Acerca del marco para la paz

Que en Colombia se esté discutiendo un marco legal para la paz no tiene nada de novedoso. En nuestro archivo histórico se encuentra la lista de leyes y decretos que se han expedido para otorgar beneficios a los que han dejado las armas, así como también el registro de la prohibición de concederlos a los responsables de ciertos delitos de especial gravedad.

Nunca faltó voluntad ni respaldo nacional para otorgar amnistías e indultos en búsqueda de la paz por la vía política. Pero esas épocas son cosa del pasado. Todo ha cambiado.

En el siglo XXI lo que se busca es poner fin a la impunidad. Con ese objetivo, los Estados acordaron aplicar la justicia internacional cuando los sistemas nacionales no tengan capacidad para castigar a los responsables de los crímenes más graves o les falte voluntad para hacerlo. Para eso se creó la Corte Penal Internacional.

Este tribunal puede perseguir tanto a los autores directos como a quienes contribuyan "de algún modo" en la comisión de un delito por un individuo o grupo de personas. Y algo más: las decisiones nacionales adoptadas con el fin de sustraer a alguien de la responsabilidad en crímenes que sean competencia de la Corte, servirán como demostración de que el Estado carece de voluntad para actuar.

Como el Estatuto de Roma entró en vigor para combatir la impunidad, no para hacer la paz, todas las medidas que debiliten o impidan la acción de la justicia nacional invitarían a la CPI a intervenir.
Eso es lo que sucedería si se aprueba la versión del marco para la paz que se conoce hasta ahora.
De otro lado, su aprobación sería inoportuna porque las condiciones políticas no están dadas.

En lugar de liberar a los secuestrados, dejar de reclutar niños y poner fin al terrorismo, que es lo que se reclama para poner en marcha un proceso creíble, las FARC han incrementado sus acciones criminales.

Ahora bien, si decidieran cumplir con las exigencias planteadas por el entonces presidente Uribe, reiteradas por el presidente Santos, para embarcarse de nuevo en un esfuerzo político serio, las herramientas legales que actualmente tiene el gobierno a su disposición serían suficientes para hacerlo.

De otro lado, un hipotético acuerdo edificado sobre las bases del texto actual del marco para la paz sería insostenible jurídicamente y, en consecuencia, políticamente inútil.

Por último, el debate internacional que enfrentaría el país por el incumplimiento de sus obligaciones como firmante del Estatuto de Roma sería muy perjudicial para Colombia. ¿Cuál es la razón, entonces , para insistir en la reforma?

Todos los ciudadanos de bien queremos la paz, pero lo que se argumenta en público no es convincente.

Se dice que hay que elevar a rango constitucional la justicia transicional, la verdad es que no es necesario; que se requiere ganar tiempo para cuando llegue la hora, lo cierto es que con las normas vigentes se podría iniciar un proceso, si se dieran las condiciones políticas, que es lo importante; que no habría impunidad, afirma el Gobierno. Todas las medidas nacionales que impidan, debiliten o entorpezcan la acción del poder judicial, a la luz de las exigencias del Estatuto de Roma, dejarían la puerta abierta a la CPI. Esta es la verdad.

No hay duda acerca de que el desarrollo de la justicia internacional ha dificultado la búsqueda de la paz mediante procedimientos políticos. Pero el estadio para superar ese obstáculo está en el ámbito multilateral no en el Capitolio nacional.

Por todas las razones anteriores, soy uno de los colombianos que sigue pidiendo más reflexión. Lo que le conviene a Colombia es un marco para la paz oportuno, útil y respetuoso de las obligaciones internacionales que tiene.

*Exministro de gobierno y exembajador