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Opinión

  • | 2017/04/11 11:38

    Sin verdad ni justicia ni reparación, así estamos los familiares de diputados del Valle

    Es muy triste para mí, como colombiana que ha defendido la paz y la reconciliación en nuestro país, tener que decir que por estos hechos ocurridos hace 15 años no se asumieron las responsabilidades por parte de todos los actores involucrados.

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Ese 11 de abril de 2002, hoy hace 15 años, -minutos después de confirmar que mi hermano Francisco Javier había sido secuestrado por las Farc y que “los militares” que él me acababa de decir por celular que lo estaban evacuando eran guerrilleros que se lo llevaban para siempre-, como pude organicé mis ideas, me llené de valor y me dirigí al Gaula para pedirle me orientara en lo que debía hacer. Ellos me aseguraron que los tenían rodeados y que podía estar tranquila pues en 48 horas los diputados estarían de regreso en el seno de sus hogares. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron rescatarlos si los tenían rodeados?

Quince años después de ese fatídico 11 de abril, fecha que quisiera borrar para siempre de mi memoria, las Farc aún no terminan de narrar todo lo sucedido, los demás actores involucrados no han asumido su responsabilidad y no hay un compromiso de TODOS con la NO REPETICIÓN. Tampoco se ha concretado indemnización alguna, ni por daños morales, ni por el lucro cesante, ni por el seguro de vida de los diputados del Valle del Cauca.

El Acto Temprano de Reconocimiento de Responsabilidades de las Farc, realizado por el Gobierno Nacional el pasado 3 de diciembre en Cali, sólo fue un primer paso en el camino de la reconciliación y el perdón por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la vida y la libertad de los Diputados del Valle del Cauca. No obstante, aún no conocemos toda la verdad de lo sucedido: no sabemos quiénes fueron los milicianos e informantes que contribuyeron con la planeación del secuestro, tampoco conocemos quienes fueron los carceleros, ni quienes participaron en el asesinato, alias el Grillo, quien ordenó asesinarlos no ha dado la cara, entre otras muchas cosas que no se han aclarado. Queremos que se reconstruya la memoria de los diputados, los años que no estuvieron con nosotros. Esto no con animo de retaliación, ni de venganza, sino para conocer lo sucedido, para que las próximas generaciones lo sepan y que nunca más se repita.

El Gobierno Nacional adquirió el compromiso “de apoyar la realización de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más.” Así quedó consignado en la pagina 178 del Acuerdo Final suscrito el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá D.C.

Por consiguiente esperamos que el Estado colombiano nos informe por qué no atendió la solicitud de aumentar las medidas de seguridad que hicieron por escrito los diputados, días antes del secuestro. Los diputados fueron conscientes de su vulnerabilidad, lo advirtieron, pero el Estado no tomó las medidas pertinentes. El secuestro de los diputados se hubiese podido evitar si el Estado  actúa oportunamente cuando se lo solicitaron.

El Gobierno Nacional fue sordo ante el clamor de los diputados, familiares, amigos, comunidad nacional e internacional, quienes por 5 años suplicaron por un Acuerdo Humanitario, diseñado y planeado estratégicamente con el apoyo de los Gobiernos de Francia, Suiza y España. Acuerdo que sólo tomaría 45 días llevarlo a cabo: 15 días para verificar las condiciones de seguridad del área, 15 días para negociar y 15 días para la entrega. Hubo pronunciamientos a favor de la ciudadanía, gobernantes nacionales, Congresistas Demócratas de EEUU, Departamento de Estado de los EEUU, Comisión Interamericana de DDHH de la OEA.

Ese Gobierno que se opuso rotundamente al Acuerdo Humanitario nunca presentó  alternativa alguna para salvaguardar la vida y la libertad de esos doce ciudadanos colombianos como era su obligación. No diseñó, ni planeó, ni ejecutó ninguna acción de rescate militar exitosa, como sí lo hizo en el caso de la doctora Ingrid Betancourt, los contratistas norteamericanos y los militares, rescatados por medio de la Operación Jaque. Ni autorizó una intermediación política, como en el caso de otros políticos que fueron liberados gracias a los buenos oficios de la ex - congresista Piedad Córdoba, quien actuó con el aval y bajo la coordinación del Presidente de la República.

Vale la pena recordar que el 3 de diciembre de 2016 el Gobierno Nacional y las Farc adquirieron los siguientes compromisos con los familiares de los diputados. Compromisos que HASTA LA FECHA NINGUNO HA CUMPLIDO: “Para la reivindicación de la memoria de nuestros familiares que propendieron por la libertad de los secuestrados, el respeto a la vida y la reconciliación entre los colombianos exigimos:

1. Se dé a conocer sin más dilación la suerte de los desaparecidos por las Farc. Se narre la verdad amplia, exhaustiva y detallada sobre los hechos que rodearon el secuestro y asesinato de los diputados con sus autores materiales e intelectuales, así como colaboradores e informantes.

2. Que el reconocimiento de responsabilidades y solicitud de perdón no sea sólo para los familiares, sino también para la Asamblea Departamental Del Valle del Cauca como institución de la democracia colombiana agredida y para la sociedad vallecaucana a quienes los diputados representaban.

3. Se den a conocer los detalles de los cinco años y medio del cautiverio de los diputados con el fin de reconstruir su memoria.

4. Se haga un mural de los 12 diputados y el Subintendente Carlos Alberto Cendales que quede plasmado para siempre en la Asamblea

5. Para contribuir a la plena satisfacción de nuestros derechos le exigimos al Estado Colombiano reconocer su responsabilidad por no haber garantizado la seguridad de los diputados que fueron secuestrados, a pesar de haber solicitado días antes se reforzará la seguridad de la Asamblea, no haber logrado su liberación a través de un rescate militar exitoso como en el caso de Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio, ni tampoco haber facilitado una negociación que permitiera su liberación como en el caso de los demás políticos que regresaron sanos y salvos.”

Esperamos pues que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición instalada en este mes, contribuya al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los diputados del Valle del Cauca, ofrezca una explicación amplia de la complejidad de lo relacionado con estos hechos; contribuya al establecimiento de las responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en ellos; cree espacios de diálogo para oír las diferentes voces de quienes fueron testigos de lo sucedido: como víctimas, ciudadanos, campesinos, habitantes de las zonas relacionadas con los hechos. Promueva el reconocimiento del impacto humano, social y político ocasionado por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca, el impacto en el funcionamiento de la democracia de esos años en el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado. Establezca los factores y condiciones que facilitaron el secuestro de los diputados, que los mantuvieran en esta condición por más de 5 años para luego asesinarlos cobardemente.

Es muy triste para mí, como colombiana que ha defendido la paz y la reconciliación en nuestro país, tener que decir hoy, que 15 años después del secuestro de los Doce Diputados del Valle del Cauca, no se asumen las responsabilidades por parte de todos los actores involucrados, no se ha hecho justicia, no se conoce toda verdad, ni tampoco se ha concretado ningún tipo de reparación, cuántos años más tendremos que esperar?

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