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Opinión

  • | 2008/06/15 00:00

    Alcaldía de Medellín replica columna

    La Alcaldía de Medellín hizo llegar a Semana.com correcciones sobre lo publicado sobre el desastre sucedido en el barrio El Socorro el pasado 31 de mayo. Aquí expongo sus precisiones y explico mis razones.

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Medellín es una ciudad de grandes transformaciones que se han venido consolidando a través de los años, gracias a la gestión de sus administradores, al compromiso de la empresa privada y al aporte de las comunidades. Asuntos como el desarrollo urbano, la inversión social y la reducción de los índices de violencia son factores que vienen incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida.

No obstante, la capital antioqueña aún tiene graves problemas sociales que no se deben soslayar; por eso, aquellos que observamos la ciudad desde diversos ángulos y de manera crítica consideramos que hay razones para referirnos a esas dificultades de manera sana y constructiva, coherente con los postulados de la democracia y respetuosa del orden institucional.

Bajo esa perspectiva escribí recientemente la columna de opinión ¿Quién responde por la tragedia de Medellín? publicada desde el pasado lunes 9 de junio en Semana.com y en la cual abordé la tragedia ocurrida el sábado 31 de mayo en el barrio El Socorro, que ocasionó la muerte de 28 personas desde un ángulo específico: la responsabilidad política que podría desprenderse de ese doloroso hecho, para lo cual apelé a diversos documentos y a conversaciones con diversas fuentes conocedoras del tema.

La Alcaldía de Medellín, envió una carta a la Dirección de Semana.com en la que hace algunas precisiones al respecto.

Inicialmente, cita información de la Oficina del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres (Simpad), que llama la atención sobre dos aspectos concretos: uno, que las llamadas hechas al 123, número único de prevención, emergencia y seguridad, referenciadas con las fichas números 13998 del 23 de marzo de 2003 y 14774 del 20 de mayo, reportaron problemas en la carrera 103ª No. 47B 30, que, según la Alcaldía “no tiene nada que ver con el lugar de la tragedia”.

“La avalancha, de más de dieciocho mil metros cúbicos, compuesta no solo de escombros, se soltó de una ladera que está por debajo de la calle 48BB a la altura del número No. 108-28 y cayó a lo largo de la calle 48 CC con 103B, a más de quinientos metros, y en otra minicuenca, relativamente lejana de la señalada por el articulista”, precisa la carta.

Indica, además, que en años recientes realizó dos visitas a casas de la zona del desastre, una por un árbol caído, referencia No. 7167, 20 de junio de 2006, y otra por inundación de la quebrada la Bolillala, No. 6342, 10 mayo de 2006. “Ninguno de los habitantes de las casas afectadas en la tragedia solicitó visita al SIMPAD en años recientes”.

El segundo aspecto tiene que ver con la afirmación relacionada con un depósito de escombros ubicado en la parte superior de la zona de la tragedia, “que venía siendo explotado ilegalmente desde hacía cuatro años”, según lo afirmé y que junto al exceso de lluvias y acumulación de aguas “generó un movimiento de tierra de grandes proporciones que provocó el deslizamiento y arrasó con todo a su paso”.

Al respecto, el Simpad aclara que el lugar fue cerrado en octubre de 2003: “Así se constata en el oficio INS 136351 de noviembre 5 de 2003 firmado por Adriana Lucia Suárez Grajales, Inspectora 13 de Policía Urbana. Desde esa fecha nunca más se volvió a recibir observación alguna sobre la escombrera”.

No obstante las precisiones del Simpad, es importante recalcar que las versiones de la comunidad y de organismos de vigilancia y control como la Personería de Medellín muestran otra realidad sobre lo ocurrido.

Una carta enviada al alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por el edil de la junta administradora local de la comuna 13, Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, radicada el 9 de junio, señala lo siguiente: “realicé una llamada a la línea 123 el día jueves 29 de mayo de 2008, entre las 11 y 11:30 de la mañana (...) y reporté un evento de tres que tenía para reportar”.

Continúa la carta: “a los dos minutos de realizar la llamada al 123, recibí una llamada del señor Andrés Gómez, funcionario del Simpad, para corroborar la información. Le notifiqué que tenía dos eventos más que reportarle, entre ellos uno de la carrera 103A, número 47B-30, del barrio El Socorro, por deslizamiento de una parte de la ladera; el funcionario Gómez me informó que ya había una ficha en esa dirección, que era la 14774”.

Esa ficha es la misma que descarta el Simpad, pero para el edil y la comunidad se debió atender la alerta: “¿si había una ficha técnica de visita por qué no revisaron el nivel de riesgo del deslizamiento en la ladera y sus alrededores?”, se le pregunta al Alcalde.

Para la comunidad de El Socorro es claro que las alertas tenían que ver con toda la zona de influencia de la escombrera que generó el desastre. No se trata de especificar si las primeras alarmas se dieron desde el mismo sitio de la tragedia. Lo que debe señalarse es que habitantes del barrio llamaron la atención de los organismos de prevención sobre posibles deslizamientos y, según ellos, no hubo atención oportuna.

En cuanto al depósito de escombros, el Simpad tiene la razón en precisar que fue cerrado en octubre de 2003, pero es controvertible la afirmación “desde esa fecha nunca más se volvió a recibir observación alguna sobre la escombrera” teniendo en cuenta la decisión tomada por el mismo Alcalde de denunciar penalmente a quien venía explotando clandestinamente el sitio.

Al Simpad también lo controvierte la comunidad: “los depósitos se hacían en las horas de la noche y cobraban 30.000 pesos por volqueta, pero nadie denuncia por miedo”, cuenta un líder comunal.

La Personería de Medellín llamó la atención en un informe preliminar al respecto sobre la falta de controles posteriores al cierre oficial del depósito: “a ningún funcionario o funcionaria o particular se le ocurrió solicitar la realización de un estudio o visita técnica con el fin de establecer el posible riesgo creado con la existencia de la plurimencionada escombrera”. Del asunto también conocían la Policía Nacional y el Área Metropolitana, autoridad ambiental de Medellín y el Valle de Aburrá.

El tema fue debatido en el Concejo de Medellín el lunes 9 de junio. En la sesión, un dolido edil de la comuna 13 fue claro: “era un desastre previsible técnicamente, que se le venía anunciando a la administración municipal por parte de la comunidad”.

Por ello sostuve, y aún sostengo, que además de la responsabilidad penal debe haber responsabilidad política en esta tragedia, es lo menos que se puede esperar.



(*) Periodista y profesor universitario

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