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| 12/3/2016 5:32:00 PM

El reloj de arena

Desde la celebración del Plebiscito el 2 de octubre pasado, han transcurrido hasta hoy 62 días, en los cuales el país ha estado montado en una vertiginosa “montaña rusa” de acontecimientos.

Después de un confuso ir y venir de declaraciones provenientes de voceros de las FARC y el Gobierno Nacional,  acerca de cuándo entraría en vigor el ahora llamado “Acuerdo del Teatro Colón” firmado el pasado 24 de noviembre, finalmente ambas partes hicieron público un comunicado en el cual establecieron que el primero de diciembre de 2016 sería considerado como el  “día D”, es decir,  la fecha a partir de la cual se inició la implementación de lo convenido, a través del desarrollo de un cronograma relacionado  principalmente con los siguientes temas: 1. El inicio de la desmovilización de las FARC a través de su tránsito hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, 2.  El “Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo”,  3. La “Dejación de Armas”, 4. La presentación de proyectos de ley y de reforma constitucional, cuyo trámite se haría con o sin “fast track”, dependiendo de la decisión de la Corte Constitucional,  5. La creación de una “agrupación política de ciudadanos en ejercicio, que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal”,  la cual debe ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral en cualquier momento a partir del día D, teniendo derecho a nombrar 6 voceros, 3 en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, con voz pero sin voto, para hacerle seguimiento a los desarrollos legislativos derivados del acuerdo.

Esta agrupación política transitoria, según lo explicaron voceros de ambas partes, no puede estar compuesta por guerrilleros, sino por “sectores sociales, juventudes, grupos étnicos y personalidades afines al proceso de paz para que de allí surja un movimiento que permita ir consolidando las bases de la participación en política de las Farc más adelante.”

Según lo acordado, el día D+180, o sea el 30 de mayo de 2017 si todo resulta de acuerdo con los tiempos pactados, se dará por terminado el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización   y también finalizará el “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo”, precedido por la entrega total de las armas, la cual está prevista para el día D+150, es decir, el 30 de abril de 2017. También para el día D+180 la agrupación política temporal creada por las Farc deberá convertirse en un partido político con personería jurídica.

Desde la celebración del Plebiscito el 2 de octubre pasado, han transcurrido hasta hoy 62 días, en los cuales el país ha estado montado en una vertiginosa “montaña rusa” de acontecimientos: ganó el NO, el Presidente fue nombrado premio nobel de paz, se abrió la posibilidad de hacer un nuevo acuerdo que desafortunadamente terminó siendo un “mal remiendo” del inicial, se volvió a firmar otro texto para la “paz estable y duradera” sin que existiera un verdadero consenso político nacional, este nuevo texto terminó siendo refrendado por el Congreso y no por el pueblo, abriendo una grieta enorme en nuestra institucionalidad y en el equilibrio de poderes,  finalmente hoy la Corte Constitucional tiene la responsabilidad histórica de decidir sobre el famoso “fast track” o vía rápida para reformar la Constitución, definiendo con su fallo si prima la voluntad popular, o si por  el contrario el Congreso,  en lugar de representar al pueblo, termina por remplazarlo.

Cuando se repasan las declaraciones de los voceros de las Farc, son ellos quienes ponen el ritmo de los acontecimientos, llevando a que todo debe ser “rapidito”. Si bien es cierto que las condiciones de seguridad de sus miembros son un factor delicado mientras no se implementen los acuerdos, son las propias Farc quienes han mantenido por más de 50 años un ejército irregular, por lo cual la responsabilidad de proteger a su gente recae principalmente en su “comandantes”, quienes afirman no haber dejado las armas precisamente porque no confían en el Estado para la protección de sus tropas. Lo cierto es que la “fecha fatal” del 31 de diciembre como día límite para el cese al fuego ya no existe, pues el desarme y la consecuente desmovilización empezaron a implementarse a partir del día D. Hoy las Farc no pueden continuar presionando al Estado para que implemente los acuerdos, sin que ellas mismas no empiecen a cumplir con sus propios compromisos y controlen a sus miembros frente a la tentación de seguir delinquiendo.

El país no puede seguir al ritmo de una minoría aun armada como son las Farc,  que mide sus propios tiempos con reloj de arena,  mientras presiona al Estado para que monitoreado con cronometro digital, haga todo de afán, forzando decisiones apresuradas de los poderes públicos en su exclusivo beneficio y sin visible contraprestación: ¿por qué presionar a la Corte Constitucional para que tome una de las decisiones más trascendentales de la historia de Colombia, arrinconándola con el argumento de que sin “fast track” no hay paz posible?, ¿por qué presionar al Gobierno para que en menos de seis meses  transforme buena parte de nuestra Constitución Política sin que el Congreso pueda cambiar ni siquiera una coma?, ¿será posible crear toda una nueva jurisdicción antes de junio del 2017 para que sus magistrados fallen “de afán” los procesos de la justicia transicional?, ¿será realista pensar que el día D+181, o sea el 31 de Mayo de 2017, ya las Farc están listas para ofrecer una alternativa política viable y sostenible para los colombianos?, ¿por qué razón, si a partir de la semana entrante las Farc van a tener 6 voceros en el Congreso, aun ni siquiera sabemos cuántos son sus miembros, sumando  guerrilleros y milicianos?, ¿ las Farc ya tendrán lista la información acerca de los bienes que van a entregar para reparar a las víctimas?, ¿ya tendrán  lista la información que van a entregar al Estado relacionada con el negocio del narcotráfico?.

Si en los términos que usa el propio acuerdo de paz, las Farc van a reincorporarse a la vida civil, económica y política del país, es indispensable que cambien su actitud de estar demandando y exigiendo todo “rapidito”, sin entregar nada a cambio. El país y sus instituciones deben asumir de manera responsable, legitima y sólida la nueva realidad que plantea la búsqueda de una paz verdaderamente estable, duradera, jurídica y políticamente viable, de manera que el gobierno que sea elegido en el 2018, no tenga que reversar todo aquello que termine siendo construido con afán, sin legitimidad y con cuestionable legalidad.

**Ex viceministro de justicia. Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. @ceballosarevalo

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