Aguas abajo

En el día mundial del agua, Colombia tuvo bastante qué celebrar. Le tocó en suerte ser uno de los países del planeta con mayor cantidad de agua. Pero, además de lo que le cae del cielo, los gobiernos con frecuencia citan el avance que han tenido los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras para sus habitantes. Y sí, las cifras reflejan un lento progreso: 10 por ciento más de colombianos tienen hoy acceso a estos servicios, comparado con hace una década.

Sin embargo, el día del agua le debe servir a Colombia más para reflexionar lo poco que está aprovechando su gran potencial y el desigual disfrute que de éste hacen sus habitantes. Para empezar, ni siquiera conocemos bien la situación.

Casi la mitad de los alcaldes del país no informan en sus planes de desarrollo para el período de gobierno actual (2004-2007) ni siquiera qué calidad de agua toman sus pobladores, ni cuántos tienen servicio de acueducto. La información sobre las zonas rurales es, en general, aun más escasa. Estos hallazgos provienen de un estudio detallado –que están por lanzar Unicef, la Procuraduría y otras entidades– de cómo alcaldes y gobernadores diagnostican y enfrentan los problemas de agua potable y saneamiento básico en sus planes de desarrollo.

Como carecen de información técnica y confiable sobre el estado de estos servicios, muchos planes de desarrollo municipales también fallan a la hora de formular soluciones a estos problemas. A veces los costosos proyectos que emprenden no se centran en solucionar sus necesidades más apremiantes. Por ejemplo, gastan en mejorar el matadero, cuando la gran mayoría de su población no tiene agua potable.

No darle agua potable y unas condiciones mínimas de saneamiento para desechar aguas servidas y basuras a la población no sólo viola la ley, sino que es criminal. El consumo de aguas malas y el contacto con ambientes poco salubres producen la muerte de miles de personas, en especial de los niños. Y en esto último, Colombia muestra un retroceso penoso: si en 2000, de los niños que morían antes de cumplir 5 años, 5 por ciento fallecían por enfermedades diarreicas agudas, en 2005 la cifra subió al 6 por ciento.

Otros datos que arroja el estudio son igualmente alarmantes. A uno de cada cuatro hogares colombianos no le recogen la basura; 58 por ciento de los colombianos que viven en los municipios menores de 50.000 habitantes –que son la gran mayoría– no tienen agua potable, y apenas el 12 por ciento de los habitantes del campo toma agua salubre. Una mayoría de éstos últimos, más de ocho millones de campesinos, no tiene ningún sistema de evacuación de aguas servidas, ni letrinas, ni tanques, ni nada. Y más de 400 municipios botan olímpicamente la basura en campos a cielo abierto; y otro tanto descargan sus aguas servidas directamente a una quebrada, o incluso, varios de ellos las arrojan a las calles.

Precisamente lo más vergonzoso que muestra el estudio son las enormes diferencias entre colombianos. Así, mientras Chocó tiene coberturas de acueducto y alcantarillado como las de Angola y más bajas que las de la República Democrática del Congo, es decir, una de las peores del mundo, Bogotá tiene niveles parecidos a los de Suiza. Y antes de que los políticos locales salgan gritando cómo se les discrimina, el estudio muestra que Chocó ha recibido 70 por ciento más recursos de transferencias de la Nación que el promedio de lo que reciben los otros departamentos, pero apenas le ofrece acueducto y alcantarillado al 38 por ciento de sus habitantes. Y La Guajira, entre los dineros que recibe por transferencias y los que recibe por regalías, ha contado con 50 por ciento más recursos que el promedio de los otros departamentos y, sin embargo, hoy tiene una cobertura de alcantarillado 17 por ciento más baja que la de hace 10 años. Es más, en 2003, departamentos como Atlántico y Norte de Santander no invirtieron en el sector 8.300 millones y 2.900 millones, respectivamente, de los dineros que les transfirió la Nación para mejorar alcantarillados y acueductos de sus localidades.

El problema entonces no es de falta de dinero. Es de mal gobierno y de profundas fallas institucionales. Y si no se hace un esfuerzo enorme por fortalecer la capacidad de planeación y gestión de municipios y departamentos, y no se afina el control para que inviertan el dinero dónde más lo necesitan sus habitantes, Colombia seguirá, en el mejor de los casos, avanzando a paso de tortuga y en forma muy desigual.