Martes, 30 de septiembre de 2014

| 2013/03/23 00:00

¿A quién mandamos a la cárcel?

La baranda judicial nos fascina a los medios de comunicación, pero, claro, cuando no hay cárcel, no hay noticia, y sin cárcel ni noticia, nuestros jueces y abogados mediáticos no se roban el show.

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Llevamos décadas hablando de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. La sobrepoblación de las cárceles nos conmueve de tanto en tanto y ha sido recurso de cronistas televisivos y radiales con alguna frecuencia. Como sociedad lo lamentamos, nos damos golpes de pecho por un rato, pero luego seguimos pidiendo condenas a todo aquel que creemos “debe pudrirse en una cárcel”.

La baranda judicial nos fascina a los medios de comunicación, pero, claro, cuando no hay cárcel, no hay noticia, y sin cárcel ni noticia, nuestros jueces y abogados mediáticos no se roban el show.

Cuando un congresista ‘desparchado’ quiere volverse visible se inventa el aumento de penas o un nuevo delito, dizque para “acabar de una vez por todas con el problema” (el que sea). Así, las conductas penales y las normas penitenciarias han sido objeto de 38 reformas en los últimos años, sin contar los 26 proyectos que se han intentado en el parlamento pero no prosperaron por diferentes razones.

El círculo es ciertamente vicioso y en el centro de toda esta discusión aparecen las famosas detenciones preventivas, consideradas por todos los códigos de procedimiento penal del mundo medidas excepcionales de última instancia, pero que en Colombia se han vuelto paisaje.

Hace poco el director del INPEC comentaba en RCN radio que mientras en el 2010 el 20 por ciento de la población carcelaria estaba apenas sindicada (sin una condena en firme), hoy día ese mismo indicador llega al 31 por ciento. Es decir que el 31 por ciento de nuestros presos puede que sean culpables, pero también puede que no.

Nuestros jueces se toman su tiempo para producir un fallo y mientras tanto los inocentes estarán injustamente recluidos y saldrán a reclamarle al Estado (¡con razón!) cuando queden en libertad. Usted y yo, entretanto, estaremos pagando unos 10 millones de pesos al año por detenido, y ellos, los presidiarios, estarán viviendo el peor de los infiernos, hacinados por cuenta de un sistema ineficiente, pero sobre todo inhumano.

¿A quién estamos ‘encanando’ y por qué? Sólo en la cárcel Modelo hay 50 presos con condenas inferiores a un año, 47 internos mayores de 67 años –que por edad avanzada deberían cumplir detención domiciliaria–, 63 discapacitados y 23 con penas cumplidas que aún teniendo el derecho de salir no logran hacerlo porque los jueces no lo autorizan.

Mientras tanto, las voces que piden una emergencia penitenciaria con medidas urgentes que más bien son pañitos de agua tibia, son las mismas que torpemente creen que la cárcel y el populismo punitivo son la respuesta para todos nuestros problemas criminales.

Si no somos capaces de repensar la privación de la libertad como instrumento represivo y si no respondemos con juicio a la pregunta con la que se titula esta columna, seguiremos teniendo tantos presos que ni todo el territorio nacional será suficiente como cárcel para meterlos a todos.

Twitter: @JoseMAcevedo

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