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Acuerdo de paz y Asamblea Nacional Constituyente

El Consejo Nacional de Paz puede ser el organismo de consulta para promover la Asamblea Nacional Constituyente, carta de navegación para lograr la paz.

Uriel Ortiz Soto, Uriel Ortiz Soto
5 de abril de 2014

El Consejo Nacional de Paz, el cual está integrado por diferentes instancias (gubernamentales, sociales, económicas y políticas) deberá centrarse en un estudio juicioso y de mucho rigor para que informe al país hasta dónde es conveniente que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de que los colombianos se pronuncien sobre lo que debe ser el acuerdo de paz, que se adelanta con delegados del gobierno y las FARC, desde hace 15 meses. 

Debemos ser conscientes que para lograr una paz, segura y verdadera después de estar soportando por casi 60 años un conflicto armado, son muchas las instituciones estatales que se encuentran averiadas. Por lo tanto, hay que reestructurarlas mediante un sistema democrático. Soy de los  que considera que sería la oportunidad y la carta de navegación que nos conduciría al puerto seguro de la paz. 

No hay que confundir para el caso que nos ocupa, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, cuyo objetivo primordial fue promulgar una nueva Constitución, puesto que la del 1886 que nos venía rigiendo durante 105 años, había sufrido tantas reformas que perdió su originalidad y muchos de sus artículos tenían dualidad de funciones, presentándose con frecuencia el llamado choque de trenes.

Según concepto del presidente de la época , Virgilio Barco Vargas (q. e. p. d.), si queríamos modernizar nuestro Estado de derecho para ponerlo a tono con las demás democracias del mundo, se requería de una Constitución Política acorde con el espíritu de la ley de leyes que rige toda la actividad social, económica y política de nuestro país, gobernado en forma de República unitaria, independiente y democrática. 

Como en los actuales momentos, este no es el caso, se debe optar por una Asamblea Nacional Constituyente pero con fines específicos, revisando cada una de las instituciones del Estado que se encuentran desarticuladas para que mediante un proyecto redactado por los constituyentes elegidos por voto popular, se les haga la reestructuración respectiva. 

Considero desde la óptica de esta columna, que una Asamblea Nacional Constituyente, en los actuales momentos en que el país está sintonizado con el proceso de paz, debe ser la oportunidad para que los colombianos asistan a las urnas a votarla, eligiendo a los ciudadanos de sus preferencias pero con un derrotero concreto y específico, que debe convertirse posteriormente en el cronograma de paz para nuestro país. 

¿Pero cuáles son esas instituciones susceptibles de reformar por mandato de una Asamblea Nacional Constituyente? Es el punto más delicado pero que el ciudadano común mantiene a flor de labio y es comidilla en los mentideros sociales y políticos:

  1. Reestructurar el sector agropecuario, mediante el un proyecto de desarrollo rural integrado para todos los colombianos es claro que los principales problemas de nuestro país tienen su origen en las pocas oportunidades que los gobiernos de turno han dado a la Colombia rural guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, desplazamiento forzado y todo tipo de delincuencia organizada, tienen su origen básicamente en la falta de programas para nuestros campesinos. Por consiguiente, se requiere incorporar a nuestra Constitución Política un articulado con mandatos concretos y específicos para su bienestar social y económico. No podemos  permitir que las políticas de la Colombia rural continúen siendo  emociones de épocas electorales y finalmente de promesas incumplidas. Por lo tanto hay que incorporarlas a la Constitución y convertirlas en políticas de Estado.e otra parte, es indispensable que la Constitución defina con parámetros muy concretos la identidad campesina. No nos podemos seguir engañando con las montoneras de personas que dicen serlo, simplemente para beneficiarse de las prebendas del Estado, es el caso de las federaciones, fundaciones y asociaciones, entre otras, que pululan en Bogotá y otras ciudades.    
  2. La Reforma a la Justicia: todos sabemos que la administración de justicia es la peor vergüenza para nuestro Estado de derecho, se requiere de una reforma estructural de descongestión, pero especialmente en lo que tiene que ver con la corrupción que se ha convertido en el fantasma de los despachos judiciales. La fallida reforma a la justicia del 2012, dejó un estado de alerta para concluir que el Congreso de la República, dados los escándalos que se presentaron, no es competente para hacerla. 
  3. Reforma a la Salud: es una reforma que a gritos pedimos todos los colombianos, la reclamamos con urgencia, no podemos permitir que las desigualdades sociales se continúen reflejando en un servicio a la salud, donde los beneficiados son unos pocos, y los ciudadanos de escasos recursos económicos mueran víctimas del paseo de la muerte y total desprotección del Estado.
  4. Reforma Política: se requiere que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, se modernicen y ejerzan un poder fiscalizador sobre sus legisladores y demás funcionarios elegidos por votación popular. De una eficiente reforma política depende en buena parte que nuestro Estado de Derecho, ponga mayor atención a sus ciudadanos, previas recomendaciones de los partidos y movimientos a los cuales pertenecen. 
  5. Políticas claras sobre la igualdad de género: este punto no se puede seguir tratando como convenios  y acuerdos partidistas, debe ser una política de Estado, con clara definiciones dentro de nuestra Constitución. 
  6. Políticas para la niñez y la juventud: es tema de bastante preocupación, no son suficientes los decretos y resoluciones que dictan los alcaldes y directivos de enseñanza, se requiere legislar con mucha claridad sobre esta grave problemática social que estamos padeciendo, la niñez y la juventud se nos están saliendo de las manos, requerimos de normas Constitucionales que sean de permanente aplicación y de obligatorio cumplimiento en los planteles educativos.
  7. Congreso de la República: el Congreso de la República que fue elegido el 9 de marzo, con tantas dudas y desaciertos por el fenómeno de la abstención, el voto en blanco, los fraudes y la cantidad de dineros ilícitos que circularon en diferentes campañas, debe someterse a la reconsideración de la Asamblea Nacional, que en su sabiduría decida si lo avala o lo revoca.   

 
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