senador Miguel Alfonso de la Espriella, quien reveló una reunión entre políticos y paramilitares antes de iniciarse oficialmente el proceso de paz con las AUC, tumbó en la tarde de este martes al primer funcionario de la administración Uribe. Se trata de Luis Carlos Ordosgoitia Santana, director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), quien admitió haber asistido a dicho encuentro en 2001.
En un comunicado, la Casa de Nariño explicó que el Presidente de la República aceptaba la renuncia ya que "ningún funcionario, sin autorización del gobierno nacional correspondiente, debe tener precedentes de reuniones con grupos ilegales, guerrillas o paramilitares, ni haber firmado con ellos documentos o compromisos".
A renglón seguido, pidió que el documento que firmaron los políticos y los jefes 'paras' "sea entregado a la justicia y revelado a la opinión pública de manera inmediata".
¿Pero quién este ingeniero cordobés que, en 2001, era congresista? Luis Carlos Ordosgoitia Santana se movió siempre entre los áridos temas de la infraestructura, dice que era un impulsor de escenarios utópicos para el país como la construcción de la paz. “Yo firmo comandante”, es la versión que hasta ahora se ha recogido de su reacción cuando los jefes de las AUC Carlos Castaño y Salvatore Mancuso les pasaron un documento con una iniciativa de los paramilitares.
Entonces este monteriano, de 47 años, casado, con tres hijos, Ingeniero Civil de la Universidad Gran Colombia, con algunos estudios en pavimentos y aspectos hidráulicos, y en ese entonces representante a la Cámara, fue uno de los más entusiastas al estampar su rúbrica.
Desde septiembre de 2004 se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco). La entidad fue creada bajo la primera administración del Presidente Uribe y su propósito es desarrollar obras de infraestructura en los que participa capital privado. La idea era fortalecer el programa de concesiones que anteriormente estaban repartido en tres entidades, Invías, Ferrovías y la Dirección General de Transporte Marítimo y Puertos. Es una entidad clave no sólo por lo que significa en términos de infraestructura clave para la competitividad del país, sino por que por allí se toman millonarias decisiones, que de hacerse de forma irregular beneficiaría por años a privados a costa del Estado.
Ordosgoitia fue la segunda persona que pasó por este puesto. Algunas de sus actuaciones han estado en el centro de la polémica, como la adición de obras al concesionario que ganó la construcción de la vía Bogotá- Girardot. Esa modificación a pocos meses de iniciado el contrato inicial, puede significarle a los privados incremento en los ingresos de 882.000 millones a 2,9 billones de pesos y aumentó el tiempo del contrato de 19 años hasta un máximo de 45. Aunque esta decisión fue explicada con proyecciones financieras adecuadamente realizadas, dejó en el aire una sensación de improvisación de la que resultó beneficiado un contratista.
Ahora su nombre vuelve a salir a la opinión pública luego de las declaraciones a El Tiempo de Miguel de La Espriella en las que reconoce una reunión con los jefes paramilitares Castaño y Mancusso en 2001. Mucho tiempo antes de iniciarse el proceso de paz con estos grupos ilegales. Dicha reunión ha sido interpretada por algunos como el momento donde gran parte de la clase política de la costa inició un proyecto político para estos grupos. Ordosgoitia ha dicho que su presencia allí y la firma de una polémica acta donde estaría plasmado dicho compromiso fueron la confirmación de sus “buenos propósitos por la paz”. Ese fue el único propósito que lo animó a firmar, argumentó.
En los próximos días se espera que el Gobierno nombre una nueva persona que ocupe el cargo de Ordosgoitia.
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