06 agosto 2011

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¿A la medida?

Por Daniel CoronellVer más artículos de este autor

OPINIÓNEl decreto es de carácter general, en apariencia, pero los favorecidos son pocos, y entre ellos está una firma cuyos intereses defendía, como particular, el ministro de Hacienda.

¿A la medida?.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, firmó un decreto que beneficia directamente a una empresa a la que él estuvo vinculado. Desde el pasado 10 de marzo no tienen que pagar el 4 por mil las compañías que ejecutan operaciones de factoring, siempre y cuando sean sociedades vigiladas por la
Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria.

El decreto, que consagra privilegios fiscales para unos particulares, tiene tres características. Primero, no son muchas las empresas que cumplen con las condiciones exigidas para hacerse a la exención. Segundo, entre los selectos beneficiarios de este medida están las firmas corredoras de bolsa con actividades de factoring. Y tercero, hasta unos días antes de posesionarse en su cargo, el ministro era miembro de la junta directiva de una de las empresas que encuadra perfectamente en las exigencias del decreto.

Juan Carlos Echeverry, reconocido economista, en uso de su libertad profesional prestaba su concurso como particular a varias compañías antes de ser nombrado en la cartera de finanzas del país. Una de esas empresas era la firma comisionista Interbolsa S.A., que tiene el factoring entre sus líneas de negocio.

Los accionistas de esa compañía decidieron nombrarlo miembro principal de su junta directiva en 2008. En ese directorio permaneció hasta el 21 de julio de 2010. Es decir 16 días antes de asumir el ministerio y casi un mes después de que el presidente electo anunciara su nombramiento.

Habían transcurrido siete meses desde su posesión, cuando el ministro Echeverry aprobó el decreto 660 que tiene por objeto "precisar para efectos del Gravamen a los Movimientos Financieros la naturaleza de los recursos que se giran al Tesoro".

Como resultado de esa "precisión" resultó favorecido con el no pago del 4 por mil en operaciones de factoring un puñado de empresas entre las que está Interbolsa, la sociedad que Echeverry codirigió hasta cuando se convirtió en ministro.

Interbolsa y otras cuantas compañías quedan en evidente ventaja para prestar servicios de factoring frente a competidores que no estén cobijados con el beneficio de la exención. Por una decisión gubernamental se acaba el equilibrio de un mercado, otorgando privilegios a unos actores en detrimento de otros (y del patrimonio público, de paso).

El conflicto de intereses salta a la vista. La medida es de carácter general, en apariencia, pero los favorecidos son pocos y entre ellos está una firma cuyos intereses defendía, como particular, el ahora ministro de Hacienda.

Para evitar esta controversia y despejar dudas habría bastado con que se hubiera declarado impedido para cualquier trámite o decisión que pudiera interesar a esa compañía.

Los conflictos de intereses no menoscaban la integridad de una persona que ocupa un cargo público. Es apenas normal que profesionales calificados hayan tenido negocios con empresas relacionadas con el sector que después llegan a administrar.

Lo que no es aceptable, para alguien responsable de la administración del Estado, es callar esos eventuales choques entre las funciones públicas y los intereses particulares que defendía antes de llegar al gobierno.

La mejor señal de transparencia es reconocer la existencia de cualquier posible incompatibilidad y permitir que un funcionario ad hoc resuelva los temas que pueden interpretarse como favorecimientos a antiguos empleadores, contratantes o socios propios o de los familiares del administrador público.

El ministro Juan Carlos Echeverry no optó por esa solución. Tampoco la han considerado otros dos altos funcionarios del gobierno Santos incursos en situaciones parecidas.

Esa indiferencia frente a los conflictos de intereses empieza a ser un esquema reiterado del actual gobierno.
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