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| 8/30/2014 12:00:00 AM

Comando de transición

Las FFMM sí deben prepararse, como han venido haciendo, para los desafíos de la firma del Acuerdo.

Se desató una tormenta con el anuncio de una subcomisión para estudiar con las FARC lo relacionado con el desarme y la desmovilización. La razón: la presencia de miembros activos de las fuerzas militares y de la policía y la idea de que eso mancilla a las Fuerzas Armadas. Mi criterio es completamente el contrario.

El punto 3 de la agenda titulado “Fin del Conflicto” comprende la “dejación de armas” y el “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, ambos elementos que se consideran parte de un proceso integral y simultáneo. ¿Cómo hacerlo? Implica la decisión política, que es la que se negocia entre los plenipotenciarios del gobierno y de las FARC, y su aplicación, cuyos aspectos tanto en lo jurídico y en lo militar corresponde ser definidos por técnicos en la materia.

La participación de los militares y policías activos no es deliberación. Ésta se presenta cuando se participa en discusiones de tipo partidista o se busca defender posiciones políticas determinadas. Aquí no hay lugar a tal debate. Simplemente, se trata de resolver el problema que plantea cómo, cuándo, dónde y a través de qué mecanismos se puede llevar a cabo la desmovilización de las FARC y la entrega de armas, a la que el Secretariado públicamente se sigue negando.

Esa no es una tarea fácil. Se requiere conocer el territorio, la realidad de la confrontación, la distribución de aparatos armados, los mecanismos de control y verificación de las decisiones, los corredores de seguridad, los canales de comunicación y coordinación, la participación de la comunidad internacional, las medidas de protección que se deben adoptar para los desmovilizados, si existirán zonas de concentración, el registro y destrucción de armas, los niños reclutados, la información relacionada con campos minados, las redes de finanzas, el soporte logístico, en fin, una larga de lista de cuestiones que exigen la experticia de los miembros de las fuerzas armadas.

Siendo esa una realidad, es muy conveniente que se haya decidido institucionalizar el Comando de Transición. Independiente de que se llegue o no a ese fase, las FFMM sí deben prepararse, como han venido haciendo, para los desafíos de la firma del Acuerdo. Y deben hacerlo institucionalmente.

Hasta ahora el vínculo han sido los Generales Jorge Mora Rangel y Óscar Naranjo, garantía sin duda de transparencia y de tranquilidad para quienes están en el servicio activo. Pero ahora, la intervención directa de las Fuerzas Armadas es indispensable en el diseño de lo que en el escenario de posconflicto tendrán que asumir. 

Crear un “Comando de Transición” tiene la ventaja que deja bajo la línea de mando a quienes lo componen, significa que la cúpula de las fuerzas militares y de policía estarán informadas directamente por sus subordinados. Sirve para que las medidas que se dictaminen para hacer posible la desmovilización y el desarme tengan absoluto apoyo de la institución castrense. Esto es demasiado importante. Hay que asegurar que no haya lugar a confusiones y que lo que se decida en la instancia política se aplique rigurosamente. 

Estamos hablando del cese bilateral y definitivo de hostilidades, una cuestión muy delicada que si sale mal puede acabar con los acuerdos. Un asunto neurálgico del cual depende todo. En ese sentido, los soldados y policías se convierten en garantía de que los acuerdos con las FARC se cumplan. Además, lo dirige el General Javier Flórez, un magnífico oficial y quizás el que más tiempo ha estado en el más grande teatro de la guerra en el sur del país. Conoce muy bien las FARC y es un zorro viejo.

Ese es el papel que deben cumplir las Fuerzas Armadas. En virtud del principio de sujeción al poder civil, militares y policías ejecutan en el ámbito de su competencia decisiones políticas en el marco de la Constitución. No importa quién sea el presidente, lo que importa es que en el estado de derecho la razón por la que existe la fuerza pública es para garantizar los derechos ciudadanos y el orden constitucional.

Con la subcomisión no se iguala a militares y policías con terroristas, como no se igualó a los oficiales de las fuerzas aliadas de Francia, Reino Unido y Estados Unidos con la Wehrmacht, que agrupaba a las fuerzas armadas nazis, al someterse esta a los primeros. Saltará el camarada Márquez a decir que es diferente porque no es rendición, pero no puede negar que sea sometimiento a la Constit
ución y que finalmente lo que se acuerda es la disolución de las FARC, no de las FFMM y de Policía. 

Un dato final. Los militares que son los que conocen la guerra, mucho más que los políticos, han sido determinantes en los posconflictos. Por ejemplo, la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial, ligada a la política de contención y al telegrama largo, fue diseñada por George Marshall, quien fuera el Jefe de Estado Mayor del Ejército. El Plan Marshall es de inspiración político - militar. 

La polarización política entre el gobierno y la oposición riñe a veces con el sentido común. Menos pasión y más cerebro nos ayudaría mucho a que un Acuerdo con las FARC deje de ser una bandera electoral y se convierta en un propósito nacional. Eso sí, siempre y cuando no sea sinónimo de impunidad, se ajuste a los estándares internacionales de justicia, respete los derechos de las víctimas, permita establecer la verdad y no habilite a autores de crímenes atroces a participar en política, ni atente contra la integridad territorial y la propiedad privada.

Nota al margen: ¿En que quedó la calificación de FARC como una organización narcoterrorista luego de que el Uribismo afirmó que puso 400.000 votos en las elecciones presidenciales? Las FARC felices que sus más fuertes opositores las reconozcan en la práctica como un partido político. ¡Contradicción pendeja!

En twitter: @RafaGuarin
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