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Opinión

  • | 2006/06/24 00:00

    ¿A Dios lo que es del César?

    “La Iglesia católica tiene derecho a proponer un referendo para penalizar el aborto. Pero debe hacerlo presentando la cuestión como lo que es: una acción política adelantada por un grupo de presión como cualquier otro”, opina María Paula Saffón.

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Primero fueron las cartas de cientos de niños impulsadas por las autoridades eclesiásticas y dirigidas a la Corte Constitucional, solicitándole que impidiera que las “mamitas” mataran a sus bebés. Luego vino la amenaza de ex comunión a los magistrados de la Corte Constitucional que decidieron despenalizar el aborto en ciertos casos excepcionales, así como de todos aquellos que pusieran en práctica la decisión de la Corte. Ahora, en un gesto que no deja de parecer desesperado, el presidente del Tribunal Eclesiástico, Libardo Ramírez, propone que la Iglesia adelante un referendo para revivir la penalización del aborto en todos los casos. Y algunos rumoran que, además, la Iglesia está detrás de la apertura de un proceso para anular la decisión tomada por la Corte.

Todas estas actuaciones de la Iglesia parecen contrariar una de las más famosas enseñanzas del propio Jesucristo, según la cual, “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, pues se empeñan en interferir en las decisiones jurídicas y políticas de un país en el que, al menos en la Constitución, existe una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Pareciera ser que la Iglesia quiere volver a aquellos tiempos premodernos en los que tenía una relación privilegiada con el Estado, relación que en el caso de Colombia duró bastante más de la cuenta, como resultado de la vigencia de la Constitución de 1886 hasta finales del siglo XX.

Lo problemático de esta interferencia de la Iglesia en asuntos del Estado no consiste en que aquella haga política, cosa que ha hecho, creo, desde su surgimiento en el siglo I después de Cristo. El problema es que lo haga haciendo pensar a la gente que las discusiones que adelanta en el foro público no son discusiones políticas, sino religiosas, y que las posturas que allí se adoptan o bien son conformes a la fe católica, o bien la contradicen.

Y es que para la postura ortodoxa de la Iglesia, tan bien defendida por el actual Papa y por prelados del calibre de los cardenales Pedro Rubiano o López Trujillo, no hay puntos medios; todo es una cuestión de blanco o negro: bueno o malo, santo o pecador y, en el caso del aborto, madre respetuosa de la vida o mamita asesina. Además, para esta postura la dicotomía no se restringe a los asuntos religiosos, sino que se extiende a los asuntos del mundo terrenal y, en particular, a los estatales.

Para los monseñores Rubiano y López, no basta con aplicar la sanción divina –la culpa, el estado de pecado, incluso el infierno– a aquellos que decidan abortar. Es necesario que el aborto sea sancionado con cárcel y que dicha sanción se aplique tanto a católicos como a miembros de otras religiones, incluso a los agnósticos y a los ateos. Además, seguramente es necesario, según los últimos anuncios de la Iglesia, que el pueblo católico vote –so pena, supongo, de algún castigo– por la penalización del aborto, en el evento de que el referendo propuesto sea convocado.

Así, paradójicamente, la Iglesia no concibe la posibilidad de que haya católicos creyentes que, siguiendo la enseñanza de Cristo, tomen las decisiones que dependen de su fuero íntimo con base en sus preceptos morales, pero no busquen aplicar autoritariamente dichos preceptos morales al resto de la sociedad. Un ejemplo de estos católicos es el de algún magistrado de la Corte Constitucional que, a pesar de ser creyente y practicante del catolicismo, hubiera optado por tomarse en serio la separación entre la Iglesia y el Estado y, en consecuencia, hubiera votado a favor de la despenalización del aborto en ciertos casos excepcionales. En este caso, la decisión de este magistrado no significaría de manera alguna que él esté a favor de la práctica del aborto, ni que él participaría en un aborto. Significaría, simplemente, que, a pesar de sus creencias morales, el magistrado considera que las personas deben estar en la libertad de decidir si abortan o no, y que la sanción por una conducta respecto de la cual hay tanta discusión sobre su corrección o incorrección debe ser exclusivamente moral. Sin embargo, a pesar de que dicho magistrado se seguiría considerando un católico practicante, los prelados de la Iglesia lo señalarían como un traidor o enemigo del dogma, de la misma manera que hace 10 siglos señalaban como traidores a los que no participaban en las cruzadas y se abstenían de matar ‘infieles’.

Creo que la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto fue un golpe duro a las pretensiones de la Iglesia de continuar manipulando los asuntos políticos y jurídicos como si se tratara de asuntos morales. Sin embargo, lejos de aprender la lección y de dedicarse a enseñar a sus feligreses cómo actuar de acuerdo con la ley moral, sin intentar imponérsela a quienes no quieren actuar de esa manera, la Iglesia se empeña en actuar como si ella y el Estado buscaran los mismos intereses. Y ello resulta insostenible en un Estado laico, que respeta la pluralidad de creencias religiosas, morales y políticas de los ciudadanos.

Por ello, si bien como cualquier grupo de presión la Iglesia católica tiene derecho de adelantar acciones políticas como la de proponer un referendo para lograr la penalización del aborto, debe hacerlo presentando la cuestión como lo que es: un asunto político frente al cual tanto católicos como no católicos pueden votar democráticamente según su criterio, y aceptando la posibilidad de que ciertos católicos estén moralmente en desacuerdo con la práctica del aborto, pero no por ello admitan la necesidad de que la misma sea castigada con pena de cárcel.

* El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org), antes DJS, fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.
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