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Opinión

  • | 2014/07/19 00:00

    ¿Al Estado se le puede exigir verdad?

    La guerra la hacen dos ejércitos. Así que las responsabilidades son compartidas y de ambos lados hay explicaciones que ofrecer, pues hay víctimas de unos y otros que esperan la verdad.

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La inclinación de algunos sectores de este país en pensar que la guerra que padecemos desde hace 50 años solamente la hicieron las guerrillas es una tendencia que elimina la posibilidad de cuestionarle al Estado su comportamiento en esa confrontación bélica, que también provocó cientos de víctimas y cuyas familias esperan la verdad de lo ocurrido.

Mientras en La Habana, Cuba, los equipos negociadores del gobierno y de la guerrilla de las Farc se aprestan a conversar sobre las victimas que ha dejado esta cruenta disputa armada, en Colombia se realizan foros regionales para escuchar a todos aquellos que sufrieron en carne propia la acción de los cañones. Hay una tendencia en esos encuentros a exigirle a la insurgencia que hable de todo lo que ha hecho durante sus cinco décadas de alzamiento en armas, y eso está bien, es necesario, para la reconciliación y la superación de los odios.

Pero me viene asaltando una duda desde hace varios días: La guerra la hacen dos ejércitos, así que las responsabilidades son compartidas y de ambos lados hay explicaciones que dar, pues hay víctimas de unos y otros. En ese sentido, al Estado también hay que exigirle verdades y no de poca monta, pues con su actitud ante “el enemigo”, real y supuesto, se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos y cientos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Así como muchos familiares de víctimas de secuestro dirigirán sus preguntas y exigencias a la guerrilla de las Farc, para que les den respuestas de sus parientes, sobre todo aquellos de los que no se sabe nada;  también es necesario que se le pregunte al Estado no solo por las miles de personas que fueron desaparecidas de manera forzada y de cuya suerte poco o nada se conoce y en cuyas acciones participaron agentes de los diversos organismos de seguridad estatales, sino por la indolencia del Legislativo y el Ejecutivo al dilatar durante doce años, entre 1988 y 2000, la decisión de considerar esta práctica como un delito e incorporarlo al Código Penal colombiano. Quienes evitaron esa decisión deben ser cuestionados. 

A la guerrilla de las Farc también se le debe exigir que cuente verdades estructurales, como por ejemplo sus vínculos con sindicatos, organizaciones no gubernamentales, carteles del narcotráfico, comerciantes, industriales, políticos y académicos, así como se le ha reclamado a quienes se desmovilizaron en distintas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc); pero a la par, también es clave demandar del Estado, quien quiera que hable en su nombre, responsabilidad en la creación y promulgación de leyes y normas que favorecieron el desarrollo del paramilitarismo en el país.

Durante cincuenta años, los insurgentes han cometido toda serie de abusos contra la población civil: cruentas acciones contra pueblos utilizando armas no convencionales proscritas por la legislación internacional; sometimiento de comunidades enteras a controles rigurosos y a restricciones de la movilidad;  empadronamientos de la población para un mejor vigilancia en los territorios bajo su dominio; y destrucción de medios de producción, sobre todo en áreas rurales, vulnerando el derecho al trabajo de cientos de personas, por reseñar algunos.

Sin embargo, la Fuerza Pública, en su afán de ganarle terreno a las guerrillas, apelaron a las mismas prácticas que sus enemigos y consideraron como “enemigos” a numerosas comunidades, civiles y pacíficas. En nombre de un Estado ausente y una bandera inexpresiva, vulneraron los derechos ciudadanos, así éste fuera un campesino perdido en la montaña, un indígena de la selva profunda o un afro de ríos aislados. Confinamientos prolongados, restricciones alimentarias, bloqueos a la movilidad, así fueran a caballo, a pie o en pangas. La defensa de la llamada democracia ha llevado al abuso amparado en la ley.

No es una irreverencia ni un despropósito preguntarse por el papel del Estado en la prolongación de la guerra interna en Colombia; es un asunto de sensatez, de simetría, de responsabilidad. Como lo advierten algunos analistas de conflictos armados, una situación bélica como la que hemos vivido no puede verse en perspectiva unidimensional porque no comprenderíamos la complejidad de lo ocurrido. Lo padecido no ha sido en blanco y negro, entre buenos y malos.

Nuestro pasado, sobre todo en los últimos 50 años, está constituido por muchas verdades, no por una única verdad, que deben reclamársela a quienes han hecho la guerra, es decir, a los que por décadas estuvieron al frente de unos y otros ejércitos, pero también a los políticos que han pasado por escenarios de decisión y a los legisladores militaristas que no vieron otras salidas al conflicto armado que la incorporación de la población civil a sus fines contrainsurgentes adoptando leyes que lo permitieran. De esa manera nos fuimos hundiendo cada vez más en el pantano. Y sobre eso también es posible reclamar.

Comprendo que las víctimas de la guerrilla de las Farc quieran exigir verdades a quienes hoy están al mando de este grupo insurgente, desean respuestas claras, precisas, sin ambigüedades, sobre sus parientes, pero también considero necesario hacer una pausa, con ellas, y reflexionar sobre los matices que rodean esta guerra prolongada, sus causas, sobre otros responsables, incluso, sobre las otras víctimas, aquellas que dejó tendidas, ocultas, desterradas, el ejército constitucional. Son reales, existen, están ahí, también sienten dolor y quieren verdad.

¿Al Estado se le puede exigir verdad? Sí, claro, es la otra parte en la guerra, el otro fusil, la boca del otro cañón, el tirador en la orilla del frente, un perseguidor más. Que es constitucional, claro; que es legal, por supuesto; pero no por eso ha dejado de ser arbitrario y criminal. Cientos de condenas proferidas por jueces nacionales y extranjeros en estos años así lo revelan.

Es importante reiterarlo: para explicar los eventos de guerra que hemos soportado estoicamente, no hay un solo punto de vista, son múltiples, y a la hora de reclamar verdades sobre sus consecuencias, hay que ampliar la perspectiva. Aquel que solo ve, o quiere ver, o le imponen ver, el cuadro reducido de su entorno, perderá toda profundidad y podrá incurrir en errores de valoración. Incorporar al debate de la verdad la pregunta por el papel del Estado en el conflicto armado interno permitirá avanzar en la comprensión de los hechos. No hay que temerle a las preguntas, mucho menos a las respuestas; unas y otras, planteadas con claridad, nos ayudarán a fortalecer el camino de la reconciliación. 

En Twitter: @jdrestrepoe
*Periodista y docente universitario.
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