Salud bolivariana

Una de las consecuencias de la necesaria internacionalización de Colombia es que la implementación de la política exterior no se limita a la Cancillería. Ministerios como el de Comercio –por los TLCs– y Defensa –por ser encargado de la protección de nuestras fronteras y de la seguridad territorial- juegan un rol esencial en la interacción del gobierno con otros estados. Ese papel, sin embargo, debe estar supeditado a los lineamientos de política internacional del país, cuyo responsable institucional es la Cancillería.

Infortunadamente, no siempre ocurre así. A los ministros de turno, no sólo de esas carteras sino prácticamente todo el gabinete, les da "cancilleritis", un mal diagnosticado como el deseo consciente o inconsciente de dirigir las relaciones de Colombia aunque sea por un día. La enfermedad afecta también a sus subalternos que en escenarios internacionales, a veces, improvisan.

No le queda fácil a la Cancillería estar pendiente de cada actuación de un funcionario colombiano en comisión. Es como arrear ganado. En serio.

Uno de los mayores riesgos de esta diversificación de temas y actores es que por estar en todo, se pierda, además del norte, la piedra angular de una política exterior: la promoción y defensa de la soberanía y los intereses nacionales, cuyo principio rector es la autonomía en la toma de decisiones. Es una regla "sine qua non" no delegar decisiones de política interna a terceros. Y menos a organismos multilaterales hostiles como Unasur.

Increíblemente, el gobierno colombiano acaba de romper ese precepto. En momentos en los que el país entero condenaba la falta de imparcialidad de Unasur frente a los abusos venezolanos en la frontera, al mismo tiempo la administración Santos le cedía a los miembros de ese organismo la facultad decisoria en un campo crítico de política pública.

El 11 de septiembre se reunieron en Montevideo los ministros y viceministros del consejo de salud de Unasur. Allí acordaron entregarle a un comité ad hoc la política de medicamentos de cada uno de sus países. El acuerdo, que es de obligatorio cumplimiento, le delega la negociación de precios a este comité supranacional. En el artículo 4, prohíbe negociaciones separadas de los países con los fabricantes. Sorprende que Colombia, representada por el Ministerio de Salud, se haya prestado para semejante renuncia de soberanía.

En otras palabras, la decisión sobre qué medicamentos de alto costo podrán adquirir los colombianos dependerá de los caprichos de Maduro, Correa, Morales y Kirchner, entre otros.

Unasur no es precisamente amiga de Colombia. Desde su creación, el gobierno colombiano siempre la miró con recelo. Sabía que allí sería minoría; a diferencia de varios de sus homólogos, Colombia mantiene relaciones amistosas con Estados Unidos. Pero bajo la consigna de que es mejor estar que ver los toros desde la barrera, Colombia se adhirió a Unasur. Su objetivo, sin embargo, no era lograr consensos –un imposible dada las posiciones ideológicas de muchos miembros– si no evitar con su presencia las barbaridades de los otros.

No podemos tener dos políticas exteriores en Unasur: una manejada con pinzas por la Cancillería y otra que facilita y apoya la intromisión de gobiernos antagónicos en la formulación de nuestras políticas públicas.

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