Dos represas y mil lecciones

Los campesinos le dan ahora la razón al pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. No fue el prometido desarrollo el que llegó, sino un olor nauseabundo cada vez que se abren las compuertas de la represa El Cercado y salen los esqueletos de los árboles que fueron cubiertos no en cuatro años, como estaba previsto, sino en tres meses. Además del insoportable hedor, llegó una nube de mosquitos que disparó los casos de dengue. La triste idea de tener que trasladarse de allí se está apoderando de mucha gente que ha podido resistir al desplazamiento de la violencia.

Cuentan que hace seis años, en la época en que Corpoguajira expidió la licencia ambiental, la gente sabía que el que hablaba o se resistía se iba, como nos contaron allá, al barrio de los acostados. En la zona había retenes de grupos armados ilegales, que atemorizaban a la población e impedían la entrada de alimentos. Y, en efecto, varios líderes importantes fueron asesinados.

Una historia similar ocurrió más al sur, por la cuenca del río Sinú en el departamento de Córdoba. Después de que se construyera y llenara la represa de Urrá, los pescadores de la parte baja del río tuvieron que hacer, con lloronas a bordo, un entierro simbólico del pescado bocachico, no solo la fuente de su economía, sino el centro de sus actividades sociales y familiares. Los indígenas Embera Katío también se quedaron sin la fuente de proteína que autónomamente conseguían y ahora dependen de unas indemnizaciones individuales pagas por la empresa, que han contribuido a fragmentar y debilitar a las comunidades y organizaciones.

La primera oportunidad de los indígenas, pescadores y campesinos de dar su opinión sobre Urrá se presentó en 1995, un año después de que se construyera la represa. Ello ocurrió en una audiencia promovida por la Defensoría del Pueblo que varios gremios empresariales intentaron bloquear. Luego, durante un proceso de consulta previa, que fue posterior a la construcción, fueron asesinados varios líderes indígenas por oponerse a la represa. Entre ellos, el conocido Kimy Pernía.

En el Cercado y en Urrá, la mayoría de actores aplaudieron la idea de que los proyectos traerían progreso a la región y al país. Pocos, salvo los indígenas y otros contados, se atrevieron a advertir que esos proyectos estaban anclados en un contexto ineludible de conflicto armado y en una naturaleza tan indomable como maravillosa que no se resiste a que la manipulen sin respeto y sin conocimiento.

La indiferencia frente a los contextos locales en la toma de decisiones sobre megaproyectos de aprovechamiento de recursos naturales persiste. Los mapas que se presentan para promover la inversión extranjera, como por ejemplo los del Open Round para la inversión petrolera, están literalmente en blanco. No muestran resguardos, territorios comunitarios o zonas ambientales protegidas.

En la retórica de las bases del Plan Nacional de Desarrollo tampoco se ve con claridad cómo se conjurarán los riesgos de que los rieles de las locomotoras pasen por zonas que están bajo la sombra de las presiones territoriales de actores armados y donde palpitan disputas no solo sobre las tierras y los recursos, sino también frente a visiones distintas de desarrollo.

Como resultado, al menos en represas, ya hay dos ejemplos de lo que no se debe hacer. Como forma reparadora para estos pueblos indígenas y comunidades, no deberían construirse nuevas represas en sus territorios contra su voluntad, como por ejemplo los Besotes y Urrá II (o Proyecto Río Sinú).

Y como forma reparadora para todos los pueblos y comunidades, debe partirse por reconocer que en un entorno de diversidad y riqueza envidiables, los megaproyectos potencialmente se pueden trenzar con las dinámicas de la violencia y pueden generar daños irreversibles que nadie, al menos del gobierno, está estudiando con detenimiento y que muy pronto nos podrán inundar.

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad