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Opinión

  • | 2017/06/17 09:05

    Adelantar las elecciones también es una opción

    Es la base para propiciar un dialogo que viabilice la implementación de los acuerdos, y permita retomar rápidamente la normalidad de las políticas públicas en los sectores y territorios.

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Cuando pensamos que se llegó al límite, el país se descuaderna cada vez más. Como si hiciera falta, ahora los medios informan que los españoles de Canal II también aportaron dineros mal habidos a la campaña presidencial de 2010. Un ladrillo más en la pared. Demasiada incertidumbre para el año de gobierno que todavía queda. Y a la vista de las elecciones, no hay ninguna señal que permita pensar que se trate de una transición tranquila.

No hay un solo frente de gobierno, del que se pueda hacer un reporte medianamente favorable. Los indicadores de la economía están dando claras señales de estancamiento. La encuesta del DANE ya muestra que en el último año la producción industrial cayó en 6.8%, en tanto que las ventas minoristas lo hizo en un 2%. Lo grave es que las dificultades ya se extienden por todo el sector. Entre enero y abril de este año, 32 de las 39 actividades industriales existentes, reportan datos en rojo, en tanto que 11 de las 15 líneas de mercancías no pudieron lograr la facturación obtenida en el mismo periodo del año anterior.

Y mientras el consumo sigue cayendo, y los empresarios frenan sus decisiones de inversión, el aumento de la informalidad a niveles cercanos al 50% de la población ocupada, no sólo revela la incapacidad de la economía para crear empleos de calidad. También se extiende por las ciudades como una mancha que amenaza con más inseguridad y violencia. El problema es tan grave, según el Dane al finalizar el mes de abril, dos de cada tres colombianos no tienen seguridad social y uno de cada dos, sólo gana el salario mínimo.

El creciente estado de crispación que se revela detrás de los paros cívicos y las movilizaciones sociales, no sólo es el resultado del incumplimiento de las promesas hechas por el gobierno. También refleja un acelerado deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos. El sistema de salud hizo crisis. Los problemas de atención y escasa resolución en los niveles I y II, sumados a la congestión hospitalaria en el nivel III, ha llevado a la paradójica situación de que en Colombia hay más cobertura, pero cada vez menos colombianos tienen acceso a los servicios médicos. Y así como el paro de maestros puso sobre la mesa el impacto negativo que produjo en la educación la reforma en el Sistema General de Participación, los paros de Buenaventura y Chocó o las movilizaciones de la Guajira y Magdalena, hicieron explicita la exclusión de muchos colombianos de los servicios básicos de acueducto y alcantarillado.

La política minera y energética está manga por hombro. El clientelismo que el gobierno sembró en 2013, con la “repartición” del Sistema General de Regalías, y su inmovilidad ante el avance de las consultas populares y la falta de reglas de juego para los inversionistas, ahora muestra sus resultados. Mientras que en minería, el Ministerio ha terminado reducido a tratar de “formalizar” a “pequeños” mineros ilegales que trabajan retroexcavadoras y dragas, en zonas controladas por grupos armados ilegales, en los municipios mineros (como Cajamarca) los alcaldes comienzan a denunciar ver que detrás de las consultas populares en que gana el NO, llegan el desempleo y la violencia depredadora de los mineros ilegales. En materia de hidrocarburos, entre 2014 y 2016, la inversión extranjera cayó al 26.8%, las reservas probadas de petróleo a sólo 5.5 años y las exportaciones a menos del 33%. Todo en un periodo en el que el déficit Fiscal creció del 2.4% al 4.4% del PIB.

La política exterior está atravesando uno de sus peores momentos. Al tiempo que la Canciller denuncia en Oslo la ocupación de las fronteras por parte de los carteles internacionales del narcotráfico, la presión de los Estados Unidos aumenta en los dos frentes claves para el gobierno Santos. Por una parte, en una dura carta a la Corte Suprema de Justicia pone en evidencia su falta de confianza en el proceso de paz, y en particular sobre el funcionamiento del aparato de justicia acordado con las FARC. Y por otra, en la discusión de los presupuestos, el propio Secretario de Estado, Rex Tillerson, hizo visible la necesidad de reorientar la política de lucha contra el narcotráfico definida por el gobierno colombiano.

Y como si semejante situación no fuera crítica, en la implementación de los acuerdos con las FARC, el gobierno parece cada vez más desbordado por los compromisos asumidos en las negociaciones de la Habana. Los retrasos y malos manejos denunciados en el alistamiento de las zonas veredales transitorias de normalización, la pérdida de confianza pública surgida por la falta de claridad en el proceso de entrega de armas a Naciones Unidas, o los múltiples problemas que el gobierno ha tenido que enfrentar por las decisiones de los jueces o las denuncias de irregularidades en el desarrollo normativo de los acuerdos en el Congreso, han dejado al gobierno en el peor de los mundos. Una implementación regida por un cúmulo de reglas dispares, incompletas y, en muchos casos, contradictorias que no dejan ver un escenario institucional firme para la paz. Y peor aún, detrás de ese desorden, cada quien trata de posicionarse, tratando de fraguar su propia estrategia de supervivencia.

Por razones de espacio, no me he querido referir a la muy difícil situación de inseguridad y violencia que se vive en las zonas urbanas. Allí donde el micro tráfico tiene cercados a los colegios y escuelas buscando nuevos adictos a la droga, y a las autoridades manteniendo el control territorial a punta de acciones armadas.

Pero lo verdaderamente relevante, lo que no podemos perder de vista, es que el Presidente ni su gobierno no logran retomar el control de la situación. Tampoco consiguen movilizar el escaso poder político que le queda, para garantizar una ruta segura al proceso en que está empeñado. Por el contrario, cuando pareciera que está cerca de controlar un problema, en otro frente estalla otro de mayor dificultad, y a éste sigue otro de mayor gravedad, en una cadena de nunca acabar. Todo parece regido por el signo de la desconfianza y la incapacidad. Y queda un larguísimo año de gobierno y la incertidumbre es demasiada.

Es claro que una renuncia presidencial puede ser muy traumática. Adelantar las elecciones también aparece una alternativa que podría ayudar a acabar con la polarización y ofrecer un escenario de estabilidad, garantías y tranquilidad electoral. Es la base para propiciar un dialogo que viabilice la implementación de los acuerdos, y permita retomar rápidamente la normalidad de las políticas públicas en los sectores y territorios. La formula tiene una ventaja. Solo necesita una Ley que cambie la fecha de las elecciones. Y aún si se requiriera un cambio constitucional, pues para eso está el “fast track”.

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