ABUSO DE JUSTICIA

Es cosa sabida que en Colombia funciona mal la justicia. Y me refiero específicamente
al aparato estatal de administrar justicia (leyes, fiscales, jueces, cárceles) y no sólo a la vasta y solemne
palabra. Ese aparato no funciona por defecto: ese famoso 95 por ciento de los delitos que no reciben
castigo, desde el asesinato político hasta el raponeo callejero, pasando por el fraude electoral. Pero tampoco
funciona por exceso: ese incesante empapelamiento y encarcelamiento de inocentes. En Colombia no sólo
hay carencia de justicia, sino abuso de justicia. La injusticia reina por punta y punta.Y si la carencia de
justicia, o sea, la impunidad, explica muchas cosas, desde las carreras políticas hasta la inseguridad urbana
y rural, también el abuso de justicia explica otras muchas, desde el hacinamiento de presos hasta la fuga de
presos. En Colombia, sólo los grandes delincuentes dicen que "confían en la justicia". Los demás le
tenemos más miedo que a un nublado. Sin duda fue pensada para este país la terrorífica maldición gitana:
"Ojalá te caiga un pleito". El pleito, por ejemplo, que en estos días tiene acorralado al profesor Ricardo
Sánchez Angel, director del Instituto Luis Carlos Galán, para quien la Fiscalía pide una pena de cuatro a 14
años de cárcel. ¿Por secuestrar a 100 personas, por defraudar a 100.000, por asesinar con motosierra a su
propia abuela? No: esas menudencias nunca son investigadas ni perseguidas ni castigadas por el aparato de
la justicia en Colombia. Los 14 años de cárcel que pide la Fiscalía para Ricardo Sánchez son por haber
violado una norma administrativa sobre inhabilidades consanguíneas al firmar dos contratos con dos
parientes de funcionarios subordinados suyos: el uno por la suma de 267.750 pesos (lo digo en letras
doscientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta pesos) y el otro por la de 1.941.600 (un millón
novecientos cuarenta y un mil seiscientos pesos). No lo acusan de robarse esos pesos: lo acusan
simplemente de haberlos contratado mal. Y para explicar su furia justiciera, en caso de que alguien le
pudiera parecer desproporcionada, la Fiscalía dice que "el proceso de adecuación típica se encuentra
acorde con la questio facti, la culpabilidad y subsiguiente responsabilidad con las reglas que rigen lo
coautoría y el concurso de hechos punibles..." etcétera, etcétera.Digo lo de etcétera por ahorrarle al lector las
dos docenas de folios de huracán jurídico con que se desfoga la Fiscalía en respuesta a un chisporroteo
pirotécnico similar desplegado por el abogado defensor del acusado. "Summun jus, summa injuria", ataca el
uno. "Intuito personas", y, además, "nomen iuris", replica desdeñosamente el otro. "Conglobancia", alega
el uno, manoteante. "Codificación punitiva", castiga el otro desde su posición de autoridad. Y pega lo que en
boxeo se llama un "uno-dos": "antijuricidad material" (con la izquierda) y "causal de inhabilitación
sobreviniente y antecedente" (con la derecha). El uno cita a Norberto Bobbio y al doctor Miguel González
Rodríguez. El otro contesta con el profesor Zafforoni, con Hans Kelsen y con el doctor Lisandro Martínez
Zúñiga. El uno y el otro se refieren en abundancia a contradictorias leyes reformatorias, artículos
transitorios, decretos reglamentarios, parágrafos de normas parcialmente reglamentarias (sí), e incluso, y lo
cito entre comillas para que me lo crean, "normas en blanco que remiten a otras". ¡Cuántas leyes tenemos
los colombianos! Y cuántos juristas. Tras un par de alusiones, como globos desganados de tenistas, a la
"dogmática posmoderna" _el uno_ y a la "hermenéutica sistemática y aún exegética" _el otro_, el uno
concluye, sin que se sepa muy bien ya de qué está hablando, denunciando con fatigada cólera "el
desaguisado jurídico llamado dolus in re ipsa". A lo cual el otro replica que está "fuera de contexto" la
pretensión de "tildar de leguleyo" a alguien. Y el caso pasa a un juez.En eso se les van decenas de folios.
¿No tienen nada qué hacer los fiscales y los abogados de Colombia, que son cientos de miles, en este país
en donde hay tantos criminales sin acusar, tantos sospechosos sin investigar, y tantos inocentes
condenados, sin hablar de los muertos? No me atrevo de acusar de "leguleyo" a nadie, por miedo a la
justicia: por miedo a ser empapelado yo también. Pero
¡caramba!
A todo esto, el fiscal, que pide entre cuatro y 14 años de prisión para el profesor Ricardo Sánchez por
violación del régimen de inhabilidades en contratos administrativos reconoce que el asunto es nimio y el
acusado perfectamente respetable ("de ahí la flexibilidad con que los instructores manejaron la detención
domiciliaria concediendo permiso para laborar"). Pero piensa que, por ser nimio el asunto y respetable el
acusado, una condena sería ejemplarizante. En adelante, nadie se atrevería a robarse los lápices de una
oficina pública, y ni siquiera "una cinta para máquina". Tal vez sea así. Pero es una pérdida de tiempo: de
fiscales, de abogados, de jueces. Es (más grave) una pérdida de gente honrada, de esa poca gente honrada
que queda viva en Colombia: Ricardo Sánchez Angel, a quien quieren meter preso durante 14 años. Y, sobre
todo, es negativamente ejemplarizante. Porque confirma el sentimiento generalizado entre los colombianos de
que la única manera de no ser perseguido por la justicia en Colombia es ser culpable, y culpable en grande.
Si Ricardo Sánchez, en vez de firmar un contrato por 200.000 pesos, hubiera desfalcado 200.000 millones,
o hubiera asesinado a su abuela con una motosierra, le sobrarían los defensores. Y, sobre todo, no tendría
acusadores.