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Opinión

  • | 2008/02/23 00:00

    Accesibilidad para los discapacitados

    A los enormes retos físicos que enfrentan las personas en situación de discapacidad se agrega el dolor de la dependencia, la frustración diaria y la incomprensión. La creación de ambientes adecuados y amables para ellos es un esfuerzo que debe comprometernos a todos.

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Casi todos hemos tenido, en algún momento de la vida, algún tipo de discapacidad física, causada por diversos motivos: una operación, una fractura, una enfermedad, un embarazo o, sencillamente, el paso de los años que limita las actividades habituales de muchas personas. Para otras, sin embargo, no se trata de una situación transitoria. En Colombia, según las cifras oficiales, 6 de cada 100 colombianos sufre algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva; no obstante, de acuerdo con las estadísticas de Teletón, la incapacidad permanente afecta al 14 por ciento de la población, esto es, a cerca de 6 millones de personas.

En lo que respecta al marco jurídico establecido en relación con la discapacidad, podríamos decir que éste contempla de manera muy completa la protección de estos grupos especialmente vulnerables. La Corte Constitucional, por ejemplo, adoptó mediante Sentencia C-401/03, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y, en muchas ocasiones hace valer, a través de tutelas, sus derechos a la no discriminación y a la igualdad en aspectos relativos a la salud (Sentencia T-063/07), la educación (Sentencia T-487/07), la igualdad laboral y ayudas especiales, tales como rehabilitación, prótesis, etc. La legislación actual contempla también una serie de normas dirigidas a atender las necesidades especiales de estos grupos. La Ley 1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, la Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social de las personas con limitación, y el Decreto 1538 de 2005 que la reglamenta contiene una serie de normas dirigidas a garantizar la accesibilidad, que deben ser incorporadas a los Planes de Ordenamiento Territorial en todo el territorio nacional.

Lamentablemente, este marco jurídico no se refleja en la realidad. Si bien es un enorme avance el hecho de que las normas constitucionales y legales hayan concedido tan evidente prioridad a este tema, y que existan recursos jurídicos que protejan a los ciudadanos en condición de discapacidad, el hecho de que se deba recurrir a ellos muestra que ni las administraciones municipales, ni la sociedad civil en general cumplen con estas disposiciones.

La accesibilidad es el conjunto de medidas existentes para facilitar muchos aspectos de la vida de las personas en condición de discapacidad, con el fin de que puedan desarrollar sus actividades cotidianas de la manera más independiente posible. Tales medidas incluyen, en primer lugar, todo tipo de movilidad, esto es, que las personas con limitaciones puedan transitar cómodamente por las calles, subir y bajar de los andenes, acceder a los distintos tipos de edificaciones, desplazarse dentro de ellas, asistir a eventos de distinta índole, en síntesis, llevar una vida lo más cercana a la normalidad.

La movilidad exige, desde luego, adecuaciones razonables del espacio físico que la permitan. Aun cuando, como se señaló antes, existen múltiples disposiciones relativas a cómo se debe adecuar todo tipo de espacios públicos, éstas no se cumplen o, lo que es peor, se cumplen de tal manera que frustran su objetivo. Las rampas, cuando existen, no terminan al mismo nivel de la calle, lo cual hace imposible que las personas en silla de ruedas las utilicen; en algunas calles de Bogotá se han instalado unos topes que indican a los invidentes que han llegado a la esquina – pero el Distrito decidió decorar esas mismas calles con materas de cemento que constituyen un peligro adicional para ellos. Los aros que se han puesto para impedir el paso de las motocicletas por los andenes están a tal distancia unos de otros que no permiten tampoco el paso de las sillas de ruedas. Hay accesos que permiten la entrada a algunos edificios, pero no permiten que se gire dentro de los pasillos para salir de nuevo.

Aparte de la movilidad, estarían también todos los recursos que deben adecuarse para permitir que personas con limitaciones sensoriales o cognitivas puedan participar en diferentes actividades educativas, culturales y laborales. El uso del lenguaje de manos para personas con deficiencias auditivas, ampliamente difundido en otros lugares, es prácticamente inexistente en las transmisiones televisivas; tampoco hay adecuaciones que permitan el acceso de los invidentes al transporte público. La lista de los obstáculos que enfrenta una persona transitoria o permanentemente discapacitada es enorme, y enfrentarlos todos los días tiene graves consecuencias psicológicas y emocionales para ellos.

Sonia Verswyvel, víctima del atentado contra El Nogal, quedó en estado de discapacidad. Su inmensa entereza y valor le han permitido, no sólo sobrellevar esta tragedia, sino dedicar la mayor parte de su tiempo a mejorar las condiciones de accesibilidad para quienes, como ella, se ven obligados a modificar sustancialmente su vida por esta razón. En su opinión, las deficientes condiciones a las que se enfrentan los discapacitados no sólo les impiden realizar la mayor parte de sus actividades, sino que la dependencia a la que los someten los obstáculos genera también en ellos un enorme sentido de frustración permanente. Además les recuerda, cada vez que intentan hacer las cosas más sencillas, su irremediable impotencia. Como parte de la campaña que adelanta, ha preparado una cartilla donde se especifican las necesidades de personas que no pueden movilizarse por sí mismas, con la esperanza de que el dar a conocer esta información tan básica pueda llevar a los constructores públicos y privados a adecuar los espacios físicos que necesitan éstos y muchísimos otros ciudadanos.

Además de los esfuerzos que puedan realizarse para convertir en realidad normas nacionales y locales que, hoy son poco más que letra muerta, es necesario que la sociedad civil se sensibilice. En un conmovedor reportaje publicado en días pasados por el diario El Tiempo, la señora Verswyvel relataba cómo la administración del edificio donde vive, por solicitud de una de sus vecinas, prohibió al portero ayudarle con su silla de ruedas. Al parecer, la única persona solidaria de ese edificio es el portero, quien dijo que prefería, en ese caso, que lo despidieran.

El conflicto armado ha dejado miles de discapacitados, muchos de ellos niños, habitantes rurales e integrantes de la fuerza pública afectados por las minas antipersonales y por la violencia misma del conflicto. Infortunadamente, debemos esperar que la población que necesitará de estos servicios especiales en las ciudades continúe aumentando.

A los enormes retos físicos que enfrenta esta cuantiosa población se agrega el dolor de la dependencia, la frustración diaria, la incomprensión y, en muchas ocasiones, la discriminación. La creación de ambientes físicamente adecuados y psicológicamente amables para las personas en situación de discapacidad es un esfuerzo que debe comprometernos a todos y al que todos estamos en mora de contribuir.

Una muestra de civilidad es, en general, la forma como cualquier sociedad trata a sus miembros más vulnerables. A juzgar por muchos de los temas que se tratan en estas columnas de opinión, los colombianos que se encuentran en condiciones de “manifiesta debilidad” no sólo deberían poder aspirar a que se apliquen las normas expedidas para su protección, sino a recibir, de parte de todos nosotros, apoyo para que esto suceda y solidaridad incondicional con su difícil situación.


*Profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.


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