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Opinión

  • | 2006/08/05 00:00

    ¿A quién creerle?

    “En la práctica no es claro que entre más genéricos entren el mercado, más bajen los precios o más los consuman los pacientes”, dice Ángela María Restrepo, quien desvirtúa varios de los mitos que existen sobre el Tratado de Libre Comercio y la salud pública.

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Está muy en boga, por aquello de la proximidad de la notificación oficial del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, promocionar las ventajas que dicho Tratado traerá a nuestro país o, por el contrario, alarmar a los ciudadanos con los desastres que nos esperan a causa de él. Uno de estos desastres vaticinados lo constituye el tema de la Salud Pública.

En un artículo aparecido en la Revista SEMANA del 24 de julio pasado, se califica a la Salud Pública como el gran perdedor del TLC, haciendo énfasis en la falta de acceso a los medicamentos que existe en nuestro país, y argumentando que el Tratado está concebido para demorar la entrada de genéricos al país. Estos son considerados por el autor del artículo como el instrumento más efectivo para bajar los precios y mejorar el acceso a los medicamentos. Como han hecho otros, esto lo lleva a culpar a la propiedad industrial de todos los males que aquejan a nuestro país en materia de salud, como si el sólo hecho de eliminar las patentes de invención y la protección a los datos de prueba que se presentan ante las autoridades sanitarias trajera, como por arte de magia, el acceso de toda la población a los medicamentos, y en general la mejoría de su salud.

Si esto fuera así de sencillo, otra sería nuestra suerte. Pero la verdad es que la evidencia nos muestra que, aún en ausencia de protección, los problemas de acceso a los medicamentos están determinados por una serie de variables diferentes, tales como la pobreza, la falta de infraestructura, la baja de cobertura de los sistemas de salud y las deficientes condiciones sanitarias que existen en algunas zonas de nuestro país.

La posibilidad de solicitar patentes para nuevos medicamentos existe en forma en nuestra legislación sólo desde 1994, lo cual nos indica que únicamente desde 1998, después de un promedio de cuatro años de trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, podrían haber aparecido en el mercado colombiano medicamentos patentados. Y el problema de falta de acceso a los medicamentos en nuestro país es de bastante más vieja data.

Incluso, si examinamos algunas de las enfermedades que más afectan a nuestra población marginal, tales como la diarrea, la gastroenteritis y las enfermedades respiratorias, vemos que existen medicamentos para su tratamiento que no tienen y no han tenido nunca protección, y que no por ello llegan a las manos de quienes los necesitan. Así pues, no se ve el tan pretendido nexo entre protección por patente de invención y falta de acceso a los medicamentos.

Resulta particularmente importante mirar el estudio realizado por Fedesarrollo y la Fundación Santa Fe en junio de 2005 sobre la Propiedad Intelectual en el Sector Farmacéutico Colombiano, el cual arroja conclusiones bien interesantes.

En primer lugar se establece que el volumen de principios activos con protección presentes en el mercado no es alto. Sólo el 1,3% del total de principios activos que registraron ventas en 2004 se encuentra patentado y sólo el 1,6% tiene protección de datos de prueba. Estos porcentajes permiten establecer que la participación de productos protegidos en el mercado es baja. En segundo lugar, se encontró que en casi todos los casos de medicamentos con protección desde el punto de vista médico existen alternativas terapéuticas lo que, según los investigadores, permite concluir que ante igualdad de calidad entre sustitutos perfectos (mismo principio activo) o imperfectos (mismo efecto terapéutico), la protección por sí misma no limita el acceso a los medicamentos.

Igualmente importante resulta la afirmación, contenida en el estudio, según la cual el mercado farmacéutico colombiano presenta asimetrías en información, lo que ha contribuido a que la existencia de sustitutos no necesariamente resulte en precios bajos. En este punto el estudio resalta la importancia del control de calidad que debe ejercerse sobre los medicamentos, ya que el reconocimiento de los sustitutos existentes en el mercado por parte de quien los receta o los consume depende, de manera crítica, de la calidad de los mismos.

Así pues, en la práctica necesariamente no es claro que entre, más genéricos entren el mercado, más bajen los precios o más los consuman los pacientes, así como tampoco resulta cierto que la protección de los medicamentos incida directamente en los precios y en el acceso a los mismos.

Como país nos conviene dejar de atemorizarnos y más bien dedicarnos a fortalecer nuestra industria farmacéutica nacional para que produzca más medicamentos, mejore la calidad de los mismos, y pueda entrar a competir con éxito con las grandes firmas en mercados nacionales e internacionales. No podemos pretender que la Salud Pública sea sólo cuestión de un de un tratado comercial.

* Abogada, Investigadora del Instituto Libertad y Progreso
angela.restrepo@libertadyprogreso.net

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