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Opinión

  • | 2011/04/18 00:00

    AIS: ¿cortando cabezas equivocadas?

    Va contra la justicia la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad en contra todos ex altos funcionarios del Ministerio de Agricultura relacionados con el manejo del Programa AIS.

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Con todo respeto con el juez, el fiscal y el procurador judicial, va contra la justicia la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad en contra del exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, del ex secretario general, Juan David Ortega, de la ex directora de Comercio y Financiamiento, Camila Reyes del Toro y de los exjefes de la Oficina Jurídica, Tulia Eugenia Méndez y Óscar Schroeder Muller, todos ex altos funcionarios del Ministerio de Agricultura relacionados con el manejo del Programa de Agro Ingreso Seguro (AIS).
 
Es innegable que lo ocurrido alrededor del Programa AIS fue un despropósito, más aún si se tiene en cuenta que uno de los objetivos fundamentales del programa era el de preparar el terreno para minimizar las consecuencias inevitables del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que cinco años después sigue igual de empantanado.
 
Y peor aún si recordamos que otro de sus nobles objetivos era el de reducir la desigualdad en el campo. Para lograr esos propósitos, se invirtieron 302 mil millones de pesos de los impuestos de los colombianos y se ha comprobado que al menos el 10 por ciento de los recursos fue entregado de manera irregular y fraudulenta. Es indiscutible que en este “teatro del absurdo” hay actores responsables, a quienes les debe caer todo el peso de la ley.
 
A mi juicio, no procede la medida de aseguramiento que afecta a los cinco subalternos mencionados y que se basa en la imputación de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad en documento público.
 
La presunción de inocencia, hasta donde tengo conocimiento, sigue siendo un principio vigente en nuestro país. Aunque optar por la prisión preventiva no es ilegal, se debe anotar que según reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, esta medida se aplica sólo en ciertos casos donde el imputado pueda huir del país, eludir la acción de las autoridades, alterar las pruebas o manipular la investigación de cualquier forma, o cuando se concluya que constituye un peligro para la comunidad o las víctimas, después de un minucioso análisis sobre sus antecedentes penales y sobre la posibilidad de que el imputado continúe con la presunta actividad ilícita.
 
La implicación en peculado por apropiación fue la única del pliego de cargos en la cual el propio juez consideró que la fiscalía no tenía suficiente acervo probatorio. Y paradójicamente, éste era el único cargo que hubiera merecido una decisión de esa naturaleza.
 
Responsabilidad política, entierro de pobre
 
No obstante, los jueces competentes tienen la obligación de generar una respuesta penal ante una solicitud de la Fiscalía. Es probable que estemos frente a un caso de politización de la justicia.
 
Me atrevo a pensar que la imparcialidad y la pureza del concepto del juez están contaminadas por la presión que recibe de, entre otros, los medios de comunicación y de la opinión pública. Otra herencia de los ocho años de enfrentamiento entre el expresidente Uribe y la rama judicial, y del entierro de pobre para el concepto de responsabilidad política que protagonizó en su gobierno.
 
La responsabilidad política compromete primordialmente a la cabeza de una institución, o a quien se le ha confiado una cierta función o tarea de gran importancia que fracasa; a quien debe asumir las consecuencias de lo ocurrido por causa de errores de sus subalternos, de operaciones o actuaciones de su organismo debido a un nombramiento equivocado, por ejemplo, o por sus vínculos particulares, familiares o económicos con personas sub judice o condenadas. En eso consiste el costo político de una mala decisión o de un grave error administrativo en la cúpula del Ejecutivo, en cualquier país civilizado y democrático.
 
Control político sin dientes
 
En nuestro país, hace mucho tiempo que no vemos caer un ministro. No existe ningún escándalo, ni “metida de pata”, ni falta grave en el plano ético, en lo político o en lo financiero que hayan desembocado en una renuncia digna o en “cortar la cabeza” de algún alto funcionario verdaderamente responsable.
 
Y no ha sido diferente en el caso específico de AIS: pasa el tiempo y para los exministros y las poderosas familias implicadas en el escándalo, los máximos desajustes o costos en que han debido incurrir y que han sido fielmente registrados por los medios son por ejemplo, no haber podido aceptar el cargo de embajador de Colombia en Italia en el caso del exministro Arias.
 
O para las familias Lacouture, Vives, Fernández de Castro, Posada Grillo y Cuello, entre otras, la incomodidad que debió causar en su abundante flujo de caja verse obligadas a devolver recursos que ya tenían en sus arcas; para la exreina, presentadora y actriz Valerie Domínguez , su trágica ruptura amorosa con el comisionista de bolsa Juan Manuel Dávila, causada seguramente por los sobresaltos que produjo el escándalo en su relación y … a la imputación de cargos y a la posible medida de aseguramiento, pese a que se apresuró a devolver la plata.
 
Cortar cabezas para proteger a los responsables
 
Y esas cabezas pueden ser perfectamente las de uno o cinco subalternos de alto nivel técnico bajo el mando de los exministros de Agricultura Arias y Fernández. Con todo respeto, ninguno de estos dos últimos ha demostrado ser excesivamente brillante, pero sí lo suficientemente sagaz como para no depender del criterio de un viceministro, de un Secretario General, de la Directora de Comercio y Financiamiento o de sus asesores jurídicos.
 
El mensaje que se recibe es claro: ya van cinco altos funcionarios del ministerio “pagando el pato” por el escándalo, mientras se les juzga por los gravísimos delitos que se les imputan, de los cuales pueden resultar o no culpables.
 
Pero cuidado porque ellos nunca tendrán el mismo nivel de responsabilidad de los ministros Arias y Fernández, a quienes hasta ahora la Fiscal General que es la autoridad responsable, no les ha atribuido responsabilidad penal alguna, ni fiscal, ni disciplinaria ni administrativa y ni siquiera se les hizo políticamente responsables de los hechos. La delegación no exime a los exministros de la responsabilidad política y jurídica de las políticas formuladas, de las decisiones tomadas y de los contratos firmados.
 
No tengo ninguna pista para intuir la culpabilidad o inocencia de los implicados: ese es un asunto que solamente concierne al juez en su conciencia, después de haber evaluado las pruebas presentadas.
 
No obstante, ser acusado no es sinónimo de ser culpable. Pero para el imaginario colectivo colombiano de hoy, meter a la cárcel implica que los imputados ya son culpables. Si después del juicio, por las razones que fueren, se les declara inocentes ¿cómo se les va a restituir la honra, devolver el tiempo y mitigar los daños morales que habrán sufrido con toda certeza?
 
Meter a la cárcel a estos subalternos tiene implicaciones concretas para sus vidas reales: son personas como usted o como yo, mujeres cabeza de familia, profesionales de alto nivel técnico, equivocados o no, pero todavía no pueden ser considerados criminales juzgados y sentenciados.
 
Cuidado con lo ocurrido en esta semana, porque el linchamiento público con cara judicial puede ser la estrategia para calmar las legítimas ansias de justicia de la sociedad y de paso para redimir a los verdaderos responsables que sabemos.
 
El control ciudadano al funcionamiento judicial es indispensable, pero el debido proceso es un principio y una garantía que todos debemos defender por nuestro propio bien, trátese de quien se trate.
 
* Subdirectora de Razón Pública.
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