Solo la meritocracia nos puede salvar

Los primeros renglones de este capítulo dicen: “La construcción y consolidación de la paz… requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para…fortalecer el pluralismo… con las debidas garantías para la participación y la inclusión política… La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción”… (Negrillas, mías)

Se supone que para lograr este objetivo es la Reforma Política y Electoral que cursa en la Cámara de Representantes. Pero esta parece diseñada para contrariar lo expresamente establecido en los acuerdos.

Es así como el origen del Consejo Nacional Electoral continúa siendo político. Es una prueba adicional, si faltara alguna, de que los intereses de la clase política no coinciden con los intereses nacionales. Los consejeros serán nombrados por políticos, como lo son los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los de la Corte Constitucional. Este es un sistema que ha fracasado pero que sirve a las posibilidades de injerencia de la política en la administración de justicia desde la Constitucional en adelante.

¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en la administración de justicia permeada de política? El dilema de Colombia es claro: O continuamos con la influencia política en la administración de justicia, o instauramos un riguroso, objetivo y público sistema meritocrático en el que nuestros magistrados y consejeros lo sean en función de su competencia, experiencia, de su idoneidad moral y académica medida a través de concursos honestamente llevados a cabo por universidades respetables.

Lo mismo deberá suceder con la administración pública y los organismos de control. Solo la meritocracia puede impedir que a la jefatura, por ejemplo, de la unidad anticorrupción más alta en la Fiscalía, lleguen personas corruptas. Solo la meritocracia nos salvará. Ella sí que significa inclusión política pues es el instrumento para darle aplicación práctica en el acceso al servicio público del principio constitucional de la igualdad de oportunidades.

Necesitamos un candidata (o) a la Presidencia de la República, uno por lo menos, que haga de esta, a todos los niveles del Estado, una de sus dos o tres banderas ideológicas, programáticas, más importantes, pues detrás del reclutamiento meritocrático está la puesta en práctica, quiero repetirlo, del principio constitucional burlado en gran medida hasta ahora, de igualdad de oportunidades para todos.

¿Y qué decir de la financiación de las campañas electorales? Seguirán siendo, como ahora, parcialmente cubiertas por el Estado y por los particulares. Pero esta financiación privada es la fuente de la corrupción, principalmente en materia contractual, hasta el punto de que lo importante no es hacer las obras o prestar los servicios sino adjudicar los contratos. De ahí tantas obras inconclusas y tanto despilfarro que nadie controla a tiempo porque en Colombia no hay una institución encargada del control de resultados. Solo la hay del control numérico legal y de gestión. No de resultados.

Es también la degradación de la democracia pues ya los candidatos, en gran número, son de los contratistas y no de los partidos y ni siquiera de sus propias organizaciones políticas, lo cual se agrava gracias al voto preferente, que impide el fortalecimiento de los partidos y que ha llevado el costo de las campañas a sumas irracionales. Cada candidato se ve obligado a gastar lo que debería costarle la campaña entera al partido. Esos contratistas obviamente esperan su retribución en el futuro, como la han tenido en el pasado, porque lo que han hecho es una inversión como cualquiera otra. Y todo lo anterior para no hablar de la presencia en la actividad política de dineros ilegalmente obtenidos como los provenientes de grupos al margen de la ley.

El presidente Santos al instalar la Misión Electoral Especial dijo:

“A estas alturas, con lo que estamos viendo, hay que ser prácticos y oportunos. Por eso les sugiero que piensen en este momento si no sería conveniente una financiación 100 % estatal para dejar a un lado todas esas injerencias de contratistas y de intereses económicos sobre nuestra democracia y después veremos si ese método funciona o no”. (El Espectador, 17 enero de 2017)

Es una pena que el presidente de la república no se sienta comprometido con el tema de eliminar la financiación privada de las campañas por dos o tres periodos, como lo había señalado. Inconsecuente con sus palabras de hace pocos meses ahora el Gobierno apoya esa financiación privada que también conspira contra el bien público en las decisiones de ley como lo prueba el tema de las bebidas azucaradas. El presidente dijo y tiene razón:

“La financiación 100 por ciento estatal, que creo que es una buena alternativa, debe complementarse con la capacidad de investigación para que las reglas se cumplan y los recursos que se usen sean únicamente los autorizados”. (El Tiempo, 19 de marzo de 2017) Pues en la Reforma Política y Electoral que cursa en el Congreso no aparece ni lo uno ni lo otro: Ni la financiación únicamente pública, ni la especie de UIAF que persiga la financiación ilegal de las campañas.

El actuar con criterio político en las decisiones que deben ser jurídicas es una forma de corrupción porque implica por parte de los magistrados y consejeros que tienen esta debilidad, estar al servicio de los intereses de sus electores, es decir, de quienes los postulan y de quienes los eligen en el Congreso, y no al servicio de la Constitución y de la ley. Tenemos muchos ejemplos de lealtades mal entendidas. El origen político conduce a la corrupción que implica, llegado el momento, en casos relativamente fáciles jurídicamente pero muy difíciles políticamente, desconocer el ordenamiento jurídico por complacer al poderoso. Financiación privada, voto preferente y origen político de los jueces, es la puerta de entrada a la corrupción.

La posibilidad de tener candidatos por firmas es actualmente una especie de vía de escape de la asfixiante olla a presión del sistema clientelista que nos oprime. El proyecto de reforma conduce a eliminarla. Las firmas ofrecen opciones diferentes de liderazgo político, liderazgo que con frecuencia se ve ahogado por el umbral que deja sin representación en el Senado a estos movimientos cuando no llegan al 3 por ciento del censo electoral que hoy asciende a 35.612.041. Ese 3 por ciento --1.068.361 votos-- es evidentemente excesivo e impide cumplir con lo pactado en los Acuerdos de Paz cuando dicen: “La construcción y consolidación de la paz… requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político”. Pero de esto no se ocupa el proyecto de reforma.

Pero la Reforma Política y Electoral que se discute tiene cosas peores. Lo veremos en el próximo artículo.

Constituyente 91