Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/09/30 11:20

El sapo parecía ser más fácil de tragar

No es menor abogar por una paz sostenible y eso nos corresponde a nosotros: a los ciudadanos de a pie. Somos nosotros quienes nos deberemos tragar el sapo.

Marcela Prieto Botero. Foto: Guillermo Torres / SEMANA

El miércoles de la semana pasada fue un día donde incluso los más escépticos frente al proceso para la terminación del conflicto con las FARC quedamos callados ante lo aparentemente acordado en materia de justicia transicional entre el Gobierno y las FARC, al menos por unas horas. El sapo parecía más fácil de tragar.

Lo acordado en la Habana, hasta ese momento parecía verdaderamente histórico. Incluso fue sorprendente ver la actitud pasiva de alias ‘Timochenko’. Pasividad tan condescendiente que lo hacía a uno sospechar, pues lo que se estaba diciendo en la capital cubana era equilibrado y sensato sobre todo porque consistentemente se habló del respeto al derecho penal internacional y a la Constitución de Colombia, garantizando así la no impunidad, la reparación a las víctimas, la verdad restaurativa y garantías de no repetición. Pero además, sumado a lo anterior, el evento donde se produjo el anuncio se llevó a cabo con una puesta en escena espectacular, donde se alternaban la palabra los representantes del gobierno cubano y noruego casi simulando un baile de salón. Y para rematar, el hecho coincidió no solo con la visita del papa a Cuba y luego a EE. UU., sino también como preámbulo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las cosas no podían ser mejores. Incluso por primera vez vimos certeramente una luz al final del túnel con la firma de un acuerdo definitivo en un periodo de tiempo no mayor a 6 mesas.

Pero como dice el proverbio popular: después del gusto, que venga el susto. Efectivamente no era para menos sospechar que lo aparentemente acordado fuera aceptado cabalmente por la cúpula de éste grupo guerrillero tal y como lo fueron explicando durante la subsecuente semana los jefes negociadores del gobierno, los asesores jurídicos y el propio Presidente de la República. Efectivamente no solo hubo comunicado de prensa reactivo por parte de las FARC sino una entrevista concedida por ‘Timochenko’ a Tele Sur conducida ni más ni menos que por Piedad Córdoba. El comunicado afirma contundentemente que “el acuerdo denominado Jurisdicción Especial para la Paz, (…) está cerrado. Dice que “no es cierto que con respecto a su contenido sustantivo y procedimental haya temas que requieran precisión adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna, porque lo escrito y recogido en el texto es totalmente trasparente” (…). A renglón seguido afirmaron que “en el acuerdo no se habla de concentración de tropas de las FARC-EP ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva”. Y para completar, ‘Timochenko’ afirmó en Tele Sur que él no tendría que pedirles perdón a las víctimas porque pedir perdón era arrepentirse de lo que había hecho como revolucionario. Y que además, muy probablemente se tomarían más de los seis meses para firmar el acuerdo final, que a él no le gustaban esos plazos.

Así que el ánimo que despertaron las explicaciones hechas por expertos juristas y diseñadores de la llamada Jurisdicción para la Paz, como Manuel José Cepeda, no pudo durar mucho. Se llegó a afirmar contundentemente que efectivamente tendríamos tres tipos de sanciones para los máximos responsables o para aquellos que quisieran aportar con verdad al proceso. Se afirmó que éstas irían desde una pena por 20 años de prisión, hasta la restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años en un lugar preestablecido, identificado y señalado por el tribunal que impondría la sanción, sometido a un régimen de seguridad, vigilancia y protección de la vida, que incluiría reglas sobre desplazamiento. Esas libertades restringidas irían desde la libertad de residencia y la libertad de movimiento, acompañada de unas obligaciones de hacer actividades como trabajos y obras para reparar a las víctimas y restaurarlas. En otras palabras, siempre habría, en uno u otro esquema, restricción a la libertad.

Hoy ya vemos que no está para nada claro todo lo expuesto por el gobierno en cuanto el acuerdo sobre justicia transicional se refiere. En efecto nos dijeron que existía un documento de 90 páginas que desarrollaba en detalle todo lo acordado y al parecer no es así tampoco. Una vez más sale la cúpula guerrillera a desautorizar al gobierno, y que lo acordado es ni más ni menos lo estipulado en el documento expuesto en La Habana el miércoles pasado. Esta falta de claridades lo único que logra es aumentar los niveles de escepticismo frente al proceso.

Ahora tendrá que venir nuevamente Humberto de la Calle a aclarar y a apagar el fuego siendo éste el único capaz de darle algún grado de legitimidad y sostenibilidad a lo efectivamente acordado. La gran pregunta hoy es, ¿en qué estamos entonces en materia de justicia transicional? El Presidente Santos insiste en afirmar que “en menos de seis meses repicarán las campanas que anuncien la hora de la paz”. No es sano ni para la solidez del proceso ni para los colombianos que estas contradicciones se sigan dando, puesto que somos finalmente los ciudadanos quienes tendremos que vivir con lo acordado como sociedad más allá de las medallas que le den al Gobierno Santos en el extranjero, por lograr firmar un acuerdo. No es menor abogar por una paz sostenible y eso nos corresponde a nosotros: a los ciudadanos de a pie. Somos nosotros quienes nos deberemos tragar el sapo.

@marcelaprietobo

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