El Comité de Promotores del referendo que impulsa una segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe, presentó este lunes a la Registraduría más de 5 millones de firmas que respaldan la iniciativa. La Registraduría contará con un mes para verificar el número total de firmas válidas y nulas, y si si se ha cumplido o no con los requisitos legales exigidos para el apoyo de la solicitud de referendo.
La Ley establece que el número de firmas mínimo para llevar el proyecto de Ley al Congreso es el 5 por ciento del censo electoral, es decir 1.403.068 firmas. Con una alta dosis de previsión, los promotores de la reelección recogieron más de 3 veces la cantidad de firmas requerida, y las transportaron hasta el ente registrador en camiones blindados. “Por seguridad”, adujeron los promotores de la iniciativa.
Después del proceso de verificación de las firmas, el proyecto de ley para una tercera reelección presidencial llegará al Congreso con la impronta “urgente”. Por eso, de ser aprobado estará listo antes de finalizar este año para ser revisado por la Corte Constitucional. Dos meses después, la Corte deberá definir si la convocatoria a referendo es o no constitucional, de ser positiva su respuesta, entre mayo o junio el referendo se decidirá en las urnas.
¿Por qué tanto misterio con el origen de los recursos para la iniciativa?
La máquina pro- referendo comenzó la recolección de firmas el pasado 28 de abril de 2008. Hasta el momento el país ha conocido cómo fue el procedimiento: recolectores de firmas apostados en puntos estratégicos de distintas ciudades le preguntaron a los transeúntes si estaban de acuerdo con la reelección de Uribe, y si querían firmar. Sencillo. Pero lo que no sabe el país es de dónde salió el dinero para montar un andamiaje de tanta envergadura.
El vocero de Primero Colombia, el secretario del partido de La U, Luis Guillermo Giraldo hace unos días dijo a SEMANA que los gastos del referendo iban en unos 180 millones de pesos, sin contar los aportes en especie. Sin embargo, estas cifras no concuerdan con los pagos a las empresas contratadas para recoger las firmas. Una de las empresas temporales contratadas recibió al menos 400 millones de pesos por un millón doscientas mil firmas. Y si se tiene en cuenta que estaban dispuestos a contratar con 20 de estas empresas, se podría suponer que el referendo tuvo reservas presupuestales para pagar al menos 2.000 millones de pesos.
Aunque la Ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana autoriza desde el inicio del proceso de recolección de firmas, a cualquier persona, para “solicitar que se haga público el nombre de quienes hayan financiado la iniciativa, en dinero o en especie, por un valor superior a un salario mínimo mensual”, los organizadores se han mostrado renuentes a hacerla pública.
SEMANA pidió las cuentas de la financiación la campaña de reelección a varios de los promotores, quienes en reiteradas ocasiones se han negado a hacerlas públicas. Ellos aducen que las entregarán a la Registraduría “a su debido tiempo”, es decir 15 días después de la entrega de las firmas, cuando las certifique un notario público, como lo establece la misma ley.
Deja un sin sabor que la gente que masivamente salió a respaldarlos no pueda conocer con anterioridad de donde salió el dinero para la campaña, pese a que sea un derecho consagrado en la Ley. Si hay alguien que aporte a la campaña y está convencido de la causa reeleccionista, no se entiende cómo puede actuar en forma vedada.
¿Quiénes están detrás del referendo?
Hasta ahora como abanderado de la causa reeleccionista ha figurado el secretario del partido de la U, Guillermo Giraldo. Cuando se le pregunta por la participación del Presidente en la causa dice que ésta es una iniciativa a nombre “ciudadano”, que Uribe no tiene ningún compromiso con los promotores de la iniciativa. Sin embargo, no cuenta quiénes son los ciudadanos que promueven la iniciativa.
El comité de promotores pertenece a la asociación sin ánimo de lucro que se hace llamar Colombia Primero. Para el incauto, el nombre es familiar pues son las mismas palabras de la Asociación Primero Colombia, que fue promotora de primera campaña y la reelección de Uribe, y de la cual es Presidente Fabio Echeverri, quien se ha mostrado contrario a la reelección.
Colombia Primero nació en 2004. En su concepción fueron decisivos los hermanos Héctor y Fabio Echeverri. Este último se retiro en septiembre de ese mismo año. Una de las primeras empresas que en las que se embarcó fue el referendo para la primera reelección de Uribe. Luego de haber avanzado en el proceso desistieron tras haberse abierto el camino de forma expedita en el congreso. Según Héctor el grupo nació con la idea de hacer cursos de capacitación política. Pero personas que en algún momento han participado de él, dicen que ha sido un espacio paralelo al movimiento político de personas cercanas al sector empresarial, que comparten el ideario de Uribe, pero que prefieren mantenerse lejos de los avatares del proselitismo.
Por Colombia Primero han pasado reconocidos empresarios, abogados y personas de la vida pública. Varios de ellos ya se han retirado, como incluso es el caso de Héctor Echeverri, quién dice renunció el año pasado, aunque en enero aún figuraba en la Cámara de Comercio.
Una de las personalidades que más llama la atención, entre otras por que lleva varios años, es el ex ministro Luis Fernando Jaramillo, hoy presidente del Grupo Odinsa. Este último es el mayor conglomerado de constructores del país y que percibe la mayor parte de sus ingresos de cuantiosas contratos de concesión con el Estado.
Jaramillo dice que su participación en Colombia Primero es como ciudadano, y no como representante de este grupo. Que no debe extrañar su rol político pues esa ha sido gran parte de su vida. Aún así reconoce que en las oficinas de Odinsa se llevó a cabo al menos una reunión para buscar fondos para la campaña del referendo y ha tenido varias reuniones con Giraldo y el gerente de la campaña. Dice que el aporte económico de la empresa que preside es mínimo, y que incluso él lleva mucho tiempo sin estar en contacto con la campaña.
Entre los integrantes de la junta directiva de Colombia Primero figuran los nombres de Gustavo Dajer Chadid, quien fue presidente del Congreso y ministro de agricultura; Hernán Lara, un reconocido floricultor y cercano al sector petrolero; Miriam Donato de Montoya, ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura; Juan David Ángel, comerciante y miembro de la junta directiva de Fenalco; entre otros.
Así se compruebe una participación importante del sector empresarial en el proyecto de referendo que busca la reelección no hay nada de irregular en esto, pues la ley lo permite. Sin embargo, ante tanto misterio sobre la proveniencia de los recursos para un referendo que permita un tercer mandato de Uribe, se abre la pregunta por cuáles son los intereses y los interesados en otra reelección. Iniciativas como estas, por su carácter y lo que pueden significar para el país, no deberían dejar ni el más mínimo asomo de duda sobre su origen.
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