Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2016/04/29 15:51

El realismo mágico del posconflicto

Hay que ponerle una cifra sensata y responsable a la implementación del acuerdo de paz.

Alfonso Cuéllar.

El 20 de abril de 2010 se produjo un accidente en el pozo Macondo en el golfo de México. Murieron 11 trabajadores y hubo un derrame de crudo y gas metano en el océano que duró 87 días. El desastre industrial y ambiental le costaría miles de millones de dólares a la BP, operadora de la plataforma petrolera y dueña mayoritaria de las reservas de hidrocarburos. La empresa, que en enero de 2010 había logrado superar en el valor de mercado a su histórico rival Shell, en junio luchaba para sobrevivir.

Cada semana se anunciaba una nueva baja de nota de las agencias calificadoras de riesgo. La acción pasó de cotizarse de 5.17£ el 28 de mayo de 2010 a 3.40£ el 16 de junio (una reducción del 65 por ciento). La caída libre era impulsada por dos factores: la incapacidad de BP de tapar la fuga de crudo del pozo y la especulación sobre cuánto costarían las eventuales demandas legales. Circularon cifras astronómicas y muchos dudaron de que la empresa tuviera suficientes fondos para cubrir lo que venía. Incluso un respetado banquero de inversión predijo que BP se declararía en bancarrota al final de mes.

Todo comenzó a cambiar el 16 de junio. Después de una reunión en la Casa Blanca, los ejecutivos de la compañía anunciaron la creación de un fondo de compensación de $20.000 millones dólares para las víctimas del derrame. Si bien la acción de BP tuvo sus altibajos mientras se resolvía el problema operacional - el 15 de julio cesó la fuga-, la decisión de ponerle un techo a las expectativas fue fundamental. La cifra, eventualmente, tranquilizó a los mercados y a los accionistas. Ya no era un barril sin fondo. Era complicado pero más manejable. (En octubre de 2015 BP llegó a un acuerdo con las autoridades federales, estatales y locales para pagar un total de $20.8 mil millones de dólares por los daños en un plazo de 18 años).

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos enfrenta un dilema similar con el posconflicto. Hay un consenso general de que el costo va ser alto, pero las estimaciones son muy variadas, tanto en recursos como en tiempo. El ex ministro Juan Camilo Restrepo considera que sólo el gasto rural será entre 80 y 100 billones de pesos. Congresistas, encabezados por el senador Roy Barreras - hoy nuevo flamante miembro de la mesa de negociaciones en La Habana- hablan de 90 a 110 billones de pesos para implementar el acuerdo. Algunos gobiernos extranjeros y entidades internacionales han hecho cálculos privados que superan los 100.000 millones de dólares para los próximos 10 a 15 años.

Otros han tasado en $54 billones de pesos la reparación de víctimas. El Tiempo dijo recientemente que la Jurisdicción Especial para la Paz podría estar alrededor de los dos billones de pesos. Según la Contraloría General de la República, la desmovilización de los guerrilleros de las FARC costaría hasta 2.7 billones de pesos. Y hasta alias Iván Márquez se ha sumado a la danza de los millones. En entrevistas no baja de los 40 a 50 billones como la cuota de inversión que esperan del Estado.

El gobierno ha sido más parco. Rafael Pardo, quien oficialmente es la cabeza del Estado para el posconflicto, no se ha querido comprometer con una cifra. Lo que sí insiste es que será un proceso largo y complejo que durará varios años.

Entiendo la reticencia a ser precisos. La avaricia de las FARC no tiene límites; seguro pedirán que la cifra quede en el texto. Creo, sin embargo, que la ausencia de un estimado sensato y oficial ha sido y es altamente perjudicial para la confianza en el proceso. Todo se convirtió en posconflicto. Cualquier inversión, cualquier política se suma a la caja registradora. No sólo no es sano, es una falacia.

Es crítico separar los gastos directos  - desmovilización, reinserción, inversiones puntuales y de emergencia en los 170 a 200 municipios más vulnerables por el conflicto- de los nacionales (infraestructura, transferencias de salud y educación) que son parte esencial del presupuesto nacional.

No hay peor cáncer para una economía que la incertidumbre. Sé que no es fácil para el Presidente jugársela con una cifra - menos aun cuando en el gobierno hay por lo menos cuatro planes (el de Pardo, el del Alto Comisionado de Paz, el de la Policía, el del Ministerio de Defensa) sin contar con los de los sabios internacionales- pero el statu quo es peor. La BP tampoco la tenía tan clara. Dicen que se vio obligada por la presión política del Presidente Obama. Pero funcionó.

Al igual que una empresa, los recursos del Estado son limitados. Pongamos fin al realismo mágico del posconflicto.

En Twitter Fonzi65

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