El debate programado para las cuatro de la tarde de ayer comenzó 40 minutos después. Tan sólo dos sillas del recinto del Senado estaban vacías. Había razones suficientes para que el aforo estuviera a tope. Se trataba del primer gran debate a la ley de Justicia y Paz después del fallo de la Corte Constitucional y de conocerse el decreto reglamentario expedido por el Gobierno.
Había, además, otro elemento de peso. La cita era convocada por la bancada del Polo Democrático. Aunque todos los reflectores apuntaban a su senador más caracterizado, Gustavo Petro. Él, como de costumbre, había venido aumentando la expectativa desde días atrás de lo que sería el debate. Para eso, había dicho que mostraría las nuevas pruebas sobre nexos que los grupos paramilitares han tenido con alcaldes, gobernadores y congresistas.
En el recinto del Congreso el debate ya tenía título: “El computador de Jorge 40”. En clara alusión al PC del ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Rodrigo Tovar Pupo y en que se revelan serios indicios sobre actividades relacionadas con el narcotráfico antes y después de su desmovilización (ocurrida el pasado mes de marzo); sobre la orden de asesinar a sindicalistas y funcionarios públicos; y acerca de las estrechas relaciones con políticos y gobernantes locales en varios departamentos de la costa norte del país.
Después de una extensa intervención de su compañero de bancada Luis Carlos Avellaneda, Petro arrancó con una grabación en la que conversan el representante a la Cámara Jorge Luis Caballero, con el concejal del municipio Zona Bananera Félix Sarmiento y el aspirante a la alcaldía de ese municipio del departamento del Magdalena, Fulgencio Olarte. Los dos últimos, diez días después del diálogo fueron detenidos por presuntos nexos con paramilitares por las autoridades. Para Petro era claro que Caballero sabía las actividades de los dos hombres y por eso conversaba con ellos.
Enseguida hizo referencia a información conocida por las autoridades hace seis años, donde se señalaba a Vicente Castaño como responsable de ordenar el asesinato de un grupo de fiscales que investigaban delitos ejecutados por varios integrantes de las autodefensas. “Pero resulta que su hermano, Carlos Castaño, fue el que impidió que esos crímenes se cometieran, y más adelante, el fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, le bajó el perfil a los mismos, los declaró insubsistentes y los retiró del cargo”, explicó el congresista. En otras palabras, el senador del Polo Democrático sentenció que durante la fiscalía de Osorio el poder de influencia del paramilitar Carlos Castaño era tan fuerte que se permitía tomar este tipo de decisiones.
Para el senador, ahí comenzaron a fraccionarse los procesos más importantes del país y, en consecuencia, a perderse todos los testigos. La masacre de Chengue está dividida en tres procesos y las investigaciones que se adelantan para establecer cómo se crearon los primeros grupos paramilitares en Antioquia se dividió en siete procesos. Cada proceso tiene un testigo, y a varios de ellos los han venido asesinando, según Petro. “Ahí hubo una acción premeditada de la Fiscalía para que el país no conociera la verdad”, agregó el congresista, quien lamentó que el fiscal Mario Iguarán no hubiera asistido al debate.
En efecto, él fue el gran ausente de la jornada. Un hecho sorprendente porque el debate giraba en torno a la aplicación de justicia sobre algunos de los hombres que han cometido las masacres más sangrientas en la historia reciente del país. Sin embargo, se excusó.
La Procuraduría tampoco salió bien librada de sus acusaciones. Petro aseguró que en el caso de la masacre de Macayepo (muy cerca de Chengue), ocurrida en el 2000, el Ministerio Público archivó la investigación disciplinaria contra funcionarios públicos que, por connivencia, permitieron el asesinato de varias personas en este municipio sucreño.
Cuando llegó el turno de la intervención del actual Procurador Edgardo Maya, este le respondió al congresista en un airado tono que pocas veces se le ha visto al titular de este organismo: “rechazo ante la sociedad toda sindicación de encubrimiento. Si algo puede presentar hoy la Procuraduría es la franqueza y autonomía para hacer su tarea”.
Congresistas investigados y proceso con AUC
Al terminar la intervención del congresista citante, llegó el turno para la defensa de los cuestionados por el Polo Democrático. El primero en hacerlo fue el senador del Partido Liberal, Jorge Luis Caballero, quien interpretó las grabaciones reveladas por Petro como conversaciones de tipo político que nada tenían que ver con delitos relacionados con el paramilitarismo. Su réplica dejó ver la profunda molestia por dichas grabaciones: “Yo no puedo aceptar semejante mentira y le pido el favor que deje sus prácticas guerrilleras… yo sé que usted fue un guerrillero de cafetería, pero cuando uno está una organización criminal debe responder por sus actos”, le dijo Caballero a Petro, quien es desmovilizado del M-19.
Minutos después los micrófonos se abrieron para Álvaro García, uno de los congresistas investigados penalmente por la Corte Suprema de Justicia (Ver “Corte Suprema abre proceso penal…”). El senador, del partido Colombia Democrática, dijo que las acusaciones de su colega del Polo no tenían fundamento. “Reto a Petro para que sea parte civil dentro del proceso que me llevan en la Corte Suprema, y que demuestre que soy un delincuente”, puntualizó el senador García.
A la plenaria del Senado también asistieron el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el ministro de Justicia y del Interior, Carlos Holguín, quienes debían hablar sobre el estado del proceso de paz con las AUC. Para seguir en la línea de los retos, Restrepo le puso uno al país. “Convoco a cualquier ciudadano que se haya desmovilizado a la fuerza que lo denuncie públicamente y ante las autoridades para que no sigamos hablando de presunciones”, dijo el Comisionado en referencia a las denuncias sobre falsos autodefensas que se desmovilizaron en el Cesar, contenidas en el computador de ‘.Jorge 40’.
Aunque estas discusiones de control político generan fugaces golpes de opinión en todo el país, lo importante es que los jefes desmovilizados cuenten toda la verdad sobre sus delitos. De lo contrario, las advertencias del senador Petro y del Procurador pasarán a ser una dolorosa realidad: pocos serán los reparados y los responsables de los crímenes terminarán perdonados en Estados Unidos.
Porque a juicio de Petro las fallas del proceso con las AUC han sido tan notorias que este puede desencadenar en este escenario. Los grandes jefes de las AUC optarán por irse a Estados Unidos donde tienen la posibilidad de negociar, el país se quedará sin saber la verdad de estos tiempos de violencia, nadie responderá a las víctimas y, lo peor, en el horizonte ya se divisa una nueva generación de ‘paras’ que seguirán con el narcotráfico y su ley de exterminio para quien se les atraviese. “Por eso, es que debemos corregir este proceso, aún estamos a tiempo. Para no volver a cometer los mismos errores”, sentenció Petro.
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