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Opinión

  • | 2017/03/28 11:53

    La paz amenazada

    El desconcierto crece y es necesario que el Gobierno asuma con seriedad el asunto y averigüe el origen de esa sombra.

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Los cien días del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC revelan que el camino para consolidarlo aún está minado y lleno de obstáculos que hacen prever un desenlace hacia un nuevo conflicto (ojalá no, si se actúa a tiempo) y una implementación a medias de lo pactado en el Teatro Colón.   

Son varios los flancos desde donde se le disparan dardos al proceso de paz que apenas comienza y que lo amenazan. Estas amenazas van más allá de la patología del odio que el expresidente y senador Uribe y su partido profesan contra las FARC. Cuando hablo de la paz amenazada no es porque vea que los signos de progreso se vean interrumpidos por una ruptura de la negociación por parte de los exguerrilleros, cuyo compromiso con el proceso es a todas luces transparente, sino por las consecuencias que pueden significar para el país los sistemáticos asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos.

Quienes experimentamos como periodistas los crímenes en los años 1980 –Gobierno Barco– de líderes políticos de izquierda y sociedad civil comprometida con los cambios sociales y económicos del país, recordamos que los pronunciamientos oficiales se circunscribían a achacárselos a “FUERZAS OSCURAS que buscaban desestabilizar la democracia”, y nunca que se preguntaban por el origen de la sombra. Con el tiempo el país se enteró, luego del genocidio de la Unión Patriótica, de que esta premeditada acción obedecía a una estrategia regional liderada por políticos relacionados con  grupos paramilitares que actuaban en complicidad con fuerzas del Estado para erradicar todo lo que “oliera a comunismo”.    

Actualmente, insisten el Gobierno y la Fiscalía en desconocer la presencia de grupos paramilitares, cuando en regiones como en el departamento de Cesar los campesinos reclamantes de tierras advierten que nunca se han ido de la región; y así ocurre en Cauca y en el departamento de Meta, en donde labriegos, afrodescendientes e indígenas denuncian a diario amenazas de grupos que llegaron a ocupar las zonas que las FARC abandonaron tras su desmovilización. Hoy Chocó, el mísero departamento de la olvidada costa pacífica, está en mitad de la ráfaga paramilitar, de la guerrilla del ELN y de las mafias que controlan la minería ilegal. Así lo reportan organismos internacionales como Naciones Unidas.

El desconcierto crece y es necesario que el Gobierno asuma con seriedad el asunto y averigüe el origen de esa sombra, no es un asunto baladí y menos cuando, al no existir protección del Estado, se puede estar incubando la aparición de otros “ejércitos” dispuestos a generar un nuevo y más atroz conflicto que el que estamos dejando atrás. No se nos puede olvidar el pasado reciente que indica que esa ausencia estatal es el caldo de cultivo para los traficantes de armas, las organizaciones de narcotraficantes, mafias que controlan la minería ilegal, paramilitares y terratenientes dispuestos a desencadenar una nueva era violenta y peligrosa.

Otro componente que arriesga el acuerdo de paz es la insolvencia con la que el Congreso está asumiendo la responsabilidad legislativa para darle sustento jurídico y constitucional a la implementación de los acuerdos. Preocupa igualmente que, como ocurrió con la Justicia Especial para la Paz (JEP), se ventile otra batalla más compleja como es la selección de los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz. Querrán los sectores más recalcitrantes meterle la mano sobre todo ahora cuando, por ejemplo, exgenerales como Rito Alejo del Río y Jaime Uscátegui, según Noticias Uno, decidieron postularse para buscar un acuerdo con la Justicia Transicional.

Estos hechos ilustran el intrincado camino de la consolidación del proceso que está poniendo en riesgo no sólo la paz sino el neurálgico eje del acuerdo pactado: abrirle el espacio a la verdad en el contexto de lo ocurrido en estos 52 años de guerra.

@jairotevi       

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