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Opinión

  • | 2015/11/24 11:35

    De defensor a ofensor

    Jorge Armando Otálora no es él el único miembro de esta institución que parece creer que su posición le permite pasar por encima de los demás.

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Mucho se ha dicho en los últimos días sobre el carácter autoritario del director de la Defensoría del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Sin embargo, no es él el único miembro de esta institución que parece creer que su posición le permite pasar por encima de los demás.

El 13 de enero de 2015, una semana después de los atentados en París contra los caricaturistas de Charlie Hebdo, llegó al celular de una periodista en San José del Guaviare un mensaje de texto amenazante que decía “[…] si ve lo que le pasó a los irresponsables de Charlie Hebdo […] Por eso han querido darte en la jeta.

Tenemos que limitar la libertad de expresión”. La denuncia fue puesta y reposa en el despacho de la Fiscalía de San José del Guaviare como otra de las muchas amenazas de las que son víctimas los periodistas del país. Sin embargo, esta amenaza es especial, se realizó desde el celular de un defensor público, el abogado Rubén Darío Galeano.

Esta fue sólo la primera de muchas amenazas y mensajes intimidantes que la periodista ha recibido desde esa línea de celular. La mayoría, usan un lenguaje fuertemente machista en el que se agrede a la periodista apelando a los hombres de su familia y a su sexualidad. Es claro el acoso sexual y psicológico en los mensajes. La periodista ha tenido que soportar mensajes como “estoy dispuesta a darte un hijo para que dejes de ser chismosa” o “promoveremos una campaña para declararte persona no grata para que te largues de la región”.

Rubén Galeano, trabaja como defensor público desde hace seis años, y no niega sus diferencias con el trabajo de la periodista. Cuando hablé con él, llamando a la línea de la que provienen los mensajes, el señor Rubén contestó personalmente y no se contuvo a la hora de explicarme la molestia que le genera que la periodista dañe el buen nombre de familias honorables, como la suya. Galeano se refiere a las constantes denuncias que hace la periodista por corrupción en la administración municipal y departamental.

Cuando le pregunté por la autoría de los mensajes, contestó que eso es materia de investigación, pero que cree que esos mensajes están justificados por el daño que la periodista le hace a las buenas familias guaviarenses. Si bien es cierto que quien tiene que determinar la autoría de los mensajes es la Fiscalía, también lo es que Galeano no duda en gritarle a la periodista improperios en la vía pública, contesta personalmente el celular del que provienen los mensajes amenazantes y lo pone como contacto para recibir notificaciones.

No se sabe qué es más preocupante, que existiendo tanta evidencia para identificar el origen de la amenaza la Fiscalía no avance en sus investigaciones, o que un miembro de la Defensoría, entidad encargada de impulsar la efectividad de los derechos humanos, no tenga los más mínimos conocimientos sobre el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa y reaccione con improperios discriminatorios. Todo lo anterior, sumado a un contexto en el que reina el silencio alrededor de las formas de violencia que afrontan las mujeres periodistas, hacen que la situación sea completamente inaceptable.

La historia no acaba aquí, empeora. Según Galeano, Trián Jesús Zúñiga, defensor del pueblo regional, accedió en agosto a denunciar a la periodista “ante las autoridades competentes y a la dirección nacional de Radio Caracol”. De nuevo, olvidan los miembros de la Defensoría, que la Constitución de Colombia, contempla el derecho de rectificación, y que el acoso judicial o laboral no son mecanismos legítimos para expresar inconformidad con el trabajo de un periodista.

El señor Zúñiga no puede esgrimir la excusa, en todo caso inaceptable, de Galeano: que trabaja por medio de un contrato de prestación de servicios y por eso, incluso si aceptara ser el autor de las amenazas, eso no implicaría un incumplimiento de su contrato. En realidad, Zúñiga, al desarrollar funciones públicas, tiene responsabilidad por acción y omisión, por lo que las autoridades competentes deberían investigar estos hechos disciplinariamente.

Parece que se empieza a destapar una lata de gusanos en la Defensoría. Esperemos que los involucrados no nieguen lo evidente. Se necesitan respuestas claras sobre la formación en derechos humanos de los miembros de la entidad y sanciones contundentes para aquellos que, teniendo el deber de promover los derechos humanos, se dedican a pasar por encima de ellos.

*Asesora de la Fundación para la Libertad de Prensa.
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