Bacrim

¿Se puede hablar de un “Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado” si únicamente lo suscribe las FARC? ¿Somos capaces de afirmar que se alcanzó la paz si no comprende al ELN? ¿O si no se consigue la desarticulación de las bandas criminales, Bacrim? ¡Complicado! La realidad de la violencia y de la presencia de esos grupos armados ilegales demuestra con claridad que no habrá paz, ni monopolio de las armas, ni imperio del estado de derecho en amplias franjas del territorio.

En algunas zonas las bandas son socias de las FARC en el narcotráfico. Se distribuyen las tareas. Unos protegen las zonas de cultivos de uso ilícito, otros son responsables del procesamiento del alcaloide, unos garantizan los corredores de movilidad para sacar la cocaína, mientras los otros proporcionan rutas. Donde la guerrilla puede prevalecer busca monopolizar el negocio, donde no tienen la fuerza, simplemente se convierte en socia de las Bacrim. Estructuras del ELN no se quedan atrás. La prueba de ese peligroso contubernio es la reciente masacre de 7 policías al sur de Córdoba.

Si se hace un “Acuerdo” hay que cumplirlo. Y dados los antecedentes históricos, una de las mayores preocupaciones de la cúpula guerrillera consiste en que una vez se desmovilicen y “dejen las armas”, esto es, se desarmen, sobrevenga una ola de violencia contra sus líderes y sus bases sociales, ya no tanto por motivos políticos, sino por el feroz apetito del negocio del narcotráfico. Es evidente que las Bacrim pretenderán copar las zonas claves en el tráfico de estupefacientes que hoy están bajo control guerrillero o en las que son socias con la subversión.

¡Esa intención se traducirá en masacres, asesinatos, amenazas, más violencia! Los líderes de las comunidades afectas a las FARC, los campesinos cocaleros, las organizaciones comunitarias existentes o las que se creen resultado de los “Acuerdos,” serían el objetivo obvio de aparatos armados del narcotráfico que necesitan que las cosas sigan igual. ¿A cuento de qué van a cesar su actividad criminal? ¿Por qué perder las zonas de cultivos? ¿Por qué negarse a colonizar nuevos territorios para la coca? ¿Por qué renunciar a controlar la infraestructura del narcotráfico construida por la guerrilla? Al fin y al cabo, si eso no lo captura una banda, lo hará otra,  con lo cual se desequilibra el peso de cada una en el negocio. Es cuestión hasta de supervivencia.

Una situación de ese tipo afectaría seriamente, si es que no anula, la posibilidad de cumplir lo que se ha pactado en materia de participación política o de “reforma agraria integral”. Sin seguridad no existe ninguna posibilidad de que se cumplan los “Acuerdos” y en cambio sí de que surja un conjunto de situaciones que impulse al retorno a las armas de los desmovilizados.

La respuesta aparentemente es de perogrullo: el Estado debe desarticular esos grupos, perseguirlos y erradicarlos. Pero la realidad no es igual. Según las estadísticas del Ministerio de la Defensa entre el 1 de enero del 2009 y el 30 de julio del 2014, cinco años y medio, han sido neutralizados, esto es, muertos y capturados, 20.302 individuos, un poco menos de tres veces el número de integrantes encuadrillados de las FARC.  A marzo de 2014 la misma fuente registra 3.410 individuos activos que corresponden a tres Bacrim. Los Rastrojos con 460, los Urabeños, rebautizados Clan Úsuga, con 2.650 y el Erpac con 300 miembros.
 
Hay dos formas de ver las cifras. Demuestran la eficacia contra esas organizaciones, lo cual no es cierto si se cruzan con el número que efectivamente ingresaron a la cárcel y menos con los que son condenados. Y la segunda, resalta que la capacidad de reproducción de esos grupos es proporcionalmente comparable a la de la guerrilla, con la ventaja de que son mucho más flexibles y actúan en red. Las fuentes de enrolamiento se mantienen, el contexto social en que éste se presenta sigue intacto y además cooptan estructuras delincuenciales, sea por la fuerza o por la participación en los negocios ilícitos. La estrategia contra las Bacrim se quedó corta.

Lo cierto es que tales bandas constituyen la principal amenaza a los “acuerdos de paz” y, se quiera o no, la Mesa de La Habana deberá considerar mecanismos que permitan su desarticulación. El Marco Jurídico para la Paz incluye a todas las partes en el “conflicto armado” y conforme al Derecho Internacional Humanitario algunas de esas bandas cuentan con el nivel de hostilidad y de organización que les confiere dicha calidad, o pregunten al Comité Internacional de la Cruz Roja.

No se requiere que un grupo posea propósitos políticos. La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional que conoció las atrocidades perpetradas en la antigua Yugoslavia reconoció que en un conflicto interno pueden ser “parte” organizaciones puramente delincuenciales. Y la Corte Constitucional aceptó como víctimas también a las ocasionadas por las Bacrim, en el mismo plano que las producidas por las guerrillas. Y la norma constitucional establece la posibilidad de un trato diferenciado para las “partes”.

No se trata de dar carácter político a mafiosos puros, tampoco de plantear un proceso de negociación similar al que se adelanta en Cuba. Razones históricas, sociales, organizativas y de conveniencia sustentan esa distinción. Es conveniente abrir un debate sobre cómo conseguir el desmantelamiento de las Bacrim en una coyuntura en la que hipotéticamente se alcance un “acuerdo de paz” con las FARC y ojalá con el ELN.

¡Hay que atreverse a pensar lo impensable! Se debe discutir qué instrumentos derivados del Marco Jurídico para la Paz pueden servir para el sometimiento a la justicia de las Bacrim. Esa es la opción. La otra, exponerse a que se vayan a pique los potenciales “acuerdos” en virtud de que esos grupos armados busquen ocupar el vacío dejado por las guerrillas.  Al final no tendríamos la “paz”, pero sí bandas criminales multiplicadas en tamaño y con más capacidad criminal que las actuales FARC. Las condiciones en el país lo permiten.

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