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Opinión

  • | 2015/09/12 09:15

    Demócratas de fachada

    Como Nicolás Maduro, Rafael Correa, otro discípulo chavista, desprecia la libertad de prensa.

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En su libro The Dictator’s Learning Curve (La curva de aprendizaje del dictador), el periodista William J. Dobson resalta como los gobernantes autoritarios de este siglo XXI no son como los de antes. Son mucho más sensibles al qué dirán, especialmente en el exterior. Han comprendido que desaparecer a miles de personas, disparar y asesinar a decenas de manifestantes y otros métodos represivos de antaño no es tan bien visto en 2015. Que hay otras maneras, igual o tal vez mejores, para garantizar el poder a la perpetuidad.

Hábilmente se han aprovechado de una percepción generalizada de que la única condición para ser reconocido como un demócrata es ganando unas elecciones pseudo-libres. Nada más. Con el sello de legitimidad de esa victoria, proceden a desmantelar y mermar los poderes e instituciones que podrían atravesarse a sus planes hegemónicos. Dos, en particular, son blancos predilectos: la justicia y la prensa. La primera se politiza y coopta; la segunda, se intimida y aísla. No hay necesidad de saltarse la ley o aplicar medidas extra-judiciales o declarar estados de excepción. Los tribunales hacen el trabajo que antes se le asignaba a las fuerzas de seguridad, con el mismo fin: el debilitamiento y la emasculación de sus opositores.

Vladimir Putin, por ejemplo, logró que la justicia rusa encarcelara y condenara al dueño de la petrolera Yukos, Mikhail Khodorkovsky, quien era considerado un rival de peso a sus aspiraciones por volverse el hombre fuerte de Rusia. Es la misma fórmula que la Venezuela chavista le acaba de propinar a Leopoldo López el jueves pasado. La impunidad con que operan los jueces y dirigentes del régimen bolivariano no es de ayer; mas bien nace de una estrategia maquiavélica sustentada en restringir la libertad de expresión. En otras épocas, esto implicaba el cierre de medios de comunicación por edicto presidencial y la imposición de la censura oficial.

Los “dictablandos”, modelo de estos años 2000, han encontrado un método más efectivo y menos costoso para amedrantar a la prensa. Es sencillo y contundente. El primer paso es transformar al periodista o al medio en el enemigo del pueblo. Esto se logra con la repetición. Una y otra vez, se le expone a las masas –en vivo y directo por los órganos oficiales de comunicación– sus presuntos delitos contra el bienestar de la Nación. Luego se utilizan las mayorías parlamentarias para emitir leyes aparentemente inocuas que buscan proteger el buen nombre y la intimidad de las personas de publicaciones irresponsables, pero que en la práctica son espadas de Damocles sobre los comunicadores y sus jefes: los dueños. El objetivo es diáfano: la autocensura.

Tal vez no hay mejor discípulo de esta práctica que Rafael Correa, que la ha convertido casi en un arte. El caso del columnista y periodista ecuatoriano Martín Pallares es emblemático. Correa, en sus alocuciones sabatinas, lo ha calificado de "enfermo", "sicario de tintas", "desquiciado" y "chiflado" en repetidas ocaciones. Con foto incluida. Y el delito de Pallares para ser blanco de la furia del mandatario: criticar los abusos de poder (como cuando Correa se bajó de su caravana para incriminar a un joven), gastos suntuarios del presidente y ambiciones desmedidas (como todos sus similares, busca la reelección indefinida).

Durante años Pallares tuvo el apoyo de El Comercio, el medio donde se destacó como uno de los periodistas más independientes. En enero el diario cambió de dueño. Un hecho que fue bien recibido por el gobierno. A los pocos meses las nuevas directivas le pidieron a Pallares bajarle el tono a las críticas que hacía desde las redes sociales. Decían temer ser multados bajo la ley de comunicaciones, una norma que haría sentir orgullosas a las dictaduras militares del Cono Sur.

Pallares rehusó, al fin a cabo las redes son hoy una herramienta más del periodismo. Hace unas semanas, Pallares criticó por Twitter la decisión del gobierno de censurar las informaciones sobre el volcán Cotopaxi y la suspensión de la visa de la académica y periodista Manuela Picq. Allí fue Troya. Las directivas lo despidieron por violar el manual de buena conducta de las redes. Excusa floja.  

Con la salida de Pallares, ganó Correa, mas no Ecuador ni El Comercio que se quedó sin un periodista que de verdad aplica lo que predica: prefirió quedar sin puesto que renunciar a su derecho a opinar.  
El trato a Pallares no es excepcional sino sintomático de cómo piensan estos gobiernos democráticos en la fachada y autoritarios en su núcleo.
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