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Opinión

  • | 2012/06/23 00:00

    ¡A derrotar al Congreso!

    Es necesario mantener la idea de un referendo revocatorio hasta que esté claro que las pretensiones del Congreso han sido derrotadas.

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La opinión pública y la ciudadanía le están cobrando caro al Congreso el gran abuso que significa la reforma de la Justicia. Todo había sido tan impresionante, todo había sido tan vergonzoso, todo había sido tan justo, que era impensable que los parlamentarios, los partidos y el gobierno se atrevieran a meterle la mano a la manera

de juzgar a los congresistas. Es un caso de corrupción y barbarie único en el mundo. Desafío al más informado de los congresistas a que me diga si hay un caso igual.

Más de 100 parlamentarios han sido involucrados por la Justicia en alianzas con fuerzas mafiosas que golpearon la democracia y sembraron de horror las regiones de Colombia. Sangre y más sangre para obligar a las comunidades a votar por determinados candidatos, fraude y más fraude para llevar al Parlamento una representación asombrosa de los ilegales. Más de la tercera parte del Congreso. Eso no ha ocurrido en ningún lugar.

Enfrentados a la Justicia una parte importante aceptó los cargos. A otros se les ha vencido en juicio. Un buen número está aún en proceso. Algunos quedaron libres porque no se les pudo probar la responsabilidad, pero los indicios daban para iniciar la investigación. No hay un solo caso en el que se haya demostrado mala fe o montaje de la Corte Suprema de Justicia para llevar a la cárcel a un parlamentario. Solo los cuestionamientos lógicos de los implicados y de sus aliados políticos.

Tenía que ser así. Es un sistema de alta justicia y privilegio que difícilmente puede fallar. A los ciudadanos comunes y corrientes nos corresponde que un fiscal, la mayoría de las veces joven e inexperto, nos investigue, ordene la detención y formule cargos. Luego de un proceso de acusación y defensa asistimos a la sentencia de un juez. Es así de simple. Nuestro recurso es la segunda instancia.

En cambio a los parlamentarios los investigan y los juzgan magistrados que llevan 30 años o más en la Rama Judicial, que han escalado una a una las dignidades de la Rama, que están culminando su carrera y les interesa o les debe interesar cerrar con broche de oro su largo ejercicio profesional. Los juzga, en única instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un organismo colegiado que obligatoriamente reúne a juristas de diversas vertientes ideológicas y políticas. Todas esas garantías se les dan a los parlamentarios porque se supone que ellos son personas especiales que han llegado a la cima de la política por sus cualidades intelectuales y morales. La sabiduría democrática quiere protegerlos de excesos y de sesgos. Quiere que no sean maltratados.

El sistema funcionó bien. Los resultados están a la vista. La Corte Suprema que operó entre 2002 y 2010, y de la cual ya han salido 17 magistrados para dar paso a una nueva generación, se jugó hasta la vida para salvar la democracia de una cadena de políticos que en franca traición a la institucionalidad democrática se asociaron con fuerzas ilegales. Empezó la tarea. Ahora le corresponde a la nueva Corte continuarla en un ambiente en el cual reventarán nuevos casos con la intervención que ha iniciado la justicia norteamericana.

El país no puede permitir que mediante la instauración de nuevas instancias y la redefinición de las etapas del proceso a los parlamentarios se escamotee la campaña de limpieza a la política. La reacción de los medios de comunicación y los columnistas de opinión, la expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales, han logrado que el presidente Santos devuelva con objeciones al Congreso la reforma y le han dado un aire a la Corte Constitucional para que asuma el control del acto legislativo. No basta con ello. Es necesario mantener la idea de un referendo revocatorio hasta que esté claro que las pretensiones del Congreso han sido derrotadas.

Los magistrados deberían contribuir a que esto ocurra. Están en la obligación de rechazar el regalo envenenado que les ha enviado el Congreso al aumentar su periodo. Tienen que mantener la dignidad. Ya algunos lo han hecho. Eso los honrará para siempre. n
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