¡Abajo el Procurador!

Su pecado es el de oponerse al santísimo proceso de paz e impartir, como nunca antes, con rigor el control disciplinario sobre los “servidores” públicos. Es un sacrilegio inaudito que debe ser castigado con el asesinato ordenado por las FARC o con cualquier argucia política para borrarlo del cargo.

Así están las cosas. El mundo al revés. Se persigue a Ordóñez porque cumple la Constitución y la aplicación de la ley se vuelve delito. Nunca antes había sido evidente que en Colombia el crimen paga. Petro, devoto de la violencia antes de desmovilizarse y justificador de la misma después de “pasar a la vida civil”, ahora pretende tener licencia para romper la Carta de 1991, pisotear el estado de derecho y ponerse por encima de las instituciones democráticas.

La estratagema es sencilla: mientras se victimiza, convierte en victimario a todo aquel que le recuerde que a los funcionarios sólo les es dable hacer lo que la ley los faculta. Petro, inspirado quizás en sus años en la clandestinidad, muestra en la coyuntura la misma lógica del propagandista revolucionario. Quiere crear un mito justificador, una bandera, una causa, que no es relevante que exista, sino lograr que parezca que existió. En este caso, se trata de convertir una violación de la ley en un acto de persecución política de quien sí la aplica y que además obligatoriamente debe hacerlo.

Pero lo de Petro es excusa. Excusa para Santos, las FARC, el ELN, los paramilitares, los gringos, los gay, los abortistas, los anticatólicos, los liberales, los anarquistas, los corruptos, los izquierdistas, los marihuaneros, los politiqueros y todos aquellos que profesan aversión por cualquier motivo a lo que representa una Procuraduría independiente y estricta. ¿Cómo no va generar tal comunión de intereses si nunca antes este organismo de control fue tan contundente en investigar y sancionar las irregularidades tanto de diestros como de zurdos?

Es normal, corriente, hay que entenderlo, que miembros de la logia del pétalo rosado se lancen a rasguñar la fotografía de Ordóñez y que columnistas hipócritas queden afónicos de gritar que la facultad para destituir e inhabilitar se la autoconcedió el Procurador. La mentira es su argumento. Eso es lo anecdótico y es ya parte del paisaje. Otra cosa es lo que realmente está en ese pulso y que se relaciona con el proceso de La Habana.

¿Por qué un funcionario estadounidense que aún no inicia su tarea de embajador en Colombia sale a cuestionar la decisión de la Procuraduría? ¿Por qué las FARC se solidarizan con Petro? ¿Por qué el gobierno Santos sale dócil a expresar respeto por las decisiones institucionales mientras su ministro de justicia, representante de los afro (así lo cobró el presidente), recuerda que a un procurador se le puede echar preso? Y ¿por qué el Fiscal Montealegre, servil como más, sale a ordenar una inspección al expediente en la Procuraduría?

¡Muy sencillo! Ordóñez se convirtió en el obstáculo para el acuerdo entre dos elites: la que representa Santos y la terrorista de las FARC. ¡El tratamiento no puede ser diferente! Se atreve a exigir que no debe haber impunidad y viaja a Holanda a reunirse con la Corte Penal Internacional para defender el derecho de la sociedad a paz sin impunidad.

Ordóñez es un perjuicio para Colombia, dicen. Osó rechazar que quienes hayan perpetrado crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y terrorismo no deben tener derecho a ser elegidos y a ser servidores públicos. ¡Claro! ¡Una bomba contra la paz! ¡Obvio! Para quienes piensan así, la paz sólo se entiende como otorgar la posibilidad a los asesinos de las FARC para que puedan gobernar a Colombia.

Ese es el problema. Por eso, cuando destituyeron a Juan Carlos Abadía, que fue elegido gobernador del Valle del Cauca con 660.164 votos, proporcionalmente mucho más que los 721.308 de Petro en Bogotá, nadie convirtió la Plaza de Bolívar en una letrina llena de cambuches, ni la ONU corrió diligente a alegar que se estaban violando los derechos de los electores, ni la Fiscalía presumió un delito, ni la embajada norteamericana señaló el oprobio, menos los columnistas que posan de impuros y de tribunales de opinión dijeron algo. Nada. Silencio absoluto. El procurador hizo bien y tenía todas las facultades para destituir e inhabilitar a Abadía por 10 años. La razón, una cosa menor comparada con el actuar consciente dirigido a violar la ley del exguerrillero: una reunión con alcaldes que se acusó de tener carácter “político”.

Ese el doble rasero. Siendo alcalde, Petro hace política con candidatos en manifestaciones financiadas con recursos públicos, pero cuidado alguien lo denuncia. Utiliza Canal Capital, recurso público, sin escrúpulo, mejor que Chávez a su favor y rompiendo el pluralismo informativo. Sus lugartenientes convierten las secretarías y entidades distritales en trincheras y les exigen a sus funcionarios salir a marchar. Hasta instalan cajas en despachos para las “voluntarias donaciones” que se necesitan para “el proceso”.

¡Pero el procurador no se echará para atrás! Como no se va, tocará hacerlo ir. Lo que viene será el atentado personal. En el Gobierno saben que las órdenes de las FARC no eran contra el expresidente Uribe y el fiscal Montealegre, sino contra el primero y Ordóñez, lo que está confirmado con fuentes de las FF. MM. Pero lo tapan, convenientemente. Y paralelo a eso viene todo el esfuerzo penal para meter preso a Ordóñez. Por supuesto, el Gobierno no sabe nada, nunca sabe nada, ni tiene que ver. Posa de respetar las decisiones institucionales, pero actúa, y su lenguaje lo comprueba cuando arrecia contra quienes critican el proceso de paz, como efectivo instigador.

Nota: Ya que el nuevo representante norteamericano reclama amplia participación política para asesinos de FARC, imagino que estará dispuesto también a abrir la puerta para la legalización de la cocaína y a que se elimine la extradición. ¿O eso si no, embajador?

En twitter @RafaGuarin