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En España, no en Colombia y como resultado de cuatro años de guerra civil y 40 de dictadura franquista. Pero solamente ahora, después de 30 años de gobiernos democráticos, España decide encarar la verdad y elaborar una lista de personas fusiladas o desaparecidas durante esa época. Léase bien: esto sucede 70 años después de ocurridos los hechos y luego de 30 años de democracia y olvido ¡Sobra decir que a estas alturas no ha sido procesado ningún responsable y, peor aun, ni siquiera se ha abierto una sola investigación preliminar!
Desde una mirada colombiana y actual esto puede sonar escandaloso, pues contrasta con lo que aquí en buena hora estamos haciendo para investigar y castigar los crímenes de los grupos paramilitares. En efecto, inmediatamente después de la desmovilización voluntaria de esos grupos, buena parte de los responsables de fusilamientos, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad han sido encarcelados por el Estado colombiano y están compareciendo ante los tribunales para confesar la verdad de sus crímenes atroces. Y luego de sólo tres años de aplicación de nuestra tan criticada Ley de Justicia y Paz, nuestra Fiscalía ha realizado 1.424 diligencias de versión libre a paramilitares desmovilizados, ha exhumado 1.328 fosas, ha encontrado 1.628 cuerpos y ha identificado 493. Labor imprescindible para recuperar la verdad y castigar a los responsables.
Pero si ese contraste entre Colombia y España parece extraño, prepárense para algo más exótico. A diferencia de nuestro caso, en el que hay un consenso nacional para esclarecer la verdad, en España una porción significativa de la sociedad, algunos partidos políticos como el Partido Popular y la misma Iglesia católica, son reacios a que se investigue y esclarezca el pasado, judicialmente hablando. Por eso, aun cuando se conoce la ubicación de decenas de fosas comunes que contienen los restos de miles de fusilados o desaparecidos, allá hay un intenso debate sobre si se deben o no exhumar esos restos para hacer las identificaciones y las investigaciones pertinentes. Para empezar, los familiares del poeta Federico García Lorca se han negado a que se realice la apertura de la fosa donde se supone que yacen sus restos, junto con los de otros fusilados. Quienes se oponen a las investigaciones dicen que hacerlo podría volver a abrir las heridas de la violencia; quienes están a favor replican que no se puede abrir lo que nunca se ha cerrado.
Pero la situación es aun más complicada. Resulta que no es seguro que sea posible adelantar procesos penales contra los eventuales culpables de esos crímenes, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el archivo de las denuncias argumentando que esos crímenes, que considera delitos comunes, han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Pero el Ministerio Público sostiene que esa Fiscalía no tiene competencia para decidir, puesto que no se trata de delitos comunes sino de crímenes de lesa humanidad, que nunca prescriben. La discusión está servida.
Por su parte, el gobierno socialista español mantiene una posición ambigua y no se compromete a nada. Ha abdicado a favor de asociaciones civiles sus obligaciones legales relacionadas con la exhumación de decenas de enterramientos clandestinos. Una forma de salir del embrollo político en que se metió al aprobar la Ley de Memoria Histórica. Así que para que esta Ley no se convierta en un "brindis al sol" ya hay quienes en España plantean que la única salida es declarar nula la Ley de Amnistía de 1977, tal y como se hizo con leyes similares en Argentina, Chile y Perú, con el fin de esclarecer la verdad. Según el magistrado José Antonio Martín Polín, son varias las resoluciones de organismos internacionales que afirman que las amnistías a crímenes contra los derechos humanos son radicalmente nulas.
Una larga tarea tiene pues por delante el juez Baltasar Garzón, quien parecía hasta ahora bastante desocupado en su propia tierra lo que, junto con su inmenso ego, lo llevó a tratar de constituirse en juez universal, al pretender impartir justicia a argentinos, chilenos y colombianos, entre otros nacionales. Por lo pronto, nos lo vamos a quitar de encima durante un buen rato ya que tiene en España 143.353 casos pendientes por resolver. Claro, cuando quiera le podemos ayudar diciéndole cómo hacerlo. No faltaba más.
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