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Opinión

  • | 2017/06/16 10:06

    Bastonazo imperial

    La carta del Embajador de Estados Unidos a la Corte Suprema pone de presente otra compleja faceta del Acuerdo con las Farc: la prohibición de extraditar a sus integrantes y familiares

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El Embajador de Estados Unidos le ha enviado a la Corte Suprema una carta para criticar la orden de libertad de un integrante de las Farc requerido en extradición por las autoridades judiciales de su país. Esa misiva es irrespetuosa. Ningún gobierno extranjero goza de la potestad de dirigirse a las autoridades judiciales de Colombia para objetar sus determinaciones. A nuestro Gobierno jamás se le ha ocurrido actuar de esa manera. Se limita a decir, cuando está en desacuerdo, que acata, aunque disiente, pero no remite una comunicación con sus objeciones. Tiene claro que dentro de los procesos judiciales solo pueden actuar las partes; lo mismo ocurre en el gran país del norte.

La intervención estadounidense comporta, pues, una intromisión inadmisible en nuestros asuntos internos. Que, además, copia de esa carta se remita al Presidente de la República y otros altos funcionarios, parte del supuesto de que ellos pueden ejercer autoridad sobre el poder judicial, desconociendo así su autonomía, que es inmanente al Estado de Derecho. Supongamos que el mismo episodio hubiera ocurrido al revés. En tal caso, la reprimenda habría sido monumental y probablemente le habría costado el puesto a nuestro embajador.

De otro lado, los fundamentos jurídicos de la carta son deleznables. La peligrosidad de la persona que requiere en extradición los Estados Unidos, por grave que ella sea, es irrelevante para efectos de conceder su libertad provisional, que fue lo que dispuso la Corte. Según las normas vigentes, que pueden gustarle o no al Embajador (y a muchos colombianos) basta que un integrante de las Farc haya estado privado de su libertad por un determinado periodo para que proceda su libertad condicional hasta cuando le llegue el momento de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz. La fecha de su posible entrada en funcionamiento es incierta y puede demorarse.

Al conceder la libertad en el caso que suscita el reproche, la Corte no decidió sobre la solicitud de extradición; cuando se ocupe de resolver al respecto deberá negarla, salvo que se demuestre que la persona requerida para que responda por el secuestro de un ciudadano de los Estados Unidos cometió el delito en consideración a móviles de lucro individual; o sea en un contexto ajeno al conflicto armado al que se refiere el acuerdo con las Farc.

Las reglas que gobiernan la libertad condicional y la extradición de los integrantes de la guerrilla fueron acordadas en La Habana, proceso que acompañó un delegado de los Estados Unidos. En aquel entonces debió formular sus reparos; si lo hizo y no fue atendido, el camino correcto, y, por supuesto, traumático, consiste en reprochar a Colombia el haberse colocado en imposibilidad de cumplir las obligaciones contraídas en el tratado de extradición vigente entre ambos Estados. Una clara infracción al Derecho Internacional.

Así las cosas, la carta de la semana pasada es apenas una escaramuza. Si los Estados Unidos piden la extradición de otros guerrilleros, por ejemplo, de “Gafas” el carcelero de los tres contratistas norteamericanos, o, más aún, de los integrantes de la cúpula de la guerrilla que ordenaron o mantuvieron esos secuestros, la única posibilidad que tendrán las autoridades judiciales es negar la autorización para que la extradición sea concedida por el Gobierno. La previsible reacción de Washington puede ser muy dañina para la relación bilateral.

La otra implicación importante de las decisiones que el Congreso ha tomado a instancias del Gobierno, consiste en que si la Corte Penal Internacional abriera un proceso en nuestro país, y, para poder adelantarlo, pide la extradición de miembros de las Farc, simplemente no podríamos cumplir en virtud de una prohibición constitucional expresa. Nadie, que yo sepa, ha interpelado al Gobierno sobre esta materia. Mi impresión consiste en que nuestras autoridades simplemente apuestan a que la CPI no se atreva a poner palos en la rueda a un proceso de paz que respalda el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde luego, una apuesta no es una política.

Es comprensible que a las Farc no les hubiera bastado negociar un sistema de justicia transicional tan benévolo como el que consiguieron si hubiese quedado pendiente la espada de Damocles de la extradición. Saben que el narcotráfico es considerado por los Estados Unidos como un crimen internacional, sus dirigentes tienen cabal conciencia de que la justicia norteamericana los tiene en la mira y no olvidan que, de un día para otro, el Presidente Uribe extraditó a la cúpula paramilitar.

Sin embargo, las inmunidades contra la extradición concedidas a las Farc han debido estar precedidas de gestiones con los Estados Unidos para modificar el tratado existente, el mismo cuya vigencia ha reiterado la Cancillería a propósito de la solicitud de extradición del Ministro Andrés Felipe Arias, lo cual, por cierto, nos coloca en una situación muy difícil de explicar: que solicitamos extradiciones a los Estados Unidos pero que, en el ámbito que a ellos interesa, no las concedemos. No sé si esas negociaciones o explicaciones tuvieron lugar, pero la desapacible carta de su embajador constituye fuerte indicio de que ello no sucedió.

Hay un asunto colateral importante que vale la pena mencionar. El desfile de los peores criminales de las Farc hacia la libertad, así sea condicional, está ocurriendo mucho antes de que entre a funcionar la JEP. O sea que lo que el común de los ciudadanos observa es impunidad, no justicia. Explicar a la sociedad que ella vendrá más adelante es una tarea complejísima en la que el Gobierno no ha tenido éxito.

Quizás el General Naranjo, que de tanta credibilidad goza, pueda desplegar una tarea pedagógica para convencernos de que, algún día, brillará la luz de la justicia.

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