Viernes, 20 de enero de 2017

| 2015/10/13 20:00

Adiós al 'congresito', a la comisión especial legislativa

El documento suscrito sobre un "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición" obliga a prescindir de este organismo.

Adiós al 'congresito', a la comisión especial legislativa Foto: Archivo Particular.

En el foro sobre “El Ejército del futuro”, el general Alberto José Mejía, su comandante, afirmó: “Sabemos que vienen unos retos y desafíos difíciles, pero vamos a ayudar a nuestro país para que, a partir de la firma de esa paz, podamos estar…. ayudando a conquistarla (…) La manera de ayudar a conquistar la paz no es estando o viviendo en el ejército del pasado (…) por el contrario, necesitamos estar en un permanente proceso de cambio”. Ese cambio incluye la “Transformación y adopción de la nueva doctrina”.

No va a esperar el Ejército un año para comenzar la implementación de su nueva doctrina. Empezará a partir de la firma del acuerdo de paz.

Otro tanto debe hacer el Presidente y el Congreso. Poner a andar desde ahora o a más tardar desde comienzos del año próximo la legislación sobre los diferentes puntos acordados en la  mesa de negociación con las FARC.

El documento suscrito sobre un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición” que incluye la creación de “una Jurisdicción Especial para la Paz”, obliga a prescindir del “Congresito” pues este organismo supuestamente concebido para agilizar el proceso de aprobación normativa de los acuerdos, sólo serviría ahora para demorarlos ya que el tiempo para su trámite puede ser utilizado en la expedición de los actos legislativos y de las leyes que se requieran para cristalizar en legislación positiva los cuatro puntos ya  acordados entre el Gobierno y las FARC .

Ha dicho el Presidente que nada está acordado en la Habana hasta que todo esté acordado. Es una regla que ha perdido vigencia con el acuerdo sobre justicia transicional y deberá ser cambiada como lo fue aquella de que se negociaría sin consideración a lo que sucediera en la guerra pues esta no debía impactar los diálogos de paz. Son reglas ahora superadas por la realidad y en consecuencia insostenibles pues debe partirse de la base de que lo acordado, acordado está. Tanto más cuanto que el Presidente ha sostenido que son ideas que deben convertirse en normas jurídicas con proceso de paz exitoso o sin él. 

Si de ganar tiempo en la expedición de la legislación  referente a los Acuerdos se trata, nada más indicado que el Gobierno presente desde ahora o a más tardar cuando se firme el quinto punto del temario base de las conversaciones, los proyectos de actos legislativos y de  leyes pertinentes, y pedir facultades extraordinarias para los casos susceptibles de ellas. Nada justifica esperar, para empezar a presentar los proyectos, que esté aprobado el llamado “Congresito”.

Así, por ejemplo, en lo referente a la política de desarrollo agrario integral, acceso a la tierra y uso de la misma deberían ser enviados los proyectos con nota de urgencia a la Comisión Quinta, por ejemplo, de la Cámara de Representantes y solicitud de que sesione conjuntamente con la del Senado. Y podría hacerse lo mismo con las Comisiones Séptimas en lo referente a salud y vivienda, y con las Comisiones  Primeras en cuanto a la participación política, los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, la participación ciudadana, etc. Otro tanto con el tema de las drogas ilícitas y el resto del temario convenido.

No hay tiempo que perder. Poner a trabajar las diferentes Comisiones de ambas Cámaras de manera conjunta y simultánea en lugar de una sola de ellas dentro de un año juega a favor de la rapidez sin necesidad de correr riesgos ante la Corte Constitucional que la buena voluntad que las partes han demostrado en el proceso, no merece.

Lo anterior significa que desde ya o dentro de unos pocos meses el señor Presidente puede poner a sesionar sobre los distintos temas a  las diferentes Comisiones Permanentes. Las leyes podrán estar aprobadas muy rápidamente  y los actos legislativos en un término no superior a un año, sin necesidad de imponerle una capitis diminutio a los Congresistas y sin llevarse de calle principios democráticos como el  de separación de poderes. No olvidemos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 declara que sociedad en la que no se garantiza la separación de poderes no tiene Constitución. (a.16).

Sería mucho lo que ganaríamos en términos de tiempo y de institucionalidad en comparación con la ruta constitucionalmente riesgosa por antidemocrática que implica el A.L. sobre el “Congresito”, pues, además de todo, pretende que el Legislativo delegue su poder constituyente cuando no hay  norma en la Carta Magna que se lo permita. Pueden los congresistas delegar su poder legislativo en el Presidente, en ciertos casos porque así está previsto en la CP. Pero no su poder constituyente por no estar previsto en ninguna parte. El Congreso no puede decir, ni siquiera en compañía del Presidente, el Estado soy yo, como Luis XIV.

Es que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que les está expresamente permitido en la Constitución o en la  ley. Es un elemento esencial del Estado de Derecho recogido en los arts.6°,121 y 123 de la CP, entre otros, al lado del que prevé que los particulares son libres de hacer todo aquello  que no le está prohibido por la normatividad jurídica. Seamos consecuentes.

*Constituyente 1991

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.