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Es una lástima que las trampas de un puñado de avivatos hayan provocado el escándalo que ha desprestigiado un excelente programa para desarrollar y modernizar el campo colombiano. Pero esos tramposos no pueden ocultar el hecho de que 316.000 familias campesinas honestas se han beneficiado de ese programa.
En efecto, la ley Agro Ingreso Seguro (AIS) es una buena ley, ambiciosa y necesaria, que busca hacer más productivo y competitivo nuestro sector agrícola, además de expandir nuestra frontera agrícola, pues de 25 millones de hectáreas potencialmente cultivables que tenemos, sólo estamos utilizando cinco millones. Y a quienes critican sin conocer, hay que explicarles que esa ley tiene cuatro programas: de crédito barato y amplio plazo, que ya apalancó 81.000 proyectos, de los cuales 73.000 son pequeños proyectos campesinos, a los que apoyó con 325.000 millones de pesos; de incentivo a la capitalización rural, que apoya 22.000 proyectos, con 144.000 millones de pesos; de riego y drenaje, que financia 468 proyectos por 245.0000 millones de pesos, y ha beneficiado a 58.000 familias, y de asistencia técnica, que apoya a 77.000 familias campesinas con 23.000 millones de pesos.
Los subsidios a pequeños, medianos y grandes productores agrícolas existen en muchos países del mundo. La Unión Europea y Estados Unidos gastan 1.000 millones de dólares diarios en subsidios agrícolas. Según The Economist, el año pasado la Unión Europea entregó 150.000 millones de dólares a sus productores agrícolas; Japón, 41.000 millones; Corea del Sur, 19.000 millones, y México, 6.000 millones, entre muchos otros países. Ese mismo año Francia entregó al príncipe Alberto II de Mónaco 500.000 euros para sus campos de trigo; JB Boswell, el mayor productor de algodón del mundo y el más grande agricultor de Estados Unidos, ha recibido 10 millones de dólares en subsidios; en Europa cada año subvencionan con 760 euros al propietario de cada vaca, o sea dos veces el valor de una vaca en Colombia; en Estados Unidos el 70 por ciento de los subsidios al algodón lo recibe el 10 por ciento de los productores.
El Instituto Internacional de Estudio de Políticas Alimentarias (Ifpri) estima que los subsidios agrícolas de la Unión Europea afectan las exportaciones de los países en desarrollo en 20.000 millones de dólares al año, los de Estados Unidos en 11.000 millones, y los de Japón en 5.000 millones. También calcula que si se eliminaran esos subsidios, se podrían triplicar las exportaciones agrícolas de los países pobres. Pero los gobiernos de los países desarrollados se niegan a eliminarlos porque con esos subsidios protegen a sus productores para enfrentar malas cosechas, les facilitan acceder a la tecnología y aumentar su productividad, y les estabilizan sus ingresos. Esos enormes subsidios les permiten vender sus productos por debajo del costo de producción, y esto saca del mercado a los productores de los países pobres que no tienen esos subsidios, impidiéndoles crecer o arruinándolos.
Durante años nos defendimos de esa competencia desigual con altos aranceles y nuestros escasos subsidios agrícolas. Pero la globalización nos obliga a suprimir los aranceles y entonces la única opción es aumentar nuestros subsidios para mejorar nuestra productividad, ser más competitivos y poder enfrentar la competencia abierta de los productos subsidiados de los países desarrollados.
Aquí nos estamos jugando la suerte del campo colombiano. No se trata, como por ignorancia o mala intención lo han presentado algunos opositores, de "regalarles plata a los ricos", o de devolver favores electorales. Esta es una visión miope, distorsionada y provinciana, que no alcanza a apreciar el tamaño del reto que tendrá que enfrentar el campo colombiano en los próximos años. Los subsidios a los productores existen desde hace décadas en Colombia, y todos los gobiernos los han utilizado. Hay doble moral en ex funcionarios de anteriores gobiernos que ahora critican esos subsidios como si fueran una invención de este gobierno. Pero ninguno de ellos los criticó entonces, ni renunció a su cargo porque el gobierno al que servía "les regalaba plata a los ricos".
Hay que insistir en que el estudio de los proyectos y la asignación de los subsidios de AIS no los hace el gobierno ni los funcionarios gubernamentales, sino el prestigioso Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), adscrito a la OEA, que es plena garantía de transparencia y pulcritud técnica . El hecho de que el Iica haya sido burlado por avivatos en unos cuantos proyectos no debería ser el pretexto para satanizar un programa que debe continuar, porque el campo colombiano lo necesita. Pero esto es demasiado pedir a una oposición irracional, que ante la falta de apoyo popular, hoy está de fiesta con el escándalo.
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