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Opinión

  • | 2003/11/03 00:00

    Alcaldes, gobernadores y la seguridad democrática

    Hugo Acero, subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, hace una crítica a la política de defensa y seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe en materia de seguridad ciudadana y al desconocimiento de esta por parte de los alcaldes y gobernadores, que según el funcionario <i>"no ejercen su función de velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos"</i>.

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La Política de Defensa y Seguridad Democrática del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez se constituye en el segundo documento de política de estado en materia de seguridad en toda la historia del País. El primero fue la Estrategia Nacional contra la Violencia del Presidente César Gaviria. Los dos documentos, aunque formulan algunos elementos de seguridad ciudadana, no profundizan sobre este tópico y se centran en dos problemas importantes que tiene el país, como son el conflicto armado y el narcotráfico.

En materia de seguridad ciudadana, la Política de Defensa y Seguridad Democrática avanza un poco más, al incluir como tema central la reducción del homicidio. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana es necesario avanzar con un mandato más claro, que podría ser a través de una directiva presidencial, donde se definan las responsabilidades de los alcaldes y gobernadores y se profundice más sobre la seguridad de los ciudadanos que se ven afectados por acciones delincuenciales y violentas de actores distintos al conflicto armado y al negocio del narcotráfico.

A pesar de que la Constitución Política de Colombia (CPC) de 1991 estableció claramente que los gobernadores y alcaldes tiene la obligación de garantizar la vida, bienes y honra de los ciudadanos y de preservar el orden público en sus jurisdicciones, se ha venido observando con preocupación cómo, paralelo a la creciente diversificación e incremento de las manifestaciones de violencia e inseguridad, la mayoría de las autoridades locales han declinado su responsabilidad esencial en estas materias, dejándolas, exclusivamente, en manos de los organismos de seguridad y de justicia.

En la mayoría de los casos, los gobernadores y alcaldes no saben responder por estas materias. Los consejos de seguridad solo se reúnen después de los hechos violentos (tomas, masacres, acciones terroristas, amenazas, etc.) constituyéndose en instancias reactivas y a destiempo, antes que preventivas y planificadoras de la seguridad. Las reuniones de seguridad que se llevan a cabo en algunos departamentos y municipios se reducen, en la mayoría de los casos, a los informes de los Comandantes, en donde, dependiendo de la situación de inseguridad y orden público, se toman decisiones al respecto.

Los alcaldes y gobernadores no ejercen su función de velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Los argumentos para no hacerlo están ligados casi siempre a que es un tema exclusivo de los uniformados, a la falta de tiempo, las otras funciones que le impiden hacerlo, el trabajo represado que existe en las dependencias y la carencia de personal idóneo para manejar la seguridad y la convivencia en sus respectivas jurisdicciones.

La problemática se agrava porque casi en ningún departamento o municipio existen estudios de inseguridad que diagnostiquen la verdadera situación en cada uno de ellos. En contados departamentos y municipios existen planes locales preventivos y coercitivos que cuentan con recursos que les permiten apoyar la labor de la fuerza pública, de la justicia y desarrollar proyectos y programas que mejoren la convivencia ciudadana.

De otra parte, y correlacionado con la anterior situación, se ha difundido entre algunos integrantes de la fuerza pública una tendencia hacia la solidaridad corporativa que se inclina hacia el acatamiento preferencial de las orientaciones surgidas del interior de los mandos de las instituciones armadas, relegando así, de manera inconveniente, los mandatos de las autoridades administrativas locales, situación que entraba el desarrollo de las normas constitucionales y legales que disponen que los alcaldes y gobernadores son las primeras autoridades de policía y responsables del manejo del orden público.

De acuerdo con lo anterior y con base en la Política de Defensa y Seguridad Democrática se puede formular una directiva presidencia que amplié la política de seguridad ciudadana e involucre de manera activa a los gobernadores y alcaldes en el manejo de la misma. Para esto se cuenta con la Constitución y las leyes que les ordena cumplir con esta misión, y con algunos decretos presidenciales de 1993 que les dan instrumentos importantes, como son los consejos de seguridad, los comités de orden público y los fondos de seguridad.

Con estos instrumentos los alcaldes y gobernadores actuales y los que serán elegidos para el próximo periodo, tendrán que trabajar mes a mes con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control en la elaboración de un plan integral (preventivo y coercitivo) de seguridad departamental y municipal, deben asignar recursos para la financiación de dicho plan y hacer seguimientos mensuales de la evolución de la seguridad en sus jurisdicciones.

Para nadie es un secreto que en algunos entes territoriales existe la influencia administrativa de algunos grupos armados al margen de la ley (guerrillas y paramilitares). En estos casos, el Presidente, junto con el Ministerio de Defensa, deben definir las líneas de acción para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos de esos territorios.

Sería importante, que la Presidencia de la República o el Ministerio de Defensa contaran con delegados que asistan todos los meses a los consejos de seguridad departamentales y de las principales ciudades, de tal manera que el alto gobierno cuente con diagnósticos, planes de seguridad y con una información permanente, confiable y actualizada y que la política de seguridad a nivel territorial deje de ser reactiva y pase a ser preventiva y proactiva.

De esta manera, se podría evitar hechos de corrupción, como los conocidos en los últimos días, en la medida en que todas las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional tendrían información oportuna y de primera mano, se podrían prevenir sucesos de violencia y delincuencia y no tomar medidas a destiempo, después de que ya han sucedido y se evitaría que grupos al margen de la ley dominen territorios que luego hay que recuperar con mayor esfuerzo.

*Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
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