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Opinión

  • | 2017/08/08 14:19

    La Alcaldía de Cartagena: historia de una llaga que supura

    Un recorrido por la reciente historia distrital de Cartagena nos deja ver que el cáncer administrativo tiene raíces profundas.

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Cartagena es una gran llaga infectada. O, para hacerlo más gráfico, un conjunto de fístulas que supuran: donde se ponga el dedo, saldrá pus. El desangre presupuestal, producto del cáncer administrativo que hizo metástasis en las alcaldías de Nicolás Curi Vergara, Gabriel García Romero y Guillermo Paniza Ricardo, y los altos niveles de corrupción que la Fiscalía ha empezado a develar en los últimos días, fueron un lugar común en los gobiernos de Alberto Barboza, Judith Pinedo Flórez y Campo Elías Terán Dix. Todos, en menor o mayor grado, han tenido que responder ante la justicia por irregularidades durante sus respectivas administraciones. De estas, por supuesto, no se han salvado las de Dionisio Vélez Trujillo, que reemplazó a Terán Dix, ni la de Vicente ‘Manolo’ Duque, que sucedió a Vélez Trujillo.

La democratización de las alcaldías del país en 1988 fue un proyecto que buscaba, entre otros objetivos, darle autonomía a los municipios para que realizaran los trabajos propios de la administración sin tener que consultar al Gobierno central. Pero este hecho, que dejaba ver los avances democráticos del país, creó un monstruo que le ha extraído miles de millones de pesos al bolsillo de los contribuyentes, pues los intereses por alcanzar el primer empleo de los municipios y distritos le dieron vida a una lucha desigual donde los únicos beneficiados han sido las mismas castas familiares que, además de sustentar el poder económico, se alzaron con el político.

Nicolás Curi Vergara, quien fuera burgomaestre en tres oportunidades, se ha convertido en algo así como el referente de las malas administraciones en la Heroica. En agosto de 1999, durante su segunda alcaldía, el entonces gobernador de Bolívar, Miguel Raad, lo suspendió de sus funciones por orden del ente acusador, que encontró méritos para dictarle detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por irregularidades en ocho contratos firmados en menos de 24 horas para el reparcheo de varias avenidas principales de la ciudad. En el caso de la contratación del centro La Plazuela, una comisión de fiscales que hacía parte de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública encontró, también, irregularidades en los procesos de asignación de los contratos realizados por Curi Vergara.

Por los mismos hechos de La Plazuela, les fueron dictadas medidas de aseguramiento a los exalcaldes Guillermo Paniza (1995-1997) y Gabriel García Romero (1992-1994).Mientras que el primero fue cobijado con detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, al segundo se le impuso una medida de aseguramiento como “presunto responsable de peculado culposo” (El Tiempo, 25/07/1999). Tanto García Romero como Guillermo Paniza fueron los alcaldes que tuvieron en sus manos la construcción del nuevo Puente Heredia, que comunica a la ciudad Vieja con la nueva, y que le costó a los cartageneros una suma superior a los 2000 millones de pesos. Esa inversión, por supuesto, se perdió porque en la madrugada del 20 de junio de 1995 la placa central cedió y varias personas que pasaban en motocicletas terminaron en el caño que comunica los espejos de agua de la laguna de San Lázaro con la bahía.

Lo curioso de este hecho vino después, cuando en 2004 el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, negando la responsabilidad del distrito. No obstante, tres años después, un fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló que “en este caso sí es posible deducir la responsabilidad patrimonial del Distrito de Cartagena (…) por la defectuosa construcción de la obra pública”. Es decir, que la caída de la placa central del Puente Heredia se dio por causas intrínsecas de su construcción, que era responsabilidad absoluta de la Alcaldía distrital, encabeza del mandatario de entonces.

La llegada de Terán Dix al Palacio de la Aduana en 2012 hizo creer a muchos cartageneros que la pobreza de la ciudad sería en los siguientes cuatro años solo un recuerdo. La razón de aquel optimismo obedecía al trabajo social que había impulsado el locutor y periodista deportivo desde su Noticiero Popular en La Cariñosa de RCN, el cual lo había convertido en una especie de enlace confiable entre las autoridades distritales y las comunidades más oprimidas de la Heroica.

Pero esa creencia empezó a desvanecerse cuando a menos de seis meses de posesionado empezaron a correr rumores por los pasillos de la Alcaldía y las esquinas de la ciudad sobre un regalo que había recibido de sus patrocinadores políticos y que superaba los dos millones de dólares: una casa en uno de los barrios más costosos de Cartagena.

En octubre de ese mismo año, la Contraloría General de la Nación solicitó la suspensión inmediata del alcalde y tres de sus funcionarios por un detrimento patrimonial que superaba los 6.000 millones de pesos. El desfalco, según el ente de control, se dio en un contrato que realizó la Secretaría de Educación Distrital y la empresa de servicios Chemical Products, donde se falsificaron planillas de cobro que luego fueron pagadas sin que se tuvieran en cuenta las irregularidades del contrato. A esto se le agregaron otras irregularidades en el nombramiento de personal en el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADI, que afectó considerablemente las finanzas de la ciudad.

En septiembre de 2016, la Contraloría le abrió al exalcalde Vélez Trujillo una investigación por un préstamo 6.800 millones de pesos que su administración adquirió con la banca comercial y cuya tasa de interés se desconoce. La investigación en contra del exalcalde Vélez continúa abierta y la deuda del abultado préstamo sigue afectando profundamente las arcas del distrito.

De ahí que lo que está pasando con el alcalde destituido Manuel Vicente Duque no es más que la prolongación de un mal enquistado en lo más profundo del corazón administrativo de la ciudad Heroica. El déficit, por ejemplo, de una institución como la Universidad de Cartagena está hoy por encima de los 30.000 millones de pesos y el nombramiento de muchos de sus docentes y directivos es tan irregular como los contratos suscritos por el distrito (leer las dos columnas tituladas ‘Así se roban la Universidad de Cartagena‘). De manera que, como dicen los abuelos, “entre el diablo y escoja” porque la corrupción develada por la Fiscalía General de la Nación en la administración distrital es apenas la punta de un gigantesco iceberg que no tiene nada que envidiarle al imponente One World Trade Center de Nueva York. Es decir, se alcanza a ver desde cualquier punto de la ciudad.

En Twitter: @joaquinroblesza
E-mail: robleszabala@gmail.com

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