Aborto e intolerancia

Desde la Revolución Francesa, la relación entre la Iglesia Católica y el liberalismo ha estado marcada por la intolerancia recíproca. Creo que los debates que se han suscitado últimamente alrededor del aborto constituyen un suceso más de ese largo conflicto.

En 2006, la Corte Constitucional determinó que era desproporcionado sancionar la interrupción del embarazo en las siguientes tres situaciones: a) cuando la continuación del mismo amenaza la vida o la salud de la mujer; b) cuando el médico certifica que el feto sufre una grave malformación que hace inviable su vida; y c) cuando el embarazo es producto de la violación, el incesto o la inseminación artificial no consentida.

La decisión de la Corte fue mal recibida por la Iglesia Católica, la cual considera que en ningún caso puede permitirse la interrupción del embarazo. La Iglesia tiene todo el derecho de exponer y defender su postura. Ese es precisamente su papel. Sin embargo, ella no puede pretender que su posición tenga que ser acatada por toda la sociedad, pues ésta tiene una composición plural.

Siendo sinceros, incluso las madres más católicas vacilan acerca de si es posible exigirle a la mujer que lleve el embarazo hasta su final en los tres casos despenalizados por la Corte. Y si ello es así para las mujeres creyentes, ¿cómo se puede exigir que el Estado les imponga a todas las colombianas que continúen con sus embarazos en las tres situaciones mencionadas?

En realidad, la decisión de la Corte fue muy prudente. Ella se limitó a despenalizar tres situaciones verdaderamente extremas. A pesar de ello, como se manifiesta en la sentencia que ha generado el escándalo más reciente (la T-388 de 2009), las mujeres que han solicitado que se interrumpa su embarazo por cumplir con una de las tres causales indicadas por la Corte han contado con numerosos obstáculos. Evidentemente ello significa un desconocimiento del orden jurídico y traduce una actitud de intolerancia contra los que piensan diferente.

Pero la intolerancia no proviene únicamente de la Iglesia y de sus fieles. En las sentencias de la Corte también se ha negado en forma reiterada que las instituciones médicas de carácter religioso puedan objetar la práctica de interrupciones del embarazo. Para ello se ha manifestado que las instituciones no tienen alma y, en consecuencia, no pueden apelar a la objeción de conciencia.

El argumento parece sólido, pero desconoce que esas instituciones de salud son constituidas, inspiradas y financiadas por órdenes religiosas que se guían por unos principios. Y en el caso de las instituciones católicas, uno de esos principios es el del rechazo a cualquier forma de interrupción del embarazo. Siendo ello así, ¿tiene sentido exigirles que practiquen interrupciones del embarazo, cuando no se trate de situaciones de urgencia? Yo creo que no.
 
También pienso que para solucionar ese dilema sería posible establecer procedimientos administrativos simples para impedir que estos casos sean remitidos a los hospitales católicos, salvo cuando sea estrictamente necesario.

Lo curioso es que la misma Corte Constitucional ha fijado una jurisprudencia consistente acerca de la necesidad del respeto a las convicciones religiosas. Así, por ejemplo, en el caso de los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día la Corte ha protegido en múltiples ocasiones su derecho a guardar el día sábado (Sabbath) y ha llegado a afirmar que el Estado debe procurar que todas las personas puedan vivir de acuerdo con sus concepciones religiosas.
 
No soy experto en la Iglesia Adventista, pero bien me puedo imaginar que el valor que le da la Iglesia Católica al tema de la continuación del embarazo no es inferior que el que le asignan los adventistas a la guarda del Sabbath.

En últimas, lo que ocurre es que ninguna de las partes ha interiorizado la separación de la Iglesia Católica y el Estado. Así, mientras la Iglesia intenta continuar imponiendo sus convicciones, algunos liberales consideran que es necesario restringirla en todo lo posible, puesto que hasta hace muy poco estuvo profundamente ligada con el Estado y aún continúa siendo la creencia mayoritaria.

Ninguna de las dos posiciones es acertada ni contribuye a la convivencia. Y eso es una lástima, pues si algo necesitamos en Colombia es desarrollar un clima de tolerancia, respetuoso del pluralismo que pregona nuestra Constitución.